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Mesas de trabajo: Reforma Laboral para Todos. Justicia para el Desarrollo. 12 de marzo de 2019

 

MESAS DE TRABAJO: REFORMA LABORAL PARA TODOS. JUSTICIA PARA EL DESARROLLO.

Martes 12 de marzo de 2019

Mesa 1.

Libertad y democracia sindical

Moderadora: Inés González. Fundación Friedrich Ebert.

Enrique Fabela, Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana- Unión Nacional de Trabajadores.

Se ha llevado a cabo un seguimiento sobre los procesos de la reforma laboral en los que se requiere fortalecimiento y dejar claras las posiciones a partir del nuevo escenario político que vive el país y de la nueva composición en la Cámara de Diputados, temas que sean retomados por Morena construidos a partir de la lucha sindical.

La democracia sindical se manifiesta a través de la elección de los representantes y la consulta democrática en la firma del contrato colectivo. Los trabajadores tienen que tener la libertad de decidir qué sindicato quieren que los represente cuando hay más de un sindicato en su centro laboral.

Se requiere apoyo sobre la decisión de los trabajadores para hacer valer la democracia sindical. El gobierno solo velará el marco jurídico, respetando la autonomía sindical para que los trabajadores ejerzan su derecho. Los trabajadores son los responsables de democratizar sus sindicatos.

La ratificación del convenio 98 sobre contratación colectiva no sirve si los trabajadores no son protagonistas de sus procesos laborales.

 

Ismael Lizárraga, abogado especialista en materia laboral, Plataforma digital “Enfoque laboral mx”.

Propuesta para la creación e integración de la figura denominada “Oficial de cumplimiento en materia laboral” dentro de la Ley Federal del Trabajo.

* Ver documento en Anexos

Se establecen normas o procedimientos que deben cumplimentarse pero esto no ha sido efectivo ya que no se ha generado coerción para las partes sujetas a las normas; existe simulación y aprovechamiento de las partes implicadas.

Velar por el debido cumplimiento de las normas en derecho laboral.

 

Magistrado Héctor Arturo Mercado López

La ley solo debe ser el marco normativo que facilite el ejercicio de los derechos laborales y a eso debe atender el marco normativo que se construya.

Se tiene que generar un mecanismo que prohíba la práctica de “subcontratación suministro de trabajadores” debido a que dicha contratación disminuye y limita las sus condiciones laborales. Propone comulgar con la estabilidad laboral para el pleno ejercicio de la democracia sindical.

El registro sindical solo debe tener un aspecto publicitario que confirme la existencia de un ente real, pero solo eso. Los dos proyectos de reforma presentados coindicen en que el registro del sindicato debe producir efecto ante todas las autoridades y considera que es un error porque se le deposita el Estado mexicano el control del movimiento sindical para decidir quién es sindicato y quién no.  Propone que la Constancia de solicitud de registro presentada, produzca efectos ante todas las autoridades de manera inmediata, ya que de esta forma, aunque el registro no esté dado, las negociaciones pueden iniciar con el patrón así como todos los procedimientos laborales derivados de la misma.

 

Pablo Franco Hernández, Doctor en Derecho Laboral

El registro previo de la organización sindical constituye una autorización previa para funcionar, lo que contradice expresamente el contenido del convenio 87 de la OIT sobre libertad sindical, la autorización representa un bloqueo, por lo que se aspira a un mecanismo donde no sea necesario el registro.

La democracia en el ámbito sindical no se dará como un elemento de generación espontánea, por lo que se deben generar prácticas democráticas para dotar de poder a los trabajadores en el pleno ejercicio de sus derechos y debatir temas como: elección de representantes, contratación colectiva, control absoluto de sindicatos en las decisiones de los trabajadores, etc.

Propone la aprobación de la iniciativa de Morena tal y como se encuentra plasmada, para que posteriormente, se promueva el debate y la discusión sobre temas específicos. Aprobar la iniciativa implicaría terminar con la incertidumbre en materia de trabajo y sistema de justicia.

 

  1. Artículos transitorios y tiempos para realizar la reforma laboral.

Humberto Flores Salas y Ramón Antonio López, Foro Laboral de Chihuahua

Establecimiento de criterios claros sobre los tiempos de entrada en vigor de la reforma a la Ley Federal del Trabajo e inicio de funciones para los nuevos Centros. Las nuevas juntas deben capacitarse para que se aplique la ley correctamente. Funcionarios de las nuevas juntas deberán tener claridad e imparcialidad. Los nuevos tribunales deberán ser evaluados y ejercer de forma correcta.

El Artículo octavo transitorio se convierte en un obstáculo. Es necesario modificar transitorios para establecer y armonizar el inicio de vigencia de ley y de tribunales.

 

Magistrado Héctor Arturo Mercado López

Diseño equivocado de transitorios complicará la instrumentación de la reforma. Se señala entrada en vigor de la ley al día posterior de su publicación a efecto de cumplir con compromiso internacional.

No es lo mismo la entrada en vigor de la ley que la entrada en funcionamiento, ya que dicha Ley modifica el mundo del derecho colectivo y genera instituciones que deben vigilar el cumplimiento de derechos.

Generación de una ruta crítica para la entrada en funcionamiento de las instituciones a partir de las condiciones objetivas que se viven en el país, la ruta crítica debe reconocer: 1) presupuesto (debe haber presupuesto porque van a seguir existiendo las juntas de conciliación y arbitraje) para la construcción de instituciones federales y locales para que entren en funcionamiento, atención a expedientes y trabajadores de las mismas (abandono presupuestal), de aquí parte el desarrollo de siguientes pasos, 2) nuevo sistema de justicia laboral ya que no existen centros de capacitación en materia de derecho laboral con análisis profundo, serio y riguroso; no existen laboralistas suficientes que puedan hacerse cargo de dicha reforma (localizarles y capacitarles).

Realización de un estudio de prospectiva para determinar cuántos especialistas se necesitarán (materia laboral) así como de la generación de instalaciones adecuadas que se ejerzan correctamente las funciones encomendadas.

Creación de un sistema digital que permita dar servicio a todo el sistema, capacitación de no menos de 2 años para jueces y trabajadores así como instalación de foros.  

 

Conclusiones y reflexiones:

Yadira Ferreira, Sindicato independiente del STCMetro

Existen sindicatos que tienen claro lo que es la democracia sindical y la están respetando, pero la libertad sindical es una utopía debido a las presiones políticas y sociales que siguen existiendo dentro de los sindicatos corporativistas y a la par del control del gobierno federal y local.

Se tiene que trabajar para que no queden interpretaciones libres a la ley, ya que de esto se siguen colgando algunos sindicatos; que no se quede en letras y se ejerza a diario.

 

Magistrado Héctor Arturo Mercado López

La inspección en materia laboral es clave ya que la injerencia la deben ejercer los sindicatos. La inspección del trabajo es una autoridad que va a vigilar el cumplimiento de la ley; los inspectores deben gozar de mayor facultad y tener mayor nivel de preparación (profesional), el fortalecimiento de inspección e inspectores de alto nivel es clave en el fortalecimiento del mundo sindical.

Mesa 2

  1. Procedimientos laboral, individual, colectivo y especiales.

Moderador: Alfonso Bouzas. Observatorio Ciudadano de la Reforma Laboral.

Relator: Edgar Ruiz, Consultor Independiente.

Intervenciones

Magistrada María del Rosario Jiménez Moles

Hace una síntesis del nuevo proceso a implementarse en el sistema de justicia en materia laboral, identificando la predominancia de la conciliación y el procedimiento oral en este nuevo sistema. El punto crítico para su correcta implementación lo identifica en el millón de juicios que actualmente tienen las JCA tanto federales como locales. Como propuesta afirma que se debería asignar presupuesto simultáneamente al cierre y la apertura de los nuevos Tribunales Laborales y las instancias conciliatorias. 

Para hacer viable esta transición se requiere disminuir el número de asuntos que aún no son resueltos en las JCA. La propuesta gira en torno a la eliminación de juicios que ya se encuentran efectivamente perdidos o ganados pero que carecen de fundamentos para sustanciarse. De esta manera, calcula que se reducirían la cantidad de asuntos un 40 por ciento.

Para continuar con esta tendencia, propone que el nuevo sistema de justicia laboral cuente con conciliadores y mediadores preparados para que no todos los asuntos lleguen a juicio y sean solventados en esta instancia previa. Afirma que lo ideal sea el caso chileno en donde es el juez quien tiene conocimiento de todos los detalles del proceso y lleva la instancia de conciliación, pero eso requeriría una reforma constitucional.

Luis Felipe Briseño, Director de la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro A.C.

Declara que falta precisar el procedimiento especial para temas relacionados con la seguridad social, pues alrededor de 55 por ciento de los asuntos en las JCA son de esta naturaleza. La importancia radica en que estos asuntos pueden ser resueltos en una sola audiencia después de su publicación para identificar a terceros interesados, de manera en la que se reduce el tiempo de resolución en casos de declaración de beneficiarios, pensiones derivadas y conflictos compuestos.

Para el caso de planes privados de pensiones no registradas ni autorizadas, propone que sean desahogados por la vía administrativa pues actualmente no existe una homologación con la Consar.

Julio César Pares García, Catedrático del ITESO.

A partir de la saturación de las JCA propone que se cree una figura de entes privados que ayuden al Estado en la inspección laboral de manera que se consiga su profesionalización. Afirma que esta figura ya existe en materia financiera y de seguridad social con el oficial de cumplimiento en prevención de lavado de dinero y los contadores dictaminadores, que son figuras certificadas y autofinanciadas que asisten a los sistemas de impartición de justicia.

Ramón  Antonio López, Catedrático de Chihuahua

Discutir el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo en cuanto al despido de trabajadores. Afirma que las micro, pequeñas y medianas empresas se encuentran desprovistas de mecanismos para afrontar la presunción de separación injustificada por falta de aviso al trabajador o trabajadora.

Propone al respecto la creación de “campañas de orientación y prevención de conflictos laborales” que provean los mecanismos legales y conciliatorios con los que cuentan las grandes empresas. De igual forma, propone que se acepte la simplificación de los proceso de aviso de separación de la persona trabajadora para aceptar los medios electrónicos como válidos.

Alberto Ramírez García, Litigante.

Propone que las personas trabajadoras presenten sus pruebas al mismo tiempo que su escrito de demanda. De igual forma busca el rescate de los principios laborales para mantener el pago máximo de salarios caídos, la regulación de outsourcing y la finalidad social de la materia.

Jorge Domingo Viveros Reyes, Abogado laboralista.

Identifica en las iniciativas propuestas por el grupo parlamentario de Morena y por la Unión Nacional de Trabajadores en la etapa de conciliación, una forma para hacer más largo aún los procesos en materia laboral, al añadir 45 días previos al inicio del juicio.

De igual forma, afirma que es contraproducente la redacción de los artículos 15, 15A y 15B pues no restringen los procesos de subcontratación a posiciones temporales y de niveles profesionales.

 

MESA 3.

6. Visión de Género

Moderadora: Alma Clarisa Rico, Grupo de Trabajo, Género y Sindicatos.

Ismael Lizárraga, abogado especialista en materia laboral, Plataforma digital “Enfoque laboral mx”.

