Reforma Laboral para Todos

Conversatorio Balance y perspectivas de la reforma constitucional en materia de justicia laboral

Conversatorio Balance y perspectivas de la reforma constitucional en materia de justicia laboral

26 de abril de 2018

Cámara de Diputados, Ciudad de México

          Participantes: 

  • Rafael Hernández Soriano, Diputado de la Fracción Parlamentaria del PRD, LXIII Legislatura;

  • José Alfonso Bouzas Ortiz, Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM;

  • Inés González Nicolás, Coordinadora dl Diálogo Sindical de la Fundación Friedrich Ebert México;

  • Saúl Escobar Toledo, Estudios Históricos del INAH e investigador;

  • Víctor Enrique Fabela Rocha, Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana y Unión Nacional de Trabajadores;

  • Claudia Patricia Juan Pineda, abogada y defensora de derechos humanos laborales.

 

 

Da clic aquí para descargar la memoria del Conversatorio

 

Bienvenida e Inauguración

Diputado Rafael Hernández Soriano

La importancia de la reforma laboral, el momento histórico, los riesgos y oportunidades en la situación legislativa resulta importante la participación de especialistas en materia laboral con representación plural de organizaciones sindicales, abogados, la academia y la sociedad civil.

En éste periodo legislativo teníamos un plazo de un año, que nos dio la reforma constitucional en materia de justicia laboral, que se venció el 24 de febrero de 2018.

La ausencia de discusión que se tuvo en el legislativo en un año, en el Senado de la República que fue la cámara de origen, donde se presentaron varias propuestas, una de ellas muy criticada porque fueron hechas con una visión arcaica en términos de las libertades sindicales y también retomando figuras nuevas pero contrarias a los intereses de los trabajadores, como la contratación triangulada o outsourcing. Esta propuesta fue presentada por dos senadores del Partido Revolucionario Institucional.

Por su parte, varios de los especialistas y diversos sindicatos han venido trabajando desde hace varios meses una propuesta con una visión alternativa, que comparto y coincido, porque hemos estudiado y obedece más a las libertades sindicales, a la democratización de las organizaciones de trabajadores y transparencias. Sin duda será una pieza legislativa, porque son propuestas de reforma a diferentes ordenamientos legales que han sido y seguirán siendo objeto de estudio para resolver lo que convenga mejor a los trabajadores.

De haberse presentado la iniciativa del PRI en la Cámara de Diputados seguramente se hubiera aprobado, porque son mayoría, afortunadamente hubo por todos los grupos parlamentarios el resolutivo sobre un punto de acuerdo en el que en esencia señala que, dado que no se ha discutido ampliamente ninguna de las propuestas que fueron presentadas en el Senado, y que hay que escuchar a los trabajadores, académicos, organizaciones de la sociedad civil, defensores de derechos humanos, y que por lo tanto habría que abrir un periodo de debate y desde aquel momento, por unanimidad, la cámara de Diputados dijo que no era la forma más adecuada en la que se estaba procesando y tendríamos que darle pulcritud.

Finalmente, esta decisión de carácter político legislativo tuvo coincidencia con el planteamiento de la Cámara de Diputados, por lo que muy probablemente tocará a la próxima legislatura, tanto de diputados como de senadores, revisar y en su caso legislar sobre la materia.

Por eso es muy importante que las y los trabajadores, sus representantes, académicos, defensores de derechos humanos y activistas estén poniendo ya sobre la mesa de la discusión pública sus propuestas eje para que en se espíritu de discusión en los próximos meses, se recojan observaciones, adiciones a la propuesta que han trabajado. Entiendo que y me consta que ha sido un trabajo muy profesional con décadas de experiencia.

