Reforma Laboral para Todos

3er. Foro: Reforma Laboral para Todos y Todas

3er. Foro: Reforma Laboral para Todos y Todas

Apuntes

Cámara de Diputados, Ciudad de México

28 de febrero 2018

 

Boletín de medios No. 5010
Comunicación Social, Cámara de Diputados

 

Analizan reforma laboral para incluir perspectiva de género

28-02-2018.- El diputado Juan Romero Tenorio (Morena), presidente de la Comisión Especial para Combatir el Uso de Ilícitos en los Procesos Electorales, inauguró el foro “Reforma laboral para todos y todas”, con el fin de analizar la ley secundaria desde la perspectiva de género, para que sea inclusiva y contribuya a fortalecer el Estado de Derecho y el desarrollo.

El diputado aseguró que falta perspectiva de género que reconozca los derechos de las mujeres y restituya los agravios que se han generado.

Consideró que este evento marcará los lineamientos que impulsen propuestas que rescaten la dignidad de las mujeres y, consecuentemente, de los hombres “porque no podemos caminar si no están ellas caminando junto con nosotros”.

Se congratuló por la lucha histórica que ha realizado la mujer en defensa de sus derechos, así como su perseverancia y persistencia para que se reconozca la perspectiva de género en la justicia laboral y cotidiana.

En su oportunidad, Inés González, de la Fundación Friedrich en México, afirmó que no es posible tener una ley que sólo ubique a los hombres como actores del trabajo; por ello “queremos una ley que recoja de forma transparente y clara nuestros derechos. Hoy tenemos la oportunidad de reflexionar cómo es la ley que queremos”.

Consideró que una justicia que se aplique por igual a todos es desigual, es injusta, porque “las mujeres atravesamos particularidades tan sólo por nuestra condición y no deberíamos ser castigadas, pero sí debemos tener derechos para poder ejercer un desarrollo pleno como cualquier ser humano”.

Recordó que a través de los años, las mujeres trabajadoras y sindicalistas, han luchado por tener una ley federal que incorpore añejas demandas.

Afirmó que la reforma laboral secundaria es un asunto de todos y de todas. Desde la creación de la Ley Federal del Trabajo, los derechos de las trabajadoras no fueron incorporados plenamente, la legislación apenas abordó aspectos sobre la maternidad.

Agregó que en 2012, fue añadido el principio de la igualdad sustantiva y con la reforma Constitucional decretada el 24 de febrero de 2017, solo se adicionaron algunos temas como justicia, democracia y libertad sindical; sin embargo, subrayó, se abrió la oportunidad de una reforma legal con perspectiva de género, que tome en cuenta la actual realidad del mundo laboral.

Paneles de trabajo

Al participar en el Panel I, Justicia laboral y Estado de Derecho, Luisa María Alcalde Luján, abogada laborista, indicó que de los 7.5 millones de jóvenes que no estudian y tampoco trabajan, 75 por ciento son mujeres; de ellas, la gran mayoría no está disponible para laborar por estar al cuidado de niños, niñas, enfermos, personas de la tercera edad o con discapacidad.

La ex legisladora señaló que se debe buscar una propuesta que respete la Constitución, con las aportaciones de expertos, trabajadores, sindicatos, empleadores, por supuesto, “y proteger que no se dé marcha atrás a los avances. En eso no estamos dispuestos a ceder”.

Consideró necesario impulsar mejores puestos y condiciones de empleo como una prioridad, pues los niveles de desigualdad y pobreza “a los que hemos llegado” son producto de haber apostado al empleo a través de grandes empresas transnacionales, pues se deterioró al campo hasta el punto en que no se puede subsistir en él y a tener los salarios más bajos y los empleos más precarios en América Latina.

En materia de género, señaló que la legislación debe incluir la paridad en la contratación colectiva “para avanzar en luchas que no se ha ganado en congresos”. Precisó que existen diferentes normas vinculadas con el acoso y la discriminación pero que no se aplican porque no hay inspección para identificar violaciones a la ley.

Enseguida, la académica de la Universidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco, Quetziquel Flores, indicó que se requiere una reforma democrática que establezca mecanismos para que los empleadores especifiquen políticas internas de igualdad sustantiva; de inspección del trabajo para transversalizar cuestiones de género y de revisión salarial, jornada de trabajo, descanso y seguridad.

Asimismo, se deben plantear mecanismos estatutarios para que los sindicatos establezcan medidas proporcionales de representación de las mujeres.

A su vez, Montserrat Rizo Rodríguez, visitadora de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, indicó que “la reforma laboral debe garantizar los derechos humanos de todas y todos los trabajadores”.

Refirió que existen propuestas que contienen disposiciones que son un retroceso a los derechos humanos laborales y elimina conquistas de los trabajadores, sin considerar principios constitucionales de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. De ahí la importancia de impulsar espacios de reflexión, análisis y discusión para tener mejores guías para la reglamentación e implementación de las reformas.

En el segundo panel titulado “Hacia el fortalecimiento de las instituciones laborales”, Edith Ramírez, feminista laboralista y activista por los derechos de las mujeres trabajadoras, habló sobre la libertad y democracia sindical.