Incorporar dentro de la legislación una figura denominada “oficial de cumplimiento en materia de trabajo” que sirva como auxiliar del Estado para el debido cumplimiento de las disposiciones en materia de trabajo que buscaría especialistas a través de un Instituto que brinde dichas capacitaciones de forma idónea.

Generar apertura incorporando la figura del “oficial de cumplimiento en materia de trabajo” en la Ley Federal del Trabajo. Convocatorias abiertas a través de un examen especializado para que posteriormente se instaure un Instituto que se encargue de capacitar a dichos empleados anualmente, acotando que sean especialistas y cumplan con requisitos indispensables. 

Creación de un Instituto Nacional de Certificación en Materia de Trabajo mediante el cual, se obligue al patrón a inscribir dentro del Régimen de Seguridad Social a la mujer.

 

Gustavo Flores, estudiante de la UNAM (en exposición de ponencia de la Lic. Elizabeth Montaño Archundia)

La violencia que sufren las mujeres es alarmante, siendo México uno de los países más violentos hacia las mismas y en la que se incluye, la violencia laboral.

Propuesta a iniciativa de Morena en: Inciso A) considerar que es de interés social garantizar un ambiente libre de violencia a través del establecimiento de convenios y contratos colectivos de trabajo que deben comprometer a ambas partes (patrón y sindicato) a fomentar un ambiente libre de violencia hacia las mujeres. Patrón y sindicato desarrollarán cursos y talleres en formación de derechos humanos para promover equidad, igualdad y derechos con perspectiva de género y así contribuir a disminuir las cifras en violencia de género.

Garantizar el libre acceso a guarderías, por lo que debe establecer la responsabilidad efectiva del Estado sobre el servicio de guarderías, cancelando guarderías subrogadas para que cuenten con servicios de guardería seguros y accesibles. Lo anterior debe contener desarrollo humano para todos y todas sin distinción de sexo y con igualdad de oportunidades.

María Teresa Guerra, Abogada Sinaloa

Reformar el artículo 154 de la LFT para incorporar el género como derecho de preferencia y como acción afirmativa debido al relego histórico y en cuestión de género.

Reforma al Art. 48  de la LFT para determinar como despido injustificado el despido por causa de embarazo.

Reforma al Art. 365 de la LFT para establecer como indispensable la paridad de género dentro de las dirigencias sindicales.

Reforma al Art. 366 a efecto de negar el registro sindical cuando no se respete la paridad de género.

Reforma al Art. 164 de la LFT para establecer que el empleador que no respete igualdad de oportunidades será sujeto de sanciones, evitando así la publicación de convocatorias por género a partir de multas económicas.

Reforma al Art. 170 de la LFT sobre licencia por maternidad y en la cual también deben incorporarse licencias de paternidad con opción de extensión y optativa con salario.

Reforma al Art. 151 referente al derecho a las guarderías el cual también debe ser un derecho de padres.

Reforma al Art. 104 mediante el cual se establezcan multas para que el empleador que pague menos a mujeres o discrimine, pueda ser multado. Requisito como “integración paritaria”.

Reforma al Art. 15 sobre el tema de outsourcing y el empobrecimiento que éste genera.

Incorporación de unidades de género en Instancias de justicia laboral así como la integración de un recuento estadístico en razón de género.

 

Alma Clarisa Rico, Grupo de Trabajo. Género y Sindicatos.

Inclusión de derechos laborales y todos aquellos incluidos dentro de los Convenios Internacionales de los que México es parte, así como salario de igual valor dentro de los ingresos de las mujeres.

Eliminación de estereotipos de género.

Referencia al “valor del trabajo” en el que se debe corresponder “salario igual”.

Retomar el Convenio en materia de “violencia laboral” para mejorar la definición de la misma en la Ley Federal del Trabajo ya que actualmente no es eficaz.

 

Carmen Ponce Meléndez, Economista

Incluir dentro de la discusión a la reforma a la Ley Federal del Trabajo, en específico al Art. 15 de la misma, la “dimensión de la tercerización feminizada” a efecto de decidir si ésta se elimina o se modifica.

 

  1. Centros de Conciliación

Enrique Fabela, Sindicato de Telefonistas y de la UNT

Constitución de Centros de Conciliación locales y federales en donde se consiga la homologación en su funcionamiento con facultades jurisdiccionales y en abierto desacato a la Constitución por ser una Ley máxima, u homologar la temática.

Procedimiento de conciliación prejudicial, que se establece mediante procedimiento sencillo y rápido para facilitar arreglos conciliatorios sin afectar derechos adquiridos ni debilitarles procesalmente y sin invadir materia colectiva ante tribunales.

Transición del servicio público del registro de los contratos colectivos para que se operen cuando se instale el Centro Nacional de Conciliación y Registros Laborales.

Respeto a los derechos de los trabajadores (recontratación y capacitación) de las Juntas, priorizando la eliminación de la corrupción existente.

 

Inés González, Fundación Friedrich Ebert

La TERNA que el Presidente de la República envié al Senado de la República para la elección del o la Directora General que estará al frente del Centro Federal de Conciliación y Registros Laborales, debe al menos ser integrada por el nombre de una mujer.

La estructura organizativa del Centro Federal de Conciliación y Registros Laborales, tendrá que contar con la “paridad de género”, para que mujeres y hombres que conformen dicho Órgano ocupen cargos de decisión.

Las y los integrantes que conformen el Centro Federal de Conciliación y Registros Laborales, deberán capacitarse en perspectiva de género y en derechos humanos, previo y durante su toma de posesión.

Los conflictos de violencia laboral y acoso sexual, deberán estar excentos de pasar por el proceso de “conciliación” obligatoria, porque implicaría revictimizar a la persona violentada, a excepción de que la víctima tome la decisión de pasar por la conciliación.

La conciliación deberá concebir como principio la estabilidad laboral y el derecho al trabajo, romper con el sentido meramente económico.

 

  1. Pasos posteriores de la Reforma Laboral

Magistrado Héctor Arturo Mercado López

Elaboración de “Ruta crítica” mediante la cual se determine el tiempo que deberá tomarse para la ejecución de la reforma laboral.

Establecimiento de juntas de coordinación (Comisión) para unir a los 4 poderes involucrados y determinar así los procesos de ejecución y puesta en marcha de la reforma. Unificación de criterios para establecer los retos mediante los cuales se enfrentará la reforma laboral.

Creación de un gran Centro de Capacitación Laboral a nivel Nacional que capacite a jueces, conciliadores, instructores (trabajadores de las Juntas).

Instalaciones adecuadas para el adecuado ejercicio de justicia laboral.

Promover la existencia de un artículo transitorio en el que se determinen las materias a discutir a partir de la aprobación de dicha Reforma.

 

Mesa 4

Temas involucrados:

3) Celebración del primer contrato colectivo, revisión y contratos colectivos sin actividad.

4) Procedimiento de conciliación y excepciones al mismo.

7) Transición de las Juntas de Conciliación y Arbitraje a los Juzgados de lo Laboral y futuro de las y los trabajadores de las Juntas.

9) Temas de la reforma laboral que deben pasar a otras leyes.

 

Moderador: Pablo Franco, Observatorio Ciudadano de la Reforma Laboral.

Relator: Edgar Ruiz, Consultor Independiente.

 

Intervenciones

Magistrado Héctor Arturo Mercado López

Señala la incertidumbre que representan los cierres de las JCA y la apertura de los Tribunales Laborales. La ruta crítica que propone avista su aplicación hasta dentro de 5 años por su complejidad en cuanto a presupuesto, personal, capacitación en el nuevo sistema de justicia laboral e instalaciones necesarias. Hace énfasis en propuestas concretas para abordar dicha transición: a) Las JCA reciben todos los asuntos hasta un día antes del funcionamiento de los organismos de Conciliación y los Tribunales Laborales, mismos que deben empezar simultáneamente a funcionar.  b) Se deben contemplar 8 años de funcionamiento de las JCA (con su respectivo presupuesto) para el desahogo de todos los casos. c) Se necesita una coordinación entre las Juntas y los Tribunales, tanto federales y locales, de manera que de certidumbre a los trabajadores y las trabajadoras de las primeras en cuanto a sus condiciones laborales.

 

Jaasaí Eliel Morales Sosa, Representante del Consejo Coordinador Empresarial en la Ciudad de México.

Propone que se revise el artículo sexto transitorio de la iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario de Morena en 2018 en donde se establece que el Consejo de la Judicatura Federal es responsable de la creación de una comisión especializada para capacitación en el nuevo sistema de justicia laboral. Menciona que debe componerse de nueve abogados (3 académicos, 2 presidentes de la JCA, 2 representantes de trabajadores y empleadores, así como 2 magistrados). Hace énfasis en que éste organismo se puede convertir en el encargado de la capacitación permanente, posterior a la transición entre sistemas.

 

Alfonso Saucedo, Abogado Laboralista.

Aborda la importancia del organismo en etapa conciliatoria pues en muchos de los casos los asuntos que se abordan representan un abuso de parte de los trabajadores que tercerizan sus contrataciones para evitar las obligaciones laborales y de seguridad social que tienen con sus personas empleadas.

 

Mario Hernández González, representante de Federación de Sindicatos Independientes Vanguardia Obrera

Enfatiza la importancia de la participación de los sindicatos en estos procesos de capacitación sobre el nuevo sistema de justicia laboral.

 

Intervenciones de personas no registradas:

No se capacitaban los abogados en conflictos laborales porque no había conflictos laborales. Pero a partir de la reforma constitucional se reactivó la vida de los sindicatos que ponen de manifiesto de nuevo la importancia de la capacitación de todos en el nuevo modelo de justicia laboral y negociación colectiva.

Los procesos de identificación del outsourcing deben responder a la realidad de facto, no de derecho, para la asignación de responsabilidades laborales y de seguridad social.

 

Sobre Outsourcing:

Juan Martín Espinosa Cárdenas, Diputado Distrito XVII estado de Jalisco

Se ingresó iniciativa para reformar artículos 15 A), 15 B), 15 C), y 15 D). Solicitan que la reforma logre que las empresas cumplan con su obligación de apoyar en razón social con una reforma laboral para todos los trabajadores donde exista garantía hacia las clases bajas y que éstas pueda acceder a que el patrón les otorgue garantías y derechos.

 

Enrique Fabela, Sindicato de Telefonistas y de la UNT

Sí aparece en iniciativa de la UNT ya que quieren eliminar los candados que se le pusieron al outsourcing y no se está de acuerdo. Se suman para que en una segunda etapa se analice el tema, así como poner los candados correspondientes que eviten el abuso.

La reforma tiene que aterrizarse por el riesgo de la próxima transición política, aparte de que hay muchos intereses para que la reforma no se lleve a cabo.

Anexos

Notas de Prensa

Indispensable, que próxima reforma laboral tome en cuenta a los trabajadores

Boletín N°. 1234 12 marzo, 2019 

 Al inaugurar el foro “Reforma laboral para todos. Justicia para el desarrollo”, la diputada María del Carmen Bautista Peláez (Morena) consideró indispensable que los próximos cambios legales en materia laboral, tomen en cuenta las opiniones de los involucrados, pero sobre todo de los trabajadores.