 

Balance de la actividad desde el Observatorio Ciudadano de la Reforma Laboral

Alfonso Bouzas Ortiz

 La importante reforma Constitucional que en febrero de 2017 se publicó nos coloca en una situación en la que existen una serie de pendientes, entre los que se encuentra los siguientes:

  • Reformas a la Ley de Ingresos y Egresos de la Federación, para tener recursos económicos destinaos a la creación de los Tribunales de lo Laboral.
  • Reformas a la Ley Federal del Trabajo, en los que se encuentran ya los proyectos del PRI, PRD, PAN, el que inicialmente presentara el presidente Enrique Peña Nieto con la reforma constitucional de febrero de 2017, y la del Senador Alejandro Encinas.

Este resulta ser un paquete de discusión interesante que también se suma la Ley del Centro de Conciliación, Registro de Contratos Colectivos y Sindicatos y su Reglamento.

Con independencia de lo anterior se debe considerar la necesidad de que se modifiquen las siguientes leyes:

  • Ley General de Amparo,
  • Ley Orgánica de la Administración Pública Federal,
  • Ley Orgánica del Poder Judicial Federal,
  • Constituciones de los 31 Estados.
  • Leyes Orgánicas de los 31 Estados,
  • Leyes Orgánicas de los Poderes Judiciales de los 31 Estados,
  • Leyes de Ingresos y Egresos de los31 Estados.

Posiblemente la expedición de una ley de los organismos conciliadores de los 31 Estados y una ley del Organismo Conciliador y Registro de Contratos y Sindicatos.

También se debe pensar que habrá que modificar las leyes del IMSS y del INFONAVIT

El objetivo de la reforma constitucional fue terminar con los cotos de poder que mantienen a cientos de parásitos bajo la denominación de secretarios generales de sindicatos, que tomaron distancia de los trabajadores que representan o nunca tuvieron cercanía, pero que tuvieron la habilidad de entenderse con los empleadores para mantener el control de las condiciones de vida y salario de los trabajadores, que se dicen representar, para intensificar las condiciones de trabajo, depauperar los salarios y bajar los niveles de vida de los que viven de trabajar, a partir de una solicitud empresarial que supone que el país sólo podrá salir de la situación económica en que se encuentra, sacrificando los intereses de las mayorías.

Es necesario reconocer que la acción internacional de sindicatos y organizaciones sociales internacionales ha sido fundamental.

Estamos en la segunda etapa de esta lucha, la primera fue revertir el fraudulento proyecto priista que como gatopardismo pretendió imponernos otra vez el tripartismo y liquidar las posibilidades de democracia sindical.

Esta etapa, mediada por un importante proceso electoral en el que los dueños del poder han comprometido la administración pública no por seis años sino por más, ante la posibilidad de tener que ceder el poder por mandato popular, tenemos que asumir la responsabilidad de mejorar nuestras condiciones de vida y trabajo, pero también la responsabilidad de sacar a nuestro país de la situación económica en que se encuentra, es decir, mejores salarios e incrementos de la productividad.

El paso implica que propongamos reformas reglamentarias que en una primera etapa regresen los sindicatos a manos de los trabajadores. Este es el mandato constitucional de la reforma de 2017 y, con posterioridad hagamos las reformas que consideren las condiciones de la pequeña y mediana industria y establezcan las condiciones de trabajo en las empresas trasnacionales, paso para el cual necesitaremos la convergencia de sindicatos de otras regiones para alcanzar contratos colectivos globales y nuestros dirigentes sindicales auténticos tendrán que revisar con sus pares, de otras latitudes, las variables básicas en las que todos realicemos nuestro trabajo.

Inés González Nicolás

Este evento es un balance de lo que significó el trabajo de las organizaciones sociales para poder tener un estado como el que hoy conocemos sobre la reforma laboral secundaria.

Primero, es importante señalar que este movimiento que integró a sindicatos, organizaciones de la sociedad civil, personas, académicos a nivel nacional, nos dejó la enseñanza de nuevas formas de organización y lucha, aprovechando los nuevos momentos, elementos de la tecnología y medios de comunicación.

La creación del Observatorio Ciudadano de la Reforma Laboral fue fundamental porque logró reunir el esfuerzo a nivel nacional de muchos actores relevantes, que a su vez permitieron llegar a otros actores y organizaciones.