Dijo que para lograr más participación de la mujer en la vida sindical, es necesaria una política de estado que propicie la colaboración de éstas. También se debe vigilar que en los estatutos sindicales no se establezcan disposiciones que contengan cuestiones de discriminación y violencia.

La participación de la trabajadora en las organizaciones, agregó, se dará con una nueva legislación que obligue una representación de género, impidiendo el lenguaje sexista en los contratos colectivos y obligando a las empresas a destinar recursos para su desarrollo.

“Es importante el voto libre, personal, universal y secreto, porque la vida sindical permite a las y los trabajadores ejercer su derecho y libertad para decidir”, consideró.

En representación de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, Selene Isela Campos López, secretaria auxiliar del servicio público de conciliación, abordó el tema del organismo público descentralizado, en materia de mecanismos alternos para la superación de conflictos.

Consideró que los principios que deben contener estos mecanismos son que la conciliación y mediación laboral deben utilizarse racionalmente cuando se advierta relación de sometimiento y ponga en riesgo de agresión a alguna de las partes.

Propuso que la ley secundaria debe establecer en qué hipótesis es necesario prohibirse la conciliación y mediación y en su caso, únicamente otorgar la constancia de agotamiento de conciliación para que pueda acudir directamente al órgano jurisdiccional.

Asimismo y de conformidad con los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, es necesario establecer que en estos procesos se aplique la perspectiva de género.

Al hablar sobre el presupuesto para la transición de la justicia, Ofelia Mendieta, abogada postulante y consultora independiente, dijo que el éxito de esta reforma depende de que la instrumentación de leyes secundarias que tengan como objetivo la eficacia de la justicia laboral atendiendo los derechos humanos.

“Si no existe voluntad política en la que se dote de suficiente presupuesto para lograr una verdadera transformación en esta materia, la reforma no servirá de nada, será letra muerta”, agregó.

Consideró que para lograr el fortalecimiento de las instituciones laborales se requiere contar con recursos financieros amplios. “El presupuesto que se otorgue debe ser suficiente y en proporción a las cargas de trabajo, ya que se requerirá de instalación de inmuebles, la profesionalización del personal, presupuesto para cuestiones de equidad y género”, finalizó.

Propuestas de la UNT

En su oportunidad Martha Heredia, Vicepresidenta de Igualdad de Género, de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), reconoció que aunque se han tenido avances legislativos en algunos aspectos, en otros hay retrocesos.

Señaló que la reforma laboral debe contener principios de equidad de género, garantías y mecanismos para dar consecución a la igualdad sustantiva y tutelar derechos reproductivos y de protección a la maternidad, como el permiso por paternidad.

Además, prohibir toda forma de violencia contra las trabajadoras mediante mecanismos que la prevengan y la sancionen; implantar acciones afirmativas que transformen las oportunidades de las mujeres; ampliar su acceso a la impartición de justicia laboral con procedimientos libres de criterios sexistas e instancias especializadas en discriminación y violencia de género.

“Los principios rectores a integrarse en esta reforma nos colocarían en mejores condiciones, por lo que debe ser una legislación incluyente y democrática que garantice, además, el trabajo digno con salario remunerador, seguridad social y negociación de contratos colectivos con perspectiva de género”, subrayó.

Enfatizó la importancia de potenciar la contratación colectiva. “La ley Federal del Trabajo es el piso mínimo de nuestros derechos y necesitamos privilegiar la contratación colectiva” con la participación de todas y todos los trabajadores, con consenso, propuestas y votar un anteproyecto previo a la negociación y posterior a ella.

Campaña de la Reforma Laboral para Todos

Posteriormente, Gabino Jiménez, coordinador de Reforma Laboral para Todos, presentó una campaña de información para dar a conocer propuestas de organizaciones de la sociedad civil, académicos y personas que reconocen la importancia y la necesidad de impulsar un debate sobre esta legislación.

Planteó que este espacio de información debe dar elementos para que sociedad civil, sindicalistas e investigadores puedan conocer y acercarse a la discusión de esta reforma.

 http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2018/Febrero/28/5010-Analizan-reforma-laboral-para-incluir-perspectiva-de-genero

Dip. Juan Romero Tenorio

 

El diputado expuso algunos de los motivos que lo llevaron a votar en contra de la iniciativa PRI CTM CROC

aseguró que falta perspectiva de género que reconozca los derechos de las mujeres y restituya los agravios que se han generado.

Consideró que este evento marcará los lineamientos que impulsen propuestas que rescaten la dignidad de las mujeres y, consecuentemente, de los hombres “porque no podemos caminar si no están ellas caminando junto con nosotros”.

Se congratuló por la lucha histórica que ha realizado la mujer en defensa de sus derechos, así como su perseverancia y persistencia para que se reconozca la perspectiva de género en la justicia laboral y cotidiana.

 

Inés González, Fundación Friedrich Ebert

 

Este foro tiene una perspectiva desde todos y todas, con voces de personas especialistas y de las y los trabajadores respecto de lo que esperamos y pensamos de una ley que incluya a todos y todas.

Las mujeres trabajadoras fuimos borradas de la historia en las luchas overas y movimientos sociales.

Las mujeres trabajadoras