“Es necesario conocer qué piensan magistrados, empleados, sindicalizados, abogados y sociedad civil, a fin de que la Comisión de Trabajo y Previsión Social integre un buen documento”.

El objetivo del foro es analizar la iniciativa de reforma y enriquecer la discusión, “es nuestra responsabilidad como diputados. Además, es relevante promover la democracia y que los cambios legislativos beneficien a todos los empleados de la República”.

“Esto es un acto de consulta, es importante la participación, para que el trabajo legislativo salga de la mejor manera”, añadió.

El magistrado en materia laboral en el Décimo Sexto Tribunal Colegiado del Primer Circuito, Héctor Arturo Mercado López, señaló que en el país se ha abusado de la subcontratación ilegal, construida para impedir pagar el reparto de utilidades, quitarle estabilidad a los trabajadores e impedirle el ejercicio de sus derechos colectivos: organizarse sindicalmente y ejercer el derecho de huelga. “Es ilegal porque las normas internacionales del trabajo la prohíben”.

Se pronunció por generar un mecanismo que expresamente prohíba esa práctica. Consideró que no se deben modificar los artículos 15A, 15B y 15C de la Ley Federal del Trabajo, sino el 15D, para precisar que no se permitirá el régimen de subcontratación y eliminar la frase “con el fin de disminuir derechos laborales”, ya “que la sola contratación le disminuyó lo principal, que es la estabilidad en el empleo”.

Respecto al registro sindical, indicó que éste debe tener un aspecto publicitario que sólo confirme la existencia de un ente real. Sugirió establecer en el artículo 368 de dicha norma que la Constancia de la solicitud de Registro presentada ante el Centro Federal de Conciliación y Registro laboral produce efectos ante todas las autoridades.

José Alfonso Bouzas Ortiz, del Observatorio Ciudadano de la Reforma Laboral, sugirió incluir en la iniciativa todo lo que esté quedando en el tintero y quitar lo que no convence del todo. “Será útil para los legisladores tener más información y que la Comisión del Trabajo retome estos datos”.

Del mismo Observatorio, Jorge Domingo Viveros Reyes, consideró que la iniciativa manda el derecho laboral al ámbito privado, lo quita del social y va en detrimento del sentido proteccionista para el empleado.

Recomendó prohibir la subcontratación o que permanezca, pero fijar en la ley su temporalidad y que los sindicatos tengan intervención en esos casos, a fin de apoyar al trabajador.

Enrique Favela Rocha, integrante del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, resaltó que en el nuevo escenario político y democrático que vive el país, es relevante que estos temas se retomen porque son construidos en las luchas sindicales.

Reconocemos que hay expectativas ante el cambio, porque ya existía un hartazgo a las políticas neoliberales y la pauperización de los puestos de trabajo. “Estamos cerca de que todo esto se cristalice y se alinee la ley secundaria con la Constitución”.

Inés González, de la Fundación Friedrich Ebert, consideró relevante tener mesas de diálogo para que no quede fuera ninguna opinión. “Es indispensable que haya justicia laboral para lograr desarrollo”.

Alberto Ramírez García, abogado especialista, destacó la relevancia de que la próxima reforma laboral regule la subcontratación de trabajadores, mejor conocida como outsourcing, ya que debilita los principios generales de la Ley Federal del Trabajo.

http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2019/Marzo/12/1234-Indispensable-que-proxima-reforma-laboral-tome-en-cuenta-a-los-trabajadores

 

Especialistas ven “focos rojos” en la propuesta de Morena en reforma laboral

marzo 13, 2019 

La propuesta de reforma laboral que realizó el Grupo Parlamentario de Morena -el 22 de diciembre de 2018- tiene “focos rojos” que impiden cumplir con los propósitos de libertad sindical, y dudas sobre la efectividad en aspectos como la conciliación, la instrumentación de los tribunales laborales; así como una permanente petición para que se incluyan modificaciones el tema de outsourcing.

Así lo manifestaron especialistas en el Foro “Reforma Laboral para Todos. Justicia para el Desarrollo” organizado en la Cámara de Diputadosen donde se tomó como consenso “que se avance en la aprobación de la reforma reglamentaria”, lo que implica enfocarse a los aspectos relacionados con la creación del nuevo centro de conciliación, mismo que ha recibido fuertes críticas porque podría convertirse en una entidad con “supra poderes sin límites en perjuicio de los trabajadores”, dijo en las conclusiones Alfonso Bouzas, quien participó en la redacción de la iniciativa de reforma.

Añadió que es evidente que todos que se busca una real libertad y democracia sindical dejando en la mano de los trabajadores todas las expresiones del voto universal, directo y secreto para que éste se cumple y se construya una verdadera relación colectiva.

Uno de los mayores críticos del outsourcing fue el magistrado en materia laboral en el Décimo Sexto Tribunal Colegiado del Primer Circuito, Héctor Arturo Mercado López, quien dijo que en el país se ha abusado de la subcontratación ilegal, construida para impedir pagar el reparto de utilidades, quitarles estabilidad a los trabajadores e impedirle el ejercicio de sus derechos colectivos: organizarse sindicalmente y ejercer el derecho de huelga. “Es ilegal porque las normas internacionales del trabajo la prohíben”.

En ese sentido, se pronunció por generar un mecanismo que expresamente prohíba esa práctica. Consideró que no se deben modificar los artículos 15A, 15B y 15C de la Ley Federal del Trabajo, sino el 15D, para precisar que no se permitirá el régimen de subcontratación y eliminar la frase “con el fin de disminuir derechos laborales”, ya “que la sola contratación le disminuyó lo principal, que es la estabilidad en el empleo”.

Respecto al registro sindical, indicó que éste debe tener un aspecto publicitario que sólo confirme la existencia de un ente real. Sugirió establecer en el artículo 368 de dicha norma que la Constancia de la solicitud de Registro presentada ante el Centro Federal de Conciliación y Registro laboral produce efectos ante todas las autoridades.

Jorge Domingo Viveros Reyes, integrante del Observatorio Laboral, destacó que la iniciativa manda el derecho laboral al ámbito privado, lo quita del social y va en detrimento del sentido proteccionista para el empleado.

Recomendó prohibir la subcontratación o que permanezca, pero fijar en la ley su temporalidad y que los sindicatos tengan intervención en esos casos, a fin de apoyar al trabajador.

Al respecto, Bouzas recomendó no eliminar la tercerización, “llegó para quedarse”; por lo que, en caso de que haya consenso, se puede abordar el tema; pero, no forma parte de los parámetros de la reforma constitucional, dijo.

A su vez, la diputada María del Carmen Bautista Peláez (Morena) se comprometió a impulsar los cambios y propuestas presentados por los diferentes grupos de especialistas durante el Foro, ello con el fin de avanzar en una reforma que dé respuesta a la reforma constitucional de 2017, pero que sea incluyente.

Fuente: https://www.eleconomista.com.mx
https://www.revistapuntodevista.com.mx/seccion/mexico/especialistas-ven-focos-rojos-en-la-propuesta-de-morena-en-reforma-laboral/391637/

 

Especialistas ven Riesgos Serios en la Reforma Laboral que Propone Morena

Por Carlos Alonso-

13 Marzo, 2019

La propuesta de reforma laboral que presentó Morena en la Cámara de Diputados en enero pasado tiene “focos rojos” que impiden cumplir con los propósitos de libertad sindical en México y genera dudas sobre la efectividad en aspectos como la conciliación y los tribunales laborales.

Así lo manifestaron especialistas en el foro Reforma laboral para todos: Justicia para el desarrollo organizado en la Cámara de Diputados en donde se tomó como consenso “que se avance en la aprobación de la reforma reglamentaria”, lo que implica enfocarse a los aspectos relacionados con la creación del nuevo centro de conciliación, mismo que ha recibido fuertes críticas porque podría convertirse en una entidad con “supra poderes sin límites en perjuicio de los trabajadores”, dijo en las conclusiones Alfonso Bouzas, quien participó en la redacción de la iniciativa de reforma.

Añadió que es evidente que todos buscan una real libertad y democracia sindical dejando en la mano de los trabajadores todas las expresiones del voto universal, directo y secreto para que éste se cumple y se construya una verdadera relación colectiva.

Respecto del registro sindical, el magistrado en materia laboral en el Décimo Sexto Tribunal Colegiado del Primer Circuito, Héctor Arturo Mercado López, indicó que éste debe tener un aspecto publicitario que sólo confirme la existencia de un ente real. Sugirió establecer en el artículo 368 de dicha norma que la Constancia de la solicitud de Registro presentada ante el Centro Federal de Conciliación y Registro laboral produce efectos ante todas las autoridades.

Jorge Domingo Viveros Reyes, integrante del Observatorio Laboral, destacó que la iniciativa manda el derecho laboral al ámbito privado, lo quita del social y va en detrimento del sentido proteccionista para el empleado.

Recomendó prohibir la subcontratación o que permanezca, pero fijar en la ley su temporalidad y que los sindicatos tengan intervención en esos casos, a fin de apoyar al trabajador.

Al respecto, Bouzas recomendó no eliminar la tercerización, “llegó para quedarse”; por lo que, en caso de que haya consenso, se puede abordar el tema; pero, no forma parte de los parámetros de la reforma constitucional, dijo.

A su vez, la diputada María del Carmen Bautista Peláez (Morena) se comprometió a impulsar los cambios y propuestas presentados por los diferentes grupos de especialistas durante el foro, ello con el fin de avanzar en una reforma que dé respuesta a la reforma constitucional de 2017, pero que sea incluyente.

https://www.cdnoticias.com.mx/articulos/especialistas-ven-riesgos-serios-la-reforma-laboral-propone-morena/mexico

 

Especialistas alertan sobre “focos rojos” en propuesta de reforma laboral

Académicos asistieron al foro “Reforma Laboral para Todos. Justicia para el Desarrollo” organizado en la Cámara de Diputados en donde se tomó como consenso “que se avance en la aprobación de la reforma reglamentaria”.

María Del Pilar Martínez

12 de marzo de 2019, 16:34

La propuesta de reforma laboral que realizó el grupo parlamentario deMorena -el 22 de diciembre de 2018- tiene “focos rojos” que impiden cumplir con los propósitos delibertad sindical, y dudas sobre la efectividad en aspectos como la conciliación, la instrumentación de los tribunales laborales; así como una permanente petición para que se incluyan modificaciones el tema de outsourcing.

Así lo manifestaron especialistas en el foro“Reforma Laboral para Todos. Justicia para el Desarrollo” organizado en la Cámara de Diputados en donde se tomó como consenso “que se avance en la aprobación de la reforma reglamentaria”, lo que implica enfocarse a los aspectos relacionados con la creación del nuevo centro de conciliación; mismo que ha recibido fuertes críticas, porque podría convertirse en una entidad con “supra poderes sin límites en perjuicio de los trabajadores”, dijo en las conclusionesAlfonso Bouzas,investigador de la UNAM en temas laborales, quien participó en la redacción de la iniciativa de reforma.

Añadió que es evidente que todos que se busca una real libertad y democracia sindical dejando en la mano de los trabajadores todas las expresiones del voto universal, directo y secreto para que éste se cumple y se construya una verdadera relación colectiva.