Logramos tener la solidaridad internacional de sindicatos relevantes en el mundo. Y también logramos llamar la atención de actores importantes de los Estados Unidos y poder contar con sus opiniones acerca de una reforma laboral secundaria que no contribuye a la democracia y a la libertad sindical.

Muy importante también ha sido la participación de personas trabajadoras que se integraron al Observatorio Ciudadano d la Reforma Laboral.

Un grupo fundamental que planteo sus ideas en contra de una reforma laboral que pretendía la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), fue sin duda, la presencia de las mujeres sindicalistas que hoy tienen una propuesta con ideas concretas de cómo quieren una reforma laboral secundaria que apuntale la reforma constitucional, que también sea incluyente, inclusiva, en la cual las mujeres sean tomadas en cuenta, no solamente para la consulta, sino también para la creación del organismo público descentralizado y otros aspectos que tienen que ver con la justicia laboral. Porque no se pueden conciliar conflictos laborales como el acoso sexual. Imaginemos que el organismo recibe a la víctima y a la personas, ya sea otro trabajador o el patrón, en donde ocurre un delito de hostigamiento sexual y los ponen a conciliar. Eso no es posible.

La Ley General por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres lo dice claramente en su artículo octavo: no pueden conciliarse delitos de esta naturaleza.

Entonces las mujeres trabajadoras dijeron también su opinión y ésta fue fundamental.

El movimiento generado a partir de la reforma constitucional y de la reforma secundaria, nos permitió comprender un gran vacío de información, espacio que es cubierto por la Campaña Reforma Laboral para Todos a través de su página web, con memorias de foros, notas periodísticas, iniciativas y videos.

La CTM, CROC y el PRI lograron consolidar un movimiento de resistencia a su proyecto a través de las redes sociales del Observatorio Ciudadano de la Reforma Laboral y la Campaña Reforma Laboral para Todos, entre otros muchos grupos que se han manifestado.

La relación Estado – Sindicatos se mantiene intacta en la iniciativa del PRI CTM CROC. El voto libre y secreto no lo menciona. Por eso creemos que la iniciativa, porque fue público, que presentaron los senadores Tereso Medina Ramírez e Isaías Gonzáles Cuevas, no fue una iniciativa de su autoría sino que fue de la autoría del gobierno federal y de los empresarios. Por eso pensamos que el corporativismo sindical quiere mantener su estatus, conservar “la gallina de los huevos de oro” que es la firma de los Contratos Colectivos de Protección Patronal; y la relación del Estado y los sindicatos quedó intacta en esa iniciativa.

Qué sigue?. Esta reforma está muerta. Pero no está muerta porque lo diga Carlos Aceves del Olmo. Necesitamos que los dos senadores retiren oficialmente en el Senado esta iniciativa, ya que de no ser así podría ser tomada en cuenta en cualquier momento.

Es importante decirle al señor Carlos Aceves del Olmo que a él le compete hacer lo propio, como se ha publicado en los últimos días, que se expulsarán o se tomarán medidas en contra de estos dos legisladores Tereso Medina Ramírez e Isaías Gonzáles Cuevas. Esperemos que haga lo que le compete como secretario general de la CTM. Eso le pediríamos.

Y yo creo que lo que puede pedir el señor Carlos Aceves del Olmo a Tereso Medina Ramírez e Isaías Gonzáles Cuevas, es que hagan el retiro oficial de su iniciativa.

Hoy ganamos tiempo y este movimiento que creamos tiene el reto para construir una iniciativa que recoja las demandas de todos y todas las personas trabajadoras de éste país. Una iniciativa incluyente e inclusiva con la cual podamos presentarnos en la siguiente legislatura.

 

Balance de la Reforma Laboral

Saúl Escobar Toledo

A todos no atraviesa un sentimiento contradictorio, por un lado de alivio, por otro lado de onda preocupación. De alivio porque la propuesta de la CTM y CROC de los senadores del PRI, quedó congelada; en la práctica quedó desechada, al margen de la discusión parlamentaria, no se aprobó, no prosperó.

Pero también de onda preocupación porque no se aprobó ninguna otra. La reforma constitucional aprobada en febrero de 2017 quedó inconclusa, no se puede aplicar, no puede avanzar y estamos en un vacío legal, una vacatio legis que quiere decir que hay una ley, pero no hay posibilidades de que esta ley se traduzca en hechos reales, en la posibilidad de que se ejecute, que se ponga en práctica, que se implemente, que se haga realidad.

Esta es una preocupación muy seria, porque quiere decir que la reforma va tener que esperar un tiempo indeterminado, lo que puede ser de grandes y graves consecuencias para el país.

Una parte sustancial de la reforma constitucional de crear tribunales especializados en materia laboral dentro del poder judicial, es una reforma histórica de gran importancia, primero, porque nunca ha habido este tipo de tribunales, simplemente desde la Constitución de 1917 se crearon las juntas tripartitas como impartidoras de justicia, por lo tanto nunca se crearon tribunales dentro de Poder Judicial para impartir justicia laboral.

Y antes de la Constitución de 1917 no había justicia laboral ni de esa, ni de ninguna otra. Simplemente se pensaba que el asunto de las relaciones laborales era un asunto privado que correspondía resolver sólo al empleador y al empleado, al patrón y al trabajador. Y por lo tanto no era necesaria ninguna regulación jurídica, ni estatal sobre las relaciones laborales.

A partir de 1917 se reconoce al derecho laboral a la relación entre obreros y patrones como una materia que compete a la ley, a la Constitución, al derecho y por lo tanto a la regulación del estado y a la participación de los actores para dirimir las controversias entre capital y trabajo a través de una serie de instituciones y leyes.

Si nunca ha habido tribunales de justicia laboral en México, crearlos significa un trabajo inmenso. Se trata de capacitar gente, de abrir nuevas oficinas, de revisar el derecho laboral, de revisar otras experiencias internacionales, se trata de una tarea muy complicada y muy laboriosa que no sabemos cuando va a empezar. Y no se puede empezar porque no se ha legislado sobre la materia, está la reforma constitucional, pero la Ley Federal del Trabajo no está reformada en concordancia con la reforma constitucional.

Además de los tribunales, está el asunto de crear el órgano independiente para el registro de contratos colectivos y de sindicatos; que hasta ahora esa responsabilidad recae o bien en la Secretaría del Trabajo para casos de carácter federal o bien las juntas locales de conciliación y arbitraje para casos locales. Pero en cualquier caso la autoridad estaba actuando para decidir qué sindicatos y qué contratos se podían convertir en un instrumento legal.

Al crearse un órgano independiente se supone que cambiará esta situación, ya no será un responsabilidad de los gobiernos, por ejemplo de la Secretaría del Trabajo, de los funcionarios públicos, sino de la responsabilidad de un órgano independiente. Esto también queda truncado y por lo tanto no sabemos cuando vamos a poder cambiar el régimen de registro de sindicatos y de contratos colectivos.

Y el voto secreto que también viene en la reforma constitucional de 2017, tampoco se podrá aplicar.

Sin embargo, estamos animados, pero también hondamente preocupados por esta incertidumbre que se abre a partir de que se declaró que ya no va a haber reforma laboral en ésta legislatura. Entonces se abre un periodo de vacío, de inquietud, de incertidumbre de no saber cuándo podremos contar con los instrumento que la reforma constitucional abrió en febrero de 2017.

Y esta es nuestra próxima tarea, para que la incertidumbre se convierta en una perspectiva real de entrar en un proceso de adquisición de derechos que marca la reforma, necesitamos un gran trabajo de movimientos sindicales realmente representativos y también una presión unificada en la próxima legislatura.

Esperamos que la correlación de fuerzas cambien y que haya diputados y senadores sensibles a la problemática obrera.

Pero también es lógico esperar que estos nuevos diputados y senadores no sólo sean sensibles, sino que tengan la presión, la información y la iniciativa de organizaciones sindicales, académicas y políticas del mundo laboral para que puedan utilizar este conocimiento en un sentido favorable de acuerdo a las reformas.