Uno de los mayorescríticos del outsourcing fue el magistrado en materia laboral en el Décimo Sexto Tribunal Colegiado del Primer Circuito, Héctor Arturo Mercado López,quien dijo que en el país se ha abusado de la subcontratación ilegal, construida para impedir pagar el reparto de utilidades, quitarle estabilidad a los trabajadores e impedirle el ejercicio de sus derechos colectivos: organizarse sindicalmente y ejercer el derecho de huelga. “Es ilegal porque las normas internacionales del trabajo la prohíben”.

En ese sentido, se pronunció por generar un mecanismo que expresamente prohíba esa práctica. Consideró que no se deben modificar los artículos 15A, 15B y 15C de la Ley Federal del Trabajo, sino el 15D, para precisar que no se permitirá el régimen de subcontratación y eliminar la frase “con el fin de disminuir derechos laborales”, ya “que la sola contratación le disminuyó lo principal, que es la estabilidad en el empleo”.

Respecto al registro sindical, indicó que éste debe tener un aspecto publicitario que sólo confirme la existencia de un ente real. Sugirió establecer en el artículo 368 de dicha norma que la Constancia de la solicitud de Registro presentada ante el Centro Federal de Conciliación y Registro laboral produce efectos ante todas las autoridades. 

Jorge Domingo Viveros Reyes, integrante del Observatorio Laboral, destacó que la iniciativa manda el derecho laboral al ámbito privado, lo quita del social y va en detrimento del sentido proteccionista para el empleado. Recomendó prohibir la subcontratación o que permanezca, pero fijar en la ley su temporalidad y que los sindicatos tengan intervención en esos casos, a fin de apoyar al trabajador.

https://www.eleconomista.com.mx/politica/Especialistas-alertan-sobre-focos-rojos-en-propuesta-de-reforma-laboral–20190312-0103.html

 

Prohibir la subcontratación, plantean en foro sobre reforma laboral

NOTIMEX

12.03.2019 – 21:01H  El magistrado Héctor Arturo Mercado López señaló que en el país se ha abusado de la subcontratación “ilegal”, construida para evitar el pago de utilidades, quitar estabilidad a los trabajadores e impedir el ejercicio de sus derechos colectivos, organizarse sindicalmente y ejercer el derecho de huelga. “Es ilegal porque las normas internacionales del trabajo la prohíben”, dijo el magistrado en materia laboral del XVI Tribunal Colegiado del Primer Circuito al asistir a la inauguración del foro “Reforma laboral para todos. Justicia para el desarrollo”, en la Cámara de Diputados. Se pronunció por generar un mecanismo que expresamente prohíba esa práctica y consideró que no se deben modificar los artículos 15A, 15B y 15C de la Ley Federal del Trabajo, sino el 15D para precisar que no se permitirá el régimen de subcontratación. Respecto al registro sindical opinó que debe tener un aspecto publicitario que sólo confirme la existencia de un ente real y sugirió establecer en el Artículo 368 de dicha norma que la constancia de la solicitud de registro presentada ante el Centro Federal de Conciliación y Registro laboral produce efectos ante todas las autoridades. Por su parte, la diputada María del Carmen Bautista Peláez, de Morena, consideró indispensable que los próximos cambios legales en materia laboral tomen en cuenta las opiniones de los involucrados, pero sobre todo de los trabajadores. “Es necesario conocer qué piensan magistrados, empleados, sindicalizados, abogados y sociedad civil, a fin de que la Comisión de Trabajo y Previsión Social integre un buen documento”, dijo. Recordó que el objetivo del foro es analizar la iniciativa de reforma y enriquecer la discusión, “es nuestra responsabilidad como diputados. Además, es relevante promover la democracia y que los cambios legislativos beneficien a todos los empleados de la República”. “Esto es un acto de consulta, es importante la participación, para que el trabajo legislativo salga de la mejor manera”, añadió. Por el Observatorio Ciudadano, José Alfonso Bouzas Ortiz sugirió incluir en la iniciativa todo lo que esté quedando en el tintero y quitar lo que no convence del todo. “Será útil para los legisladores tener más información y que la Comisión del Trabajo retome estos datos”. Jorge Domingo Viveros Reyes consideró que la iniciativa manda el derecho laboral al ámbito privado, lo quita del social y va en detrimento del sentido proteccionista para el empleado. Recomendó prohibir la subcontratación o que permanezca pero fijar en la ley su temporalidad y que los sindicatos tengan intervención en esos casos, a fin de apoyar al trabajador. Enrique Favela Rocha, integrante del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, resaltó que en el nuevo escenario político y democrático que vive el país es relevante que estos temas se retomen porque son construidos en las luchas sindicales. Inés González, de la Fundación Friedrich Ebert, consideró relevante tener mesas de diálogo para que no quede fuera ninguna opinión. “Es indispensable que haya justicia laboral para lograr desarrollo”. Alberto Ramírez García, abogado especialista, destacó la relevancia de que la próxima reforma laboral regule la subcontratación de trabajadores, mejor conocida como outsourcing, ya que debilita los principios generales de la Ley Federal del Trabajo.

https://www.20minutos.com.mx/noticia/491289/0/prohibir-la-subcontracion-plantean-en-foro-sobre-reforma-laboral/

 

 

 Videos en el canal Youtube Reforma Laboral MX

 

 

Trabajadores del Apartado B

12 de marzo de 2019. El Magistrado Héctor Arturo Mercado López señala que México es el único país que conculca derechos de libertad sindical a trabajadores como ocurre con las y los trabajadores del Aparado B, en las mesas de trabajo “Reforma Laboral para Todos. Justicia para el Desarrollo”

https://youtu.be/05tgyKxWcZQ

 

No basta la subordinación para determinar los derechos de los trabajadores

12 de marzo de 2019. El desplazamiento de la fuerza de trabajo por la tecnología y la robotización, con trabajo tipo Uber o autónomos, el tipo de protección laboral que deben tener las personas que laboran en estos empleos, “nos quedamos cortos, ya no basta la subordinación para determinar la protección de los derechos de los trabajadores: Magistrado Héctor Arturo Mercado López en las mesas de trabajo “Reforma Laboral para Todos. Justicia para el Desarrollo”

https://youtu.be/nep5fuIE9wU

 

Los Centros de Conciliación deben seguir los lineamientos de la Constitución

12 de marzo de 2019. Los Centros de Conciliación deben seguir los lineamientos de la Constitución y disminuir al máximo el fenómeno del control que van a tener estos centros sobre la vida sindical, deben ser centros de garantía del ejercicio de la libertad y la democracia : Magistrado Héctor Arturo Mercado López en las mesas de trabajo “Reforma Laboral para Todos. Justicia para el Desarrollo”

https://youtu.be/ChZzIYd7Hic

 

La tercerización llegó para quedarse en el mundo

12 de marzo de 2019. Dentro de las conclusiones de las mesas de trabajo “Reforma Laboral para Todos. Justicia para el Desarrollo” El Dr. Alfonso Bouzas Ortiz, al hablar sobre el tema de la tercerización que inadecuadamente se piensa echar para atrás, que no haya tercerización, pero la tercerización llegó para quedarse en el mundo. En 2012 pretendieron ponerle candados y jamás operaron. Este tema no está en los parámetros de la reforma constitucional.

https://youtu.be/gwLxQIAj4kU

 

Democracia y libertad sindical

12 de marzo de 2019. Conclusiones del tema Democracia y libertad sindical en las mesas de trabajo “Reforma Laboral para Todos. Justicia para el Desarrollo”

Lo significativo que es poner en manos de los trabajadores la suerte del contrato colectivo. A este objetivo se dirigen prácticamente todas las expresiones de voto personal, directo y secreto.

La necesidad de que se cumpla, se construya una verdadera contratación colectiva y unas verdaderas relaciones laborales.

Del Centro de Conciliación y Registro Laboral, se puso de manifiesto la preocupación que se convierta en un órgano con poderes “sin límite” en perjuicio de los trabajadores

https://youtu.be/j-WX7Ka7vDQ

 

Procedimientos especiales y conciliación

12 de marzo de 2019. Conclusiones del tema Procedimientos especiales y conciliación en las mesas de trabajo “Reforma Laboral para Todos. Justicia para el Desarrollo” El tema del ofrecimiento de pruebas en la demanda, hay oportunidad de mejorarlo. En cuanto al tema de la reversión de la carga de la prueba o del ofrecimiento de trabajo como forma de eliminar la responsabilidad, el objetivo puede ser bueno, pero la expresión no es afortunada.

Se habló de la complejidad del nuevo procedimiento, conciliatorio y judicial, en algunos casos rechazándolo desde la lógica del procedimiento que hoy tenemos y sin entender la lógica del nuevo procedimiento, particularmente en el tema de la conciliación

https://youtu.be/94QbCT2LafY

 

Más del 40 por ciento del rezago en las Juntas de Conciliación son juicios contra el ISSSTE, IMSS y organismos descentralizados

12 de marzo de 2019. Más del 40 por ciento del rezago en las Juntas de Conciliación está en manos del gobierno, juicios contra el ISSSTE, contra el IMSS, contra organismos descentralizados. Una primera evidencia de una política laboral que pretende cambiar es que el gobierno establezca las instancias necesarias para sanear esto. Señaló el Doctor Alfonso Bouzas Ortiz dentro las conclusiones de las mesas de trabajo “Reforma Laboral para Todos. Justicia para el Desarrollo”

https://youtu.be/VPnAK3RKLHo

 

8 años, el tiempo que persistirán las juntas de conciliación y arbitraje

12 de marzo de 2019. 8 años, el tiempo persistirán las juntas de conciliación y arbitraje, por lo que se necesita crear certidumbre entre los trabajadores de las juntas, afirmó del Doctor Alfonso Bouzas Ortiz, dentro las conclusiones de las mesas de trabajo “Reforma Laboral para Todos. Justicia para el Desarrollo”

https://youtu.be/WD4ZYDekoPY

 

Falta capacitación en la instrumentación de los Centros de Conciliación

12 de marzo de 2019. Falta de capacitación de quienes podrán a funcionar la reforma, falta de visión de género. Equidad en todas las instancias de gobierno y particularmente en la instrumentación de los Centros de Conciliación y futuros jueces de lo laboral: Doctor Alfonso Bouzas Ortiz dentro las conclusiones de las mesas de trabajo “Reforma Laboral para Todos. Justicia para el Desarrollo”

https://youtu.be/FDi5pgW3QjQ

 

No deben ser improvisados los Centros de Conciliación

Constitución de los Centros de Conciliación. Hay un consenso de que fue aberrante lo que sucedió en Tlaxcala y a punto de pasar en Chihuahua e Hidalgo. Gobiernos locales que idearon el Centro de Conciliación, los cuales no deben ser improvisados, sino que se deben integrar por gente capacitada con una idea rigurosa de lo que es la conciliación: Doctor Alfonso Bouzas Ortiz dentro las conclusiones de las mesas de trabajo “Reforma Laboral para Todos. Justicia para el Desarrollo”

https://youtu.be/QUV3qxORT2o

 

 

 

 

EL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO EN MATERIA LABORAL. 

Por: Ismael Lizárraga

Enfoque Laboral

 INTRODUCCIÓN.