Esta organización tendrá que fortalecerse, no sólo esperar el resultado de las elecciones, sino sobre todo, avanzar en la organización para que antes del primero de septiembre que se inicia la nueva legislatura, tengamos ya lo más unificado y claramente planteado por parte de este gran movimiento, nacional e internacional, los fundamentos de la nueva reforma laboral.

Hay una situación compleja, difícil, de incertidumbre, pero se abre, por lo tanto también, una oportunidad para volver a empezar correctamente.

Esta es la situación que estamos viviendo y así como están las cosas tenemos que organizarnos, trabajar e impulsar para que los derechos laborales se coinviertan realmente ejecutables, exigibles y que se vean en la vida diaria de los trabajadores

 

Balance de la reforma laboral

Víctor Enrique Fabela Rocha

El 24 de febrero de 2017 cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional en justicia laboral, desde la Unión Nacional de Trabajadores y en general del sindicalismo independiente de este país, nos dio mucho gusto que ahí se vieran reflejadas viejas aspiraciones de los trabajadores: el derecho al voto secreto, la desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje. Un conjunto de elementos que permitían pensar que, con insuficiencia, se reflejaban parte de los anhelos de los trabajadores contenidas por muchos años en lo legal y en el día a día.

Después venía la definición de la ley secundaria y todo un tiempo, como parte de las prácticas cotidianas de este país, de obscuridad, donde las cosas se deciden en lo oscurito, donde no hay información, donde no hay comunicación, como acaba de pasar hace un par de días con la aprobación del TPP 11 y otras tantas.

En ese momento pareció que no se movió absolutamente nada y que vía filtraciones y comentarios de voces amigas en el legislativo se supo que se estaba trabajando esta ley secundaria y no necesariamente en congruencia con la reforma constitucional. Hubo varias filtraciones y pareció por momentos que no pasaba nada, sin embargo a finales del 2017 hubo la certidumbre que venía una iniciativa totalmente lesiva a los derechos de los trabajadores, que retrocedería mucho más de lo que se había logrado avanzar en el terreno constitucional.

Desde la Unión Nacional de Trabajadores nos dimos a la tarea de establecer una estrategia de cinco ejes:

1.- Trabajar una iniciativa actualizada de propuesta de ley secundaria que recupere muchas de las experiencias del sindicalismo democrático independiente, de connotados abogados laboralistas, para buscar colocar, además de la protesta que es necesaria cuando vemos venir algo que nos afecta, la propuesta. Tener protesta pero también tener propuesta. Y logramos colocarla ya casi para cerrar el periodo legislativo en diciembre de 2017.

2.- Empezar junto con otras organizaciones sindicales, campesinas y sociales aliadas, toda una dinámica de movilización. En ese sentido convergimos con el sindicato minero, con la Nueva Central de Trabajadores, la CENSUESIC y otras expresiones sindicales del movimiento democrático y logramos movilizaciones conjuntas como la del 31 de enero en la Ciudad de México y en las principales capitales de nuestro país. En unas 180 localidades salimos a la calle por el rechazo a la contrarreforma laboral del PRI CTM CROC.

3.- También se dio una acción internacional concertada desde México para presionar al gobierno mexicano con organizaciones como la AFL-CIO, CSI, CSA, UNI, IndustriALL y otras que reaccionaron a solicitud específica de organizaciones mexicanas para que el gobierno detuviera esta iniciativa.

4.- Desplegamos una iniciativa importante en los medios de comunicación y redes sociales, con comunicados y presencia y con el Observatorio Ciudadano de la Reforma Laboral, una iniciativa del Doctor Alfonso Bouzas, que es un espacio plural, colectivo, para conjugar esfuerzos de muchos y de muchas organizaciones, ciudadanos, abogados, académicos, para poner por delante los temas en que estábamos de acuerdo.

5.- Posicionar recursos jurídicos que permitieran tener muy clara la ruta en caso de que se consumara la imposición de la iniciativa PRI CTM CROC. Amparos, acudir a la Suprema Corte y si se atoraba recurrir a los espacios internacionales, como la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.

Toda esta suma critica de voluntades y esfuerzo nos permite decir, sin ánimo de exceso de confianza, que logramos entre todos y todas detener este intento de retroceso en los derechos laborales. Hay que decirlo abiertamente, no fue casualidad porque hoy parece que los medios dan cuenta que gracias a que la CTM la retira como si nos hubiera hecho un gran favor, pero fue bajo la presión y los cálculos electorales del gobierno. Todo esto se conjugó y la detuvimos.

No todos vieron con simpatía nuestra iniciativa, pero coincidimos en detener lo otro y logramos posicionarlo en los medios, donde el Observatorio Ciudadano y la Campaña Reforma Laboral para Todos jugaron un papel importante

¿Qué sigue? Tuvieron un año para haber promulgado la ley secundaria que se venció el 24 de febrero de este año. Por lo que la Barra Mexicana de Abogados presentó un amparo señalando que estaba fuera de tiempo.

Desde nuestra opinión sí es un factor fundamental lo que puede pasar el primero de julio. Si como los pronósticos están que habrá cambio en la conducción del país, probablemente también cambie la correlación de fuerzas de espacios de la Cámara de Diputado y de Senadores, seguramente pueden pasar varias cosas:

Un escenario complicado es que si el partido en el poder hoy, el PRI, pierde la elección seguramente después del primero de julio estará pensando en un periodo extraordinario donde ya sin ningún escrúpulo, sin ningún cálculo electoral, impulsen sin miramientos la ley laboral, el tema de la ley de seguridad interior, la ley de Ciencia y Tecnología, y entonces los hace doble o triplemente peligrosos, por lo que habrá que estar atentos y no bajar la guardia.

Hoy alegrarnos que logramos detener la contrarreforma del PRI CTM CROC, pero esto no debe significar exceso de confianza. 

 

Balance y perspectiva de la reforma laboral

Patricia Juan Pineda

Es importante dejar claro que el objetivo real de la reforma constitucional era garantizar que los trabajadores y trabajadoras mexicanas ejerzan y gocen efectivamente de sus derechos fundamentales de trabajo. Que esto ha sido materia de quejas y denuncias a nivel internacional en diferentes instancias, y que también ha sido una denuncia del sindicalismo independiente durante años de lo que hemos denominado el contratismo de protección patronal, que consiste en una violación sistemática de la libertad sindical, es decir el derecho de asociación, negociación colectiva y huelga.

Es necesario recordar que como antecedentes de este proceso está la revisión de los tratados comerciales en los cuales en cada uno de ellos, en el de la Unión Europea, el de América del Norte y el Tratado Transpacífico, se requirió al Estado Mexicano que respetara los derechos de los trabajadores para poder generar condiciones de inversión y no hubiera una competencia desigual entre los trabajadores.

En este sentido también estuvo el antecedente de las quejas que se presentaron en la Organización Internacional del Trabajo (OIT), condos resoluciones particularmente interesantes, una de la Queja 2694, y las otras son las recomendaciones de los últimos cinco años en las cuales se le ha solicitado a México que atienda el respeto a los derechos laborales.

En este sentido, es importante retomar que más allá de que las propuestas que se han presentado, se han estado criticando y señalando sus defectos, precisamente porque no respetan estos derechos y porque lo que está generando son condiciones de abaratamiento de la mano de obra, y lo único que está buscando es que los trabajadores no puedan acceder a estos derechos individuales y colectivos, señalando en un proceso de intervención en la vida y en la autonomía de los mismos.

Por ello consideramos importante que cualquier reforma reglamentaria que se presente debe contener como requisitos específicos, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos laborales manteniendo el carácter social y tutelar, atendiendo las diferencias entre las partes involucradas y sobre todo de los sectores más desprotegidos como son las mujeres.