El tema laboral es uno de los tópicos de las relaciones humanas, más frecuentes en nuestra vida cotidiana, ello dado a que en la vida productiva de una persona se llega a ejercer los roles de trabajador o de patrón en algún momento; por eso entontes, se vuelve indispensable para todos quienes obtienen su sustento económico inmersos en el rol de esa vida productiva licita, conocer los derechos y obligaciones a los que está sujeto su actuar.

 

Ahora bien, en la práctica común en México, se tiene que las fuentes de trabajo, encargadas de proveer la labor industrial o de servicios a los individuos, se cuente en ocasiones con una carencia total o parcial de medidas que permitan que en su acción diaria se cumplan con las leyes y normas que rigen dichas relaciones de trabajo.

Por eso entonces, la propuesta en la creación de un Oficial de Cumplimiento en Materia de Trabajo (OCT), en las empresas, quien se concibe como un profesional y estudioso de la materia, independiente al gobierno, el cual ayude a la empresa a revisar, auditar y cumplir con toda aquella cuestión inherente a las relaciones laborales dentro de la misma, y que a su vez desahogue al estado esa labor que por ley tienen obligación de constatar por medio de inspecciones de cumplimiento, pero que por infraestructura y carencia de elementos suficientes, no tiene la posibilidad de hacerlo; así como beneficie de igual forma a los trabajadores, trayéndoles seguridad y plena certeza de que sus derechos serán cumplidos en el lugar en el que laboran. 

¿QUÉ ES UN OFICIAL DE CUMPLIMIENTO?

La figura de la oficial propuesta, ya ha sido abordada por otras materias de la ciencia legal y financiera en nuestro marco jurídico mexicano, por ello entonces conviene revisar como en las mismas se logra adaptar dicho rol, así como sus alcances en las labores y servicios que ofrecen por ejemplo los bancos, e instituciones de crédito.

Así pues, en el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, reformado en el año 2006, se incluyó la obligación de las instituciones del ramo en consideración a las disposiciones que fuesen dictadas por la SHCP en intervención con la CNBV, entre otras se incluyeron textualmente las siguientes: …

Las instituciones de crédito, en términos de las disposiciones de carácter general que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, escuchando la previa opinión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, estarán obligadas, en adición a cumplir con las demás obligaciones que les resulten aplicables, a: 

  1. Establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos previstos en los artículos 139 o 148 Bis del Código Penal Federal o que pudieran ubicarse en los supuestos del artículo 400 Bis del mismo Código, y
  2. Presentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, reportes sobre: 
  3. Los actos, operaciones y servicios que realicen con sus clientes y usuarios, relativos a la fracción anterior, y
  4. Todo acto, operación o servicio, que realicen los miembros del consejo de administración, directivos, funcionarios, empleados y apoderados, que pudiesen ubicarse en el supuesto previsto en la fracción I de este artículo o que, en su caso, pudiesen contravenir o vulnerar la adecuada aplicación de las disposiciones señaladas.

Se desprende entonces que las obligaciones para las instituciones de crédito emanada de dicha norma, en resumen, consta de establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos omisiones y operaciones, que pudieran favorecer delitos como el lavado de dinero y el terrorismo dentro de sus operaciones diarias.

Hasta esa parte la ley de la materia, únicamente dictaba la obligación de hacer para las instituciones de crédito, en cuanto a la prevención de delitos, no obstante ello, aún no regulaba el ¿Cómo hacerlo?, por ello entonces se tuvo que se esperar a que con 20 de abril de 2009, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, emitiera las disposiciones de carácter general, de las que habla el mismo artículo 115 antes transcrito.

De la revisión de esas disposiciones, se obtiene por primera vez el término del Oficial de Cumplimiento, en cuya definición textualmente se lee:

XII. Oficial de Cumplimiento, a la persona a que se refiere la 47ª de las presentes Disposiciones; 

Por su parte el artículo 47 refiere de forma literal:

47ª.- El Comité de cada Entidad o bien, su consejo de administración o directivo, según corresponda, designará de entre sus miembros, a un funcionario que se denominará “Oficial de Cumplimiento”

De ahí que se crea la figura del OC, mismo que dice que el Comité de cada Entidad o su consejo, lo designara dentro de la institución crediticia, pero ¿Cuáles son las funciones de dicho oficial?; el propio artículo 47, los menciona, siendo las siguientes:

  1. Elaborar y someter a la consideración del Comité el documento a que se refiere la 64ª de las presentes Disposiciones, que contenga las políticas de identificación y conocimiento del Cliente y del Usuario, y los criterios, medidas y procedimientos que deberán adoptar para dar cumplimiento a lo previsto en estas Disposiciones;
  2. Verificar la correcta ejecución de las medidas adoptadas por el Comité, en ejercicio de las facultades previstas en la 43ª de las presentes Disposiciones;

III. Informar al Comité respecto de conductas, actividades o comportamientos realizados por los directivos, funcionarios, empleados o apoderados de la Entidad, que provoquen que esta incurra en infracción a lo dispuesto en la Ley o las presentes Disposiciones, así como de los casos en que dichos directivos, funcionarios, empleados o apoderados contravengan lo previsto en el documento señalado en la fracción I de esta Disposición, con objeto de que se impongan las medidas disciplinarias correspondientes;

  1. Hacer del conocimiento del Comité la celebración de contratos o apertura de cuentas en la Entidad de que se trate, cuyas características pudieran generar un alto Riesgo para la propia Entidad;
  2. Coordinar tanto las actividades de seguimiento de Operaciones, como las investigaciones que deban llevarse a cabo a nivel institucional, con la finalidad de que el Comité cuente con los elementos necesarios para dictaminarlas, en su caso, como Operaciones Inusuales u Operaciones Internas Preocupantes.

Para los efectos señalados en el párrafo anterior, el área a cargo del Oficial de Cumplimiento de cada Entidad o, en su caso, el personal que este designe, verificará que se hayan analizado las alertas correspondientes y documentado las investigaciones respectivas;

  1. Enviar a la Secretaría, por conducto de la Comisión, los reportes de Operaciones a que se refiere la 41ª de las presentes Disposiciones, así como aquellos que considere urgentes, e informar de ello al Comité, en su siguiente sesión;

VII. Fungir como instancia de consulta al interior de la Entidad respecto de la aplicación de las presentes Disposiciones, así como del documento a que se refiere la 64ª de las mismas;

VIII. Definir las características, contenido y alcance de los programas de capacitación del personal de la Entidad, a que hace referencia la 49ª de estas Disposiciones;

  1. Recibir y verificar que la Entidad dé respuesta, en los términos de las disposiciones legales aplicables, a los requerimientos de información y documentación, así como a las órdenes de aseguramiento o desbloqueo de cuentas que, por conducto de la Comisión, formulen las autoridades competentes en materia de prevención, investigación, persecución y sanción de conductas que pudiesen actualizar los supuestos previstos en los artículos 139, 148 Bis o 400 Bis del Código Penal Federal;
  2. Fungir como enlace entre el Comité, la Secretaría y la Comisión, para los asuntos referentes a la aplicación de las presentes Disposiciones, y
  3. Cerciorarse que el área a su cargo reciba directamente y dé seguimiento a los avisos emitidos por los empleados y funcionarios de la Entidad, sobre hechos y actos que puedan ser susceptibles de considerarse como Operaciones Inusuales u Operaciones Internas Preocupantes.

 Revisando las funciones enumeradas el OC en materia financiera realmente es un auxiliar en el tema de cumplimiento y detección de acciones ilegales dentro de una institución bancaría, un asesor y además un funcionario que dará aviso de lo detectado a las autoridades competentes.

Debemos revisar además ¿Quién puede ser el OC? dentro de la institución bancaria?, para ello el mismo precepto ya abordado, nos refiere textualmente:

“La designación del Oficial de Cumplimiento deberá recaer en un funcionario que sea independientede las unidades de la Entidad encargadas de promover o gestionar los productos financieros que esta ofrezca a sus Clientes o Usuarios. En ningún caso, la designación del Oficial de Cumplimiento de una Entidad podrá recaer en persona que tenga funciones de auditoría interna en la Entidad.” 

Como se desprende lo buscado con dicha redacción, es que las persona designada como OC, sea alguien independiente a las unidades internas de la institución que son las promueven y gestionan los productos financieros en la misma; sin que sea posible además el que recaiga en un auditor interno de la misma entidad, cuestión entendible en ambos casos al buscarse que este, revise de forma externa incluso el actuar de dichos funcionarios.

Por ello entonces, el OC, ha podido en la práctica recaer en profesional independiente a la propia institución, por ello se ha buscado la independencia de este, pero sin descuidar los estándares que por las funciones, dicha persona debe desempeñar; por ello entonces se buscó que los profesionistas encargados para la actividad, estuvieran certificados por la propia CNBV, para que esta dictara los estándares de calidad, mediante evaluaciones de quienes podía desempeñar la función, cuestión que se materializo con la emisión de otro documento normativo al que se le denominó “Disposición de carácter general para la certificación de auditores externos independientes, oficiales de cumplimiento y demás profesionales en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, y financiamiento en terrorismo”.

En el documento legal referido al final del párrafo anterior se otorga la facultad a la CNBV, de certificar profesionistas, en la materia de detección y prevención de los delitos desprendidos de la ley de la materia y del Código Penal Federal; con lo cual el estado a través de dicha Entidad, toma la rectoría de reconocer y facultar a profesionales independientes (no servidores públicos), para que en auxilio de las instituciones crediticias, cumplan el fin del artículo 115 emanado de la Ley de Instituciones de Crédito, para lo cual la Comisión emite convocatorias constantes cumpliendo los requisitos de la propia disposición emitida, de forma abierta para a que que quiera participar en ellas. 

PROCESO LEGISLATIVO RESUMIDO LLEVADO A CABO PARA LLEGAR A LOS OFICIALES DE CUMPLIMIENTO EN MATERIA FINANCIERA.

1.- Se incluyó en el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, la obligación de las entidades financieras de cuidar y verificar la posible conducta delictiva de lavado de dinero y combate al terrorismo, otorgando la facultad y especificando que la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, con el acompañamiento de la Comisión Nacional Bancaría y de Valores, emitiría las disposiciones relativas al cumplimiento de esa obligación.

2.- La Secretaria de Hacienda y Crédito Público emitió las disposiciones relativas a la normatividad, pasos y actores que intervienen en el proceso para el cumplimiento de lo mandatado por el 115 de la Ley, incluyendo la figura del Oficial de Cumplimiento y enumerando sus funciones generales.

3.- En 2014, se modificó la Ley de la Comisión Nacional Bancaría y de Valores, con la finalidad de que tuviera facultades para certificar a los oficiales de cumplimiento.

4.- Derivado de la Reforma anterior, se emitieron los Disposiciones especiales para la certificación comentada ya en la Ley de la CNBV, en donde se acota el tema y normativa para emitir y obtener la certificación.

5.- La CNBV constantemente en base a sus facultades emite convocatorias para la certificación requerida. 

LA VIABILIDAD DE UNA FIGURA DE OFICIAL DE CUMPLIMENTO EN MATERIA LABORAL.

Al analizar la figura del OC, en materia financiera, se planeta la hipótesis de llevar la misma al campo de las relaciones laborales, concerniente ello, a que en la materia del trabajo también se puede adaptar un ente similar al anotado, para que este funcione como asesor preventivo y de cumplimiento a las normas de la materia.

Para determinar la viabilidad planteada, debemos cuestionarnos lo siguiente:

¿Cómo y en que ámbitos de las relaciones laborales incorporaríamos al OC en la materia? y;

¿Qué necesitamos para darle vida jurídica a la figura en materia del trabajo?

Para fines prácticos y ejecutivos, se tienen que responder ambos cuestionamientos, iniciando entonces con el primero de ellos, que versa acerca del cómo y en qué ámbitos la figura del OC laboral tendría cabida en la vida práctica.

Por lo anterior y a manera de introducción habría que analizar la relación e importancia del derecho laboral en la vida cotidiana de los seres humanos; partiendo de lo que ya se escribió en líneas anteriores y que tiene que ver en el hecho de que, en una sociedad económicamente activa en países como el nuestro (México), o se es trabajador mayoritariamente o se es patrón.

De ahí entonces, en el contexto del derecho individual del trabajo, tenemos que las relaciones obrero-patronales surgidas del vínculo de trabajo, sustentan un tema de suma relevancia no solo para los actores en ella (patrón y trabajador), sino para el encargado de velar que las leyes y ordenamientos en la materia se cumplan, esto es, el estado.

Así pues en la actualidad y derivado del artículo 123 de la constitucional que contempla el derecho al trabajo digno y socialmente útil, así como la promoción del empleo y la organización social de trabajo; se tiene como ley secundaria y derivada una Ley Federal del Trabajo, que contiene la parte sustantiva y la parte adjetiva en donde se van a delimitar las relaciones laborales (al menos en el apartado “A” que para fines prácticos ubicaremos en la relaciones de patrones emanados del sector privado)

No obstante lo anterior y dado que efectivamente el presente estudio se basa en dicha ley secundaria misma que aguarda sustitución en el legislativo, dada la reforma aprobada en 2017, diremos que aun así para este trabajo, en el fondo no se cambia la intención de lo pretendido por el OC en materia laboral, que se está proponiendo.

De ahí tomando como base la actual ley vigente, que se espera cambie más en su parte adjetiva que en lo sustantivo con la reformas que se avecinan; existen distintas partes que debemos enunciar podrían servir como base, para la posible intervención del OC en las relaciones laborales, que serían el cumplimiento en los siguientes rubros:

  • Condiciones individuales de trabajo.
  • Normas protectoras del salario
  • Capacitación
  • Seguridad e Higiene
  • Seguridad social (como rubro independiente pero relacionado en un tema de supervisión)

Si bien es cierto no son todos los rubros de una relación de trabajo, para fines prácticos estos se identifican como los principales; dejando a un lado por ahora en la propuesta el tema de la relaciones colectivas del trabajo, pues en ese rubro la intervención del gobierno sería más como de un conducto y mediador, entre organizaciones sindicales y patrones o trabajadores, que en sí de un revisor de su cumplimiento de fondo, dada la autonomía e independencia sindical.

Por eso entonces, nos avocaremos a los rubros anteriores, como aquellos que creemos primordialmente necesarios para adaptar la figura como método de aplicación a la figura del OC en materia del trabajo.

En la actual LFT, se contempla la posibilidad del estado, de revisar el cumplimiento de la ley y normas de trabajo, por medio de inspecciones laborales, las cuales se encuentran contempladas en el artículo 540 de la misma, que textualmente establece:

Artículo 540.-La Inspección del Trabajo tiene las funciones siguientes:

  1. Vigilar el cumplimiento de las normas de trabajo;
  2. Facilitar información técnica y asesorar a los trabajadores y a los patrones sobre la manera más efectiva de cumplir las normas de trabajo;

III.         Poner en conocimiento de la autoridad las deficiencias y las violaciones a las normas de trabajo que observe en las empresas y establecimientos;

  1. Realizar los estudios y acopiar los datos que le soliciten las autoridades y los que juzgue conveniente para procurar la armonía de las relaciones entre trabajadores y patrones; y
  2. Las demás que le confieran las leyes.

Del artículo anterior se desprende la responsabilidad del estado, en la supervisión por medio de inspectores de trabajo, del cumplimiento de las normas, la imposición de sanciones por dicho incumplimiento, la realización de estudios, análisis entre otras cosas; labor que la parte gubernamental lleva a cabo a través de actos de autoridad por medio de inspectores del trabajo, mismos que de acuerdo al artículo 541 de la misma LFT, se les entregan las siguientes facultades:

Artículo 541.-Los Inspectores del Trabajo tienen los deberes y atribuciones siguientes:

  1. Vigilar el cumplimiento de las normas de trabajo, especialmente de las que establecen los derechos y obligaciones de trabajadores y patrones, de las que reglamentan el trabajo de las mujeres y los menores, y de las que determinan las medidas preventivas de riesgos de trabajo, seguridad e higiene;
  2. Visitar las empresas y establecimientos durante las horas de trabajo, diurno o nocturno, previa identificación; 

III.         Interrogar, solos o ante testigos, a los trabajadores y patrones, sobre cualquier asunto relacionado con la aplicación de las normas de trabajo; 

  1. Exigir la presentación de libros, registros u otros documentos, a que obliguen las normas de trabajo; 
  2. Sugerir se corrijan las violaciones a las condiciones de trabajo;
  3. Disponer que se eliminen los defectos comprobados en las instalaciones y métodos de trabajo cuando constituyan una violación de las normas de trabajo o un peligro para la seguridad o salud de los trabajadores;

VI Bis. Ordenar, previa consulta con la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo, la adopción de las medidas de seguridad de aplicación inmediata en caso de peligro inminente para la vida, la salud o la integridad de las personas. En este caso, si así son autorizados, los Inspectores deberán decretar la restricción de acceso o limitar la operación en las áreas de riesgo detectadas. En este supuesto, deberán dar copia de la determinación al patrón para los efectos legales procedentes.

  Dentro de las 24 horas siguientes, los Inspectores del Trabajo, bajo su más estricta responsabilidad, harán llegar un informe detallado por escrito a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, con copia del mismo al patrón. 

VII.        Examinar las substancias y materiales utilizados en las empresas y establecimientos cuando se trate de trabajos peligrosos; y

VIII.       Los demás que les confieran las leyes.

Los Inspectores del Trabajo deberán cumplir puntualmente las instrucciones que reciban de sus superiores jerárquicos en relación con el ejercicio de sus funciones.

 Así pues, si bien tenemos que el estado a través de las inspecciones de trabajo y sus inspectores, hacen las funciones de supervisión actualmente similares a las que se propone hagan los OC, también lo es que se debe analizar la capacidad del estado para llevar a cabo dicha labor, el cómo la están desarrollando y los resultados que está arrojando esta forma de supervisar a los patrones.

De entrada no se necesitan estudios estadísticos para saber, que el estado llámese federación o entidades federativas, no tiene la capacidad suficiente para abarcar la supervisión de todos los centros de trabajo que existen dentro de sus respectivas competencias; por lo que en la actualidad su programación depende de sectores o actividades a intervenir de acuerdo a una planeación hecha desde las mismas áreas responsables y en ocasiones a revisiones extraordinarias ordenas y derivadas de denuncias de los propios trabajadores a los centros de trabajo.

Para justificar la metodología de esas revisiones, ordinarias o extraordinarias, la autoridad las ejecuta en base a una norma específica denominada Reglamento General de Inspección del Trabajo y Aplicación de Sanciones (REGITAS), el cual de acuerdo a su última versión publicada en el Diario Oficial de la federación el día 17 de junio de 2014, establece como objeto en su artículo primero lo siguiente:

ARTÍCULO 1.El presente ordenamiento rige en todo el territorio nacional y tiene por objeto reglamentar la Ley Federal del Trabajo, en relación con el procedimiento para promover y vigilar el cumplimiento de la legislación laboral y la aplicación de sanciones por violaciones a la misma en los centros de trabajo. Su aplicación corresponde tanto a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, como a las autoridades de las entidades federativas en el ámbito de sus respectivas competencias.

Del anterior objeto se tiene que dicho reglamento es entre otras cosas para “promover y vigilar el cumplimiento de la legislación laboral”; así como la aplicación de sanciones a quienes infrinjan en el mismo, y de su contenido se obtiene ya una figura que en la redacción del glosario de definiciones de su artículo segundo, define como “mecanismos alternos a la inspección”, lo cual lo define textualmente como:

ARTÍCULO 2.Para los fines de este reglamento se entenderá por:

 

  1. Mecanismos Alternos a la Inspección:Los esquemas que las Autoridades del Trabajo ponen a disposición de los patrones para que informen o acrediten el cumplimiento de la normatividad laboral, incluidos los utilizados por los organismos privados para la evaluación de la conformidad, debidamente acreditados y aprobados, así como las acciones de concertación y colaboración a través de convenios;

La definición anterior es tomada y resaltada, para ejemplificar como ya actualmente se pueden utilizar entes privados que auxilien a la autoridad laboral en su cometido y que si bien es cierto, aún no se trata de actividades que impliquen una equiparación en las funciones de prevención y supervisión que desarrollan, es un inicio para comprobar el planteamiento del presente estudio.

Por lo anterior entonces, nos gustaría estudiar un poco estos mecanismos, para retomar el planteamiento de la viabilidad y pertinencia de crear una figura como el OC laboral que sea precisamente un ente privado que auxilie a la autoridad a llegar al fin último de su obligación como estado, que es verificar que las condiciones y normas de trabajo se cumplan a cabalidad.

Así pues, el Reglamento, contempla mecanismos alternos de inspección los cuales identifica en su artículo 46 textualmente de la siguiente manera:

ARTÍCULO 46.Las Autoridades del Trabajo podrán comprobar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas en materia laboral, a través de Mecanismos Alternos a la Inspección del trabajo, que podrán ser entre otros, avisos de funcionamiento, cuestionarios, evaluaciones o requerimientos análogos para que los patrones o sus representantes, los trabajadores o sus representantes y los integrantes de las comisiones a que se refiere la Ley, proporcionen la información requerida.

Para la implementación y funcionamiento de Mecanismos Alternos a la Inspección, se podrá hacer uso de las tecnologías de la información. 

De ahí entonces que, el mecanismo alterno sea una forma paralela a la inspección concebida como la visita de un funcionario público (inspector), al centro de trabajo para verificar el cumplimiento de la ley y las normas laborales, sino que mediante encuestas, invitaciones y otros mecanismos similares, incluso mediante el uso de la tecnología, se pueda hacerle llegar la información de su cumplimiento.

Dicha labor “alterna” como veíamos en la definición del artículo 2 del Reglamento, se puede hacer por la propia autoridad directamente o en su caso por “Organismos Privados para la Evaluación de la Conformidad”, quienes además deben estar debidamente “acreditados y aprobados”.

En relación a lo anterior debemos saber quiénes son estos organismos y que hacen los mismos, para lo cual entonces, tenemos que la STPS, desde el año 2011, publico en el DOF, los Lineamientos relativos a la Aprobación, Evaluación y Seguimiento de Organismos Privados para la Evaluación de la Conformidad de los Normas Oficiales Mexicanas en Materia de Seguridad y Salud en Trabajo; en donde dentro de sus artículos 1 y 2, se presenta que son los mismos y el objeto de estos:

Artículo 1.-Las unidades de verificación, los laboratorios de pruebas y los organismos de certificación que realicen o deseen realizar actos para la evaluación de la conformidad de las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad y salud en el trabajo, expedidas por la Secretaría del Trabajo y Previsión y Social, se sujetarán a los presentes Lineamientos, sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes, reglamentos y demás normas que les sean aplicables.