El Estado Mexicano está obligado mediante instrumentos y compromisos internacionales, recomendaciones y observaciones, a promover y proteger los derechos humanos laborales: libertad sindical y estabilidad en el empleo. Es inconcebible la libertad sindical sin estabilidad en el empleo.

Los legisladores tienen esta importante responsabilidad y encargo de cumplirlos y las organizaciones sindicales de exigir su goce y ejercicio pleno y hacer valer de manera estratégica, a nivel nacional e instancias internacionales, sus derechos humanos.

Es vital que la propuesta de legislación reglamentaria tenga como base los estándares internacionales en la materia, siendo referentes obligados el caso Lagos del Campo contra Perú, sentencia del 31 de agosto del 2017 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde hace un estudio profundo de la importancia de la estabilidad en el empleo en vinculación con la libertad sindical, son interdependientes, y no se puede pensar ninguna reforma laboral, no se puede ningún ejercicio de estos derechos si no se protegen en el mismo nivel.

El voto razonado emitido por el Juez Sergio García Ramírez en opinión consultiva 1118/13, emitida por la Corte Interamericana el 17 de septiembre de 2013, así como las recomendaciones emitidas por la Comisión de Expertos en la Aplicación de Convenios y Recomendaciones; y el Caso 2694 del Comité de Libertad Sindical, estos dos últimos de la Organización Internacional del Trabajo, los cuales han señalado reiteradamente los vicios estructurales al Estado Mexicano, y requiere al Estado que la legislación que se desprenda de la reforma constitucional contenga las medidas legislativas y prácticas necesarias para garantizar la libertad sindical que incluya el registro sindical, la publicidad de estos registros y estatutos sindicales y contratos colectivos.

La creación del órgano descentralizado sobre el procedimiento de registro sindical debe ser un órgano autónomo y el cual deba tener criterios específicos de operación.

El proceso legislativo debe garantizar la consulta y el diálogo social incluyente y participativo con las organizaciones sindicales que representen efectivamente a los trabajadores; y que la asistencia técnica de la OIT, que ha sido reiteradamente señalar al Estado Mexicano que debe aceptarla, ante la necesidad de que los estándares internacionales se vena reflejados en la legislación, sea parte de éste proceso legislativo y que el Estado Mexicano deje de negarse a la misma .

Temas nodales

  • La autonomía del órgano administrativo nacional responsable del registro y actualización sindical, cuya junta de gobierno no reproduzca ese tripartismo falso y los vicios que tanto se han criticado.
  • La modernización, diferenciación y definición competencial clara de los procesos administrativos de los contenciosos, con instancias responsables de cada uno.
  • Criterios objetivos, imparciales, autónomos, transparentes y razonables sobre el proceso conciliador en sus etapas y mecanismos, sin condicionamientos para acceder al órgano administrador de justicia.
  • Los procedimientos en el ámbito individual deben tener el carácter público, social, tutelar en todas sus etapas, considerando la universalidad, interdependencia y indivisibilidad de los derechos fundamentales laborales.
  • Que se contemplen sanciones que inhiban la violación de éstos derechos humanos laborales, tal es el caso de los salarios caídos que se han reducido a un año, y se ha señalado reiteradamente, cuando un derecho humano es violado, la sanción debe ser del mimo nivel, outsourcing, renuncias en blanco, incumplimiento a la seguridad social, el acoso sexual, entre otros.
  • Debe contemplarse la reparación del daño que restituya el proyecto de vida afectado por tal circunstancia.
  • La consulta directa a los destinatarios de un contrato colectivo, previo a su firma y depósito mediante el voto libre y secreto y en lugar neutral. No se permitirá un registro automático como el que se propone.
  • Diferenciar los procesos de huelga y titularidad, donde no existe la conciliación y el pleno respeto a las autonomías sindicales.
  • El voto libre y secreto para la elección de comités ejecutivos.
  • Garantizar el acceso a la justicia y debido proceso a las personas trabajadoras y organizaciones sindicales, eliminando definiciones ambiguas y actos unilaterales patronales, como se presentó el conflicto económico en el proyecto del PRI, en el cual se excluyen los sindicales para opinar al respecto.
  • Respeto hacia las diferentes formas de organizaciones sindicales y su acceso a la negociación colectiva. En la propuesta priísta se negaba a los sindicatos gremiales.
  • La instancia responsable de la administración de justicia deberá ser autónoma, transparente, independiente, imparcial, que se rija por los principios de celeridad y economía procesal. Su personal, previamente, tendrá que capacitarse teniendo claro el origen y el fin de la legislación laboral, que es la protección de la parte débil, la trabajadora, frente al poder económico que es la patronal.
  • Plena aplicación e interpretación de los estándares internacionales de los derechos humanos laborales y perspectiva de género.
  • El marco que rija la transparencia y protección de datos a nivel nacional sea la ley general en la materia y los estándares internacionales.
  • Que la restitución de los derechos y prestaciones sociales y económicas se realice con el parámetro del salario mínimo. Debe quedar claro que la U.M.A. Unidad de Medida y Actualización, es para obligaciones no para el ejercicio de derechos.
  • La estrategia es tener una legislación reglamentaria que garantice el diálogo social, el ejercicio pleno de los derechos humanos laborales, reconozcan la importancia el papel que juegan para la democracia y el Estado de Derecho, que concite a la unidad de las organizaciones laborales y que contribuya al desarrollo y generación del trabajo decente.