Artículo 2.-Los presentes Lineamientos tienen por objeto establecer las condiciones y requisitos que deberán satisfacer las personas físicas o morales que deseen obtener la aprobación como unidades de verificación, laboratorios de pruebas y organismos de certificación para evaluar la conformidad de las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad y salud en el trabajo, expedidas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, así como la renovación, actualización o ampliación de su aprobación como organismos privados.

Asimismo, estos Lineamientos regularán los procesos relativos a la evaluación documental y en campo de los organismos privados, a efecto de constatar que cumplen con las disposiciones de la Ley y su Reglamento, así como de comprobar o confirmar que su personal y expertos cuentan con los conocimientos técnicos necesarios y/o que disponen de la capacidad y calidad técnica, material y humana requerida para los servicios que prestan.

Por último, determinarán las modalidades bajo las cuales estos organismos privados rendirán los informes sobre los dictámenes, informes de resultados y certificados que emitan.

Tenemos entonces que los organismos privados, son precisamente entes independientes al servicio público, que auxilian en su labor a la autoridad en términos de evaluación pruebas de cumplimiento en cuanto a las normas oficiales mexicanas de seguridad y salud en el trabajo; precisamente uno de los rubros que anotamos como de posible atención por nuestro OC propuesto.

Ahora otra de las interrogantes sería ¿quién acredita a estos organismos privados?, y además ¿Quién los aprueba para que auxilien a la autoridad laboral?, el porqué de ambas preguntas nace de que precisamente según la concepción de estos entes en la inspección del trabajo, los mismos tienen que ser acreditados por su naturaleza especializada y además aprobados. 

Primero, acerca de la acreditación tenemos, según el propio Lineamiento, que los mismos tienen que ser acreditados por una entidad especializada para ello, conforme a la Ley Federal de Metrología y Normalización, en cuyo contenido vamos a encontrar los requisitos para ser una entidad acreditadora, que como dato interesante también es una función que el estado delega en un particular para el cumplimiento de su fin. No obstante ello y sin meternos mucho al tema de la acreditación, tenemos que la Ley mencionada, desglosa los requisitos y puntos que deben obtener personas físicas y morales para ser acreditadas como especialistas en temas de Normas Técnicas Específicas. 

Por su parte, en cuanto a quien aprueba para que dichos entes privados autorizados y certificados puedan actuar como auxiliares privados en el tema del cumplimiento de normas laborales es la propia STPS, ello dado que los lineamientos en sus artículos del 4 al 10 contemplan los requisitos para su aprobación, actualización y renovación de sus permisos para actuar como entes privados en el auxilio del cumplimiento de las normas de trabajo.

De todo lo anteriormente analizado, tenemos que actualmente las leyes de la materia admiten la inclusión de entes privados en las revisiones que se hacen a los centros de trabajo; no obstante únicamente en cuanto al tema del auxilio en la revisión de ciertos aspectos técnicos en la evaluación de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo derivada de las NOMS mexicanas que se han dictado en la materia, por ejemplo el análisis de uso de materiales peligrosos en el centro laboral, estudios de ruido e iluminación en el mismo, normas de protección y seguridad, entre otras.

Por ello entonces, únicamente actualmente se utiliza el apoyo del ámbito privado en tan solo una parte (Seguridad e Higiene), de la gama de cuestiones que el estado debe supervisar en el cumplimiento de las leyes y normas del trabajo olvidando otros aspectos trascendentales en las mismas, como lo son el cumplimiento de las condiciones laborales, la seguridad social, el tratamiento del salario, etc. que si bien es cierto y como hemos visto son materia de verificarse mediante inspecciones, reiteramos, el estado no tiene la capacidad de verificarlas constantemente y por ello tenemos  vació en ocasiones que deriva a incumplimientos que se ven reflejados al final en conflictos, que llegan a un círculo vicioso de juicios y procedimientos que al final al propio estado le cuestan más.

Tenemos entonces que los demás rubros de revisión dependen solo de las inspecciones de trabajo, normadas por el reglamento respectivo, y como ya se mencionó dependen de un programa de revisión, aun cuando todos los centros laborales son inspeccionables, retomamos lo que establece el artículo 12 de dicho cuerpo normativo espacial:

ARTÍCULO 12.Serán objeto de vigilancia y promoción del cumplimiento de la legislación laboral todos los Centros de Trabajo, de acuerdo a la competencia de cada una de las Autoridades del Trabajo, y las agencias de colocación de trabajadores, conforme a los Programas de Inspección.

La vigilancia y promoción del cumplimiento de la normatividad laboral en los Centros de Trabajo, se realizará mediante Inspecciones, o bien, a través de los Mecanismos Alternos a la Inspección.

El mismo numeral nos reitera los únicos medios para hacerlo; las inspecciones o los mecanismos alternos de inspección que antes vimos, no hay otro medio contemplado, para llevar a cabo la verificación actualmente de los centros de trabajo.

Por lo que ve a las inspecciones, que en la actualidad el estado es el único que puede llevar a cabo, estas son de revisión a cumplimiento de normas laborales (ordinarias y extraordinarias), o de asesoría y seguimiento, y son precisamente estas últimas en las que queremos concentrar el esfuerzo de este trabajo, pues en ellas precisamente recae la posibilidad de que el OC en materia laboral, pueda como en las de medios alternos apoyarse de entes externos al servicio público para llevarlas a cabo y con ello no solo procurar abarcar más centro de trabajo con debida regularización en la materia, sino incidir para bien en las relaciones obrero-patronales y en ámbito de ambas partes.

Los artículos 18 y 19 del reglamento contemplan las inspecciones de asesoría y asistencia técnica mismas cuyo objeto y alcance se desprende de dicho numerales textualmente, lo siguiente: 

ARTÍCULO 18.Las Autoridades del Trabajo podrán, a solicitud de parte o en ejecución de los Programas de Inspección, realizar Inspecciones de asesoría y asistencia técnica con la finalidad de fomentar entre trabajadores y patrones, entre otros aspectos, el cumplimiento de la normatividad laboral, el trabajo digno o decente, la inclusión laboral, el impulso a la creación de empleos formales, elevar la capacitación y la productividad y promover una cultura de la prevención de riesgos de trabajo, salvaguardando en todo momento los derechos humanos laborales.

ARTÍCULO 19. Como resultado de estas Inspecciones, la Autoridad del Trabajo determinará, en su caso, las acciones preventivas o correctivas que deberán instrumentar los patrones, así como los plazos para su ejecución. Durante estos plazos, las Autoridades del Trabajo y los patrones, tomando en cuenta la naturaleza de las acciones por instrumentar, podrán programar visitas de seguimiento.

Si de las visitas de seguimiento resultaren incumplimientos a la legislación laboral, no se instaurará el procedimiento administrativo sancionador, sino que se programará una Inspección extraordinaria. Lo mismo aplicará en aquellos casos en que durante las Inspecciones de asesoría y asistencia técnica el patrón se niegue a recibir la visita o a realizar o adoptar las medidas necesarias tendientes a regularizar su situación jurídica o a prevenir o disminuir los Peligros o Riesgos Inminentes detectados. 

De estas acciones es de donde parte la esencia de la propuesta que se hace en el presente documento y que inicio puede tercerizar el estado para auxiliarse por medio de particulares (Oficiales de cumplimiento) y que es precisamente el lograr dos cosas concretas:

  • La asesoría y asistencia técnica de especialistas que ayuden a fomentar entre trabajadores y patrones el cumplimiento de las normas de empleo, entre las que están el impulso a la creación de empleos formales, la capacitación y la productividad, la cultura de prevención de riesgo de trabajo y el cumplimiento debido de las condiciones laborales que establece como mínimo la Ley Federal del Trabajo.
  • Buscar acciones preventivas y correctivas para el fin anotado en el punto anterior.
  • Debido seguimiento a la implantación de las acciones
  • Aviso a la autoridad cuando no se están implementando correctamente o se está siendo omisos en ello, esto para prevenir contingencias laborales de toda índole y en su caso corregirlas a tiempo.  

Para lograr lo anterior entonces, se hace la siguiente propuesta:

La creación oficial de la figura del Oficial de Cumplimiento en materia laboral, persona que sin ser autoridad, auxilie al estado, en buscar que las leyes en materia de trabajo se cumplan, tanto para patrones como para trabajadores, que busque prevenir y corregir aspectos de la vida laboral, qué sirva como asesor técnico en los centros de trabajo para ello y que con su intervención se disminuyan los conflictos laborales y los riesgos de trabajo.

Dicha persona, sin duda se necesita que sea un experto en materia laboral y sus materias de estrecha relación como la de seguridad social, así como que cuente no solo con conocimientos necesarios, sino con una amplia buena fama pública, que le permita ser persona digna de fe, para que se confié en su actuar y en sus recomendaciones y que el estado quede seguro y conforme que conforme a las leyes de la misma figura, les dará aviso oportuno de las anomalías que no quiera corregirse y por ende ahí el estado use los medios legales coercitivos y demás para hacerlo.

Con la creación de la figura todas las partes ganan; el estado por que tiene una persona auxiliando en sus funciones de prevención y supervisión; los trabajadores por que en las empresas revisadas y certificadas por este tipo de medios, se encuentra verdaderamente una seguridad en el cumplimiento de sus derechos; y los patrones quienes pueden contar con estos mecanismos para que su empresa tenga estabilidad laboral, que le permita a su vez bajar la incidencias de riesgos contingentes y un mayor crecimiento en su producción o en su servicio con gente más capacitada y preparada para ello.

Para lograr lo anterior, se necesita sin duda crear la figura dentro de las leyes reglamento y disposiciones respectivas, pero además que el estado sea garante de las personas que en su auxilio puedan llevar a cabo dichas labores, promoviendo su admisión y certificación mediante controles estrictos, para que quienes ejerzan la función, puedan ejecutarla con la confianza de un actuar apegado en la legalidad; esto es que no cualquier persona pueda convertirse en Oficial de Cumplimiento, sino solo aquellos a quien el estado acredite y certifique como tal.

Ruta para crear la figura del OC.

De acuerdo a lo aquí contemplado hay dos rutas para conseguir la inclusión de la figura, mismas que dividimos en dos posibilidades:

1.- La primera la ruta que siguió que el Oficial de Cumplimiento en materia financiera, que es buscar una reforma desde la ley general, hasta la emisión de las disposiciones particulares y que consistiría en opinión de este trabajo, en reformar el artículo 545 de la Ley Federal del Trabajo para que quede como se ilustra en el cuadro siguiente:

CÓMO ESTÁ ACTUALMENTE SU REDACCIÓN CÓMO QUEDARÍA EN LA PROPUESTA DE REFORMA
Artículo 545.- La Inspección del Trabajo se integrará con un Director General y con el número de Inspectores, hombres y mujeres, que se juzgue necesario para el cumplimiento de las funciones que se mencionan en el artículo 540. Los nombramientos se harán por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y por los Gobiernos de las Entidades Federativas. Artículo 545.- La Inspección del Trabajo se integrará con un Director General y con el número de Inspectores, hombres y mujeres, que se juzgue necesario para el cumplimiento de las funciones que se mencionan en el artículo 540. Los nombramientos se harán por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y por los Gobiernos de las Entidades Federativas.