Hoy podemos congratularnos que las voces que libremente se han expresado en este recinto se vean fortalecidas con la participación con la mayoría de las personas que hoy somos responsables de todo el país para la próxima transición a un nuevo modelo de justicia laboral.

Cómo queremos que sea el nuevo modelo? Cuándo y dónde empieza la reforma? El porqué lo conocemos todos de manera cotidiana, retrasos, opacidad, injusticia, impunidad, falacias. Es verdad, todos y cada uno de los que estamos presentes hemos vivido en carne propia alguna de las circunstancias que justifique la reforma, pero también la mayoría de nosotros hemos padecido la impotencia por falta de normas jurídicas positivas y eficaces, carencia de coordinación entre autoridades laborales, criterios jurisprudenciales contrarios a los principios de la justicia social, y sí, grandes privaciones de recursos humanos y materiales para cumplir debidamente con nuestro cometido.

Insisto, las causas del debilitamiento de nuestra justicia social son muchas, es evidente, pero el mayor de los obstáculos uno para hacerla efectiva es la carencia de presupuesto, todas las voces confluyen en este mal que daña nuestras instituciones.

No es posible atender las demandas de una población que se ha multiplicado, con la misma infraestructura de décadas lejanas, pues nuestra realidad ya ha rebasado toda expectativa que se ha generado cuando se inicio el modelo de justicia laboral que hoy tenemos.

No es factible impartir justicia imparcial, profesional, digna, si no contamos con la infraestructura adecuada pata atender las necesidades inmediatas.

Es importante destacar que la obligación del estado para impartir justicia debe ser verdaderamente considerada por nuestros legisladores al momento de emitir el presupuesto de egresos.

Existen muchos pendientes y poco tiempo para atenderlos, debemos fortalecer la conciliación como medio idóneo y natural de solución a los conflictos laborales, pero cuidando en todo momento que no se convierta en un pre requisito para inhibir o alargar los procesos. Encontrar soluciones que no dejen cicatrices en el camino.

Tenemos que retomar la oralidad perdida de la justicia laboral, pero siempre vinculada a la inmediatez real, es decir, a la presencia imparcial y directa del juzgador laboral.

Lo que hoy está en juego es mucho más que un cambio de sede o de nombre, es indispensable que la impartición de justicia recupere la autoridad y la confianza de los justiciables y para ello tenemos que dejar los diagnósticos parciales y los intereses particulares. Una visión y acción de estado, donde todas las voces cuenten para construir soluciones contundentes.

Muchas gracias

  • Lugar: Palacio de Minería, Salón Bernardo Quintana, CDMX
  • Fecha: 26 de octubre de 2017