 

Así mismo, para efectos de cumplir con dichas funciones referidas, las autoridades podrán auxiliarse de personas físicas o morales debidamente acreditadas; para lo cual la Secretaría del Trabajo y Previsión Social emitirá las disposiciones generales que contemplen los alcances y obligaciones de dichos auxiliares.

 

Una vez teniendo la reforma propuesta la STPS, deberá emitir las disposiciones de carácter general, que regulen el actuar de los auxiliares, en donde se deberá contemplar la creación de los Oficial de Cumplimiento y que además de sus obligaciones para el tema de la revisión y prevención laboral, los requisitos que estos deben cumplir y las formas de acreditarse y certificarse ante la secretaria para poder ejercer como tal.

Teniendo lo anterior emitir las convocatorias para acceder a la acreditación o certificación que oferte la misma autoridad.

Para lograr lo anterior se necesita:

A).- La iniciativa de reforma para que pase por el Congreso de Unión en cuanto a la LFT.

B).- La emisión de las disposiciones por la STPS.

C).- La emisión de las convocatorias para la certificación por la STPS.

2.- La segunda propuesta nace de la base de lo ya establecido en las leyes laborales, esto es usando como ejemplo la Figuera de los “organismos privados para la evaluación de la conformidad” que ya contempla el Reglamento de Inspección y Aplicación de Sanciones, en el mismo se incluya la figura del Oficial de Cumplimiento en materia laboral dentro de su apartado de definiciones en el artículo 2:

CÓMO ESTÁ ACTUALMENTE SU REDACCIÓN CÓMO QUEDARÍA EN LA PROPUESTA DE REFORMA
ARTÍCULO 2.Para los efectos de este Reglamento, se entenderá por:

 

I. Autoridad del Trabajo: Las dependencias o unidades administrativas, federales, estatales o del Distrito Federal, que cuentan con facultades para vigilar el cumplimiento de la legislación laboral y aplicar las sanciones en los casos que procedan;

II. Centro de Trabajo: Todo aquel lugar, cualquiera que sea su denominación, en el que se realicen actividades de producción, distribución de bienes o prestación de servicios, o en el que laboren personas que estén sujetas a una relación de trabajo, en términos del Apartado “A” del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de la Ley;

III. Inspección: Acto de la Autoridad del Trabajo competente mediante el cual se realiza la promoción y la vigilancia del cumplimiento a la legislación laboral, o bien se asiste y asesora a los trabajadores y patrones en el cumplimiento de la misma. Su desahogo se realiza de manera presencial en el Centro de Trabajo, a través de los servidores públicos facultados y autorizados para ello, o bien, mediante el uso de las tecnologías de la información, requerimientos documentales y análogos;

IV. Inspector del Trabajo: El servidor público designado por la Autoridad del Trabajo para practicar visitas en los Centros de Trabajo;

V. Ley: La Ley Federal del Trabajo;

VI. Mecanismos Alternos a la Inspección: Los esquemas que las Autoridades del Trabajo ponen a disposición de los patrones para que informen o acrediten el cumplimiento de la normatividad laboral, incluidos los utilizados por los organismos privados para la evaluación de la conformidad, debidamente acreditados y aprobados, así como las acciones de concertación y colaboración a través de convenios;

VII. Normas Oficiales Mexicanas: Las relacionadas con la materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, expedidas por la Secretaría u otras dependencias de la Administración Pública Federal, conforme a lo dispuesto en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su Reglamento;

VIII. Peligro o Riesgo Inminente: Aquél que tiene una alta probabilidad de materializarse en un futuro inmediato y supone un daño para la seguridad y salud o la pérdida de la vida de los trabajadores, o provocar daños graves al Centro de Trabajo, que se genera por la correlación directa de alta peligrosidad de un agente físico, químico, biológico o condición física, por exposición con los trabajadores;

IX. Programas de Inspección: Documentos que describen las acciones encaminadas a planear, organizar y controlar la promoción, aplicación y vigilancia del cumplimiento de la legislación laboral con base al capital humano, recursos presupuestarios y materiales con los que cuenta la Autoridad del Trabajo. Incluye, entre otros elementos, el protocolo o lineamiento de Inspección, los criterios rectores, así como los plazos y metas;

X. Secretaría: La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y

 ARTÍCULO 2.Para los efectos de este Reglamento, se entenderá por:

VIII.- Oficial de Cumplimiento: a la persona física o moral certificada que en auxilio de las dependencias o unidades administrativas federales o estatales, lleven a cabo las facultades a las que se refieren los artículos 18 y 19 de este reglamento.

 

Por su parte la reforma a los artículos 18 y 19 del reglamento para quedar:

CÓMO ESTÁ ACTUALMENTE SU REDACCIÓN CÓMO QUEDARÍA EN LA PROPUESTA DE REFORMA
ARTÍCULO 18.Las Autoridades del Trabajo podrán, a solicitud de parte o en ejecución de los Programas de Inspección, realizar Inspecciones de asesoría y asistencia técnica con la finalidad de fomentar entre trabajadores y patrones, entre otros aspectos, el cumplimiento de la normatividad laboral, el trabajo digno o decente, la inclusión laboral, el impulso a la creación de empleos formales, elevar la capacitación y la productividad y promover una cultura de la prevención de riesgos de trabajo, salvaguardando en todo momento los derechos humanos laborales. ARTÍCULO 18. Las Autoridades del Trabajo por sí o por conducto de Oficiales de Cumplimiento en Materia Laboral; podrán, a solicitud de parte o en ejecución de los Programas de Inspección, realizar inspecciones o acompañamientos preventivos permanentes de asesoría y asistencia técnica con la finalidad de fomentar entre trabajadores y patrones, entre otros aspectos, el cumplimiento de la normatividad laboral, el trabajo digno o decente, la inclusión laboral, el impulso a la creación de empleos formales, elevar la capacitación y la productividad y promover una cultura de la prevención de riesgos de trabajo, salvaguardando en todo momento los derechos humanos laborales.
ARTÍCULO 19.Como resultado de estas Inspecciones, la Autoridad del Trabajo determinará, en su caso, las acciones preventivas o correctivas que deberán instrumentar los patrones, así como los plazos para su ejecución. Durante estos plazos, las Autoridades del Trabajo y los patrones, tomando en cuenta la naturaleza de las acciones por instrumentar, podrán programar visitas de seguimiento.

Si de las visitas de seguimiento resultaren incumplimientos a la legislación laboral, no se instaurará el procedimiento administrativo sancionador, sino que se programará una Inspección extraordinaria. Lo mismo aplicará en aquellos casos en que durante las Inspecciones de asesoría y asistencia técnica el patrón se niegue a recibir la visita o a realizar o adoptar las medidas necesarias tendientes a regularizar su situación jurídica o a prevenir o disminuir los Peligros o Riesgos Inminentes detectados.

ARTÍCULO 19.Como resultado de estas Inspecciones o de los acompañamientos preventivos permanentes realizados por los Oficiales de Cumplimiento, se elaborará un programa acordado con los patrones de regularización de sus centros de trabajo con la intervención de una comisión mixta integrada para ello. 

 

Si el patrón durante la ejecución del programa o una vez concluido este en visitas de seguimiento periódico, se negara o continuara en incumplimientos a la legislación laboral; la Autoridad del trabajo de oficio o por informe del Oficial de Cumplimiento; programará una Inspección extraordinaria y del resultado de este aplicará en su caso los procedimientos sancionatorios a que haya lugar.

Lo mismo aplicará en aquellos casos en que el patrón o la incitación  se niegue a recibir la visita o a realizar o adoptar las medidas necesarias tendientes a regularizar su situación jurídica o a prevenir o disminuir los Peligros o Riesgos Inminentes detectados.

Una vez reformado el reglamento, se deberá emitir por parte de la STPS un Lineamiento para la Certificación de los Oficiales de Cumplimiento en Materia laboral, en donde se contemplen los alcances de esa figura y su actuar dentro del auxilio de las autoridades del trabajo, así como sus requisitos.

Hecho lo anterior se deberá emitir una convocatoria abierta para la certificación: 

Para lograr lo anterior se necesita:

A).- La modificación del Reglamento de Inspección de Trabajo y Aplicación de Sanciones por parte del Presidente de la República.

B).- La emisión de los Lineamientos por la STPS.

C).- La emisión de las convocatorias para la certificación por la STPS.

 

 

 

 

 

Hoy podemos congratularnos que las voces que libremente se han expresado en este recinto se vean fortalecidas con la participación con la mayoría de las personas que hoy somos responsables de todo el país para la próxima transición a un nuevo modelo de justicia laboral.

Cómo queremos que sea el nuevo modelo? Cuándo y dónde empieza la reforma? El porqué lo conocemos todos de manera cotidiana, retrasos, opacidad, injusticia, impunidad, falacias. Es verdad, todos y cada uno de los que estamos presentes hemos vivido en carne propia alguna de las circunstancias que justifique la reforma, pero también la mayoría de nosotros hemos padecido la impotencia por falta de normas jurídicas positivas y eficaces, carencia de coordinación entre autoridades laborales, criterios jurisprudenciales contrarios a los principios de la justicia social, y sí, grandes privaciones de recursos humanos y materiales para cumplir debidamente con nuestro cometido.

Insisto, las causas del debilitamiento de nuestra justicia social son muchas, es evidente, pero el mayor de los obstáculos uno para hacerla efectiva es la carencia de presupuesto, todas las voces confluyen en este mal que daña nuestras instituciones.

No es posible atender las demandas de una población que se ha multiplicado, con la misma infraestructura de décadas lejanas, pues nuestra realidad ya ha rebasado toda expectativa que se ha generado cuando se inicio el modelo de justicia laboral que hoy tenemos.

No es factible impartir justicia imparcial, profesional, digna, si no contamos con la infraestructura adecuada pata atender las necesidades inmediatas.

Es importante destacar que la obligación del estado para impartir justicia debe ser verdaderamente considerada por nuestros legisladores al momento de emitir el presupuesto de egresos.

Existen muchos pendientes y poco tiempo para atenderlos, debemos fortalecer la conciliación como medio idóneo y natural de solución a los conflictos laborales, pero cuidando en todo momento que no se convierta en un pre requisito para inhibir o alargar los procesos. Encontrar soluciones que no dejen cicatrices en el camino.

Tenemos que retomar la oralidad perdida de la justicia laboral, pero siempre vinculada a la inmediatez real, es decir, a la presencia imparcial y directa del juzgador laboral.

Lo que hoy está en juego es mucho más que un cambio de sede o de nombre, es indispensable que la impartición de justicia recupere la autoridad y la confianza de los justiciables y para ello tenemos que dejar los diagnósticos parciales y los intereses particulares. Una visión y acción de estado, donde todas las voces cuenten para construir soluciones contundentes.

Muchas gracias

  • Lugar: Palacio de Minería, Salón Bernardo Quintana, CDMX
  • Fecha: 26 de octubre de 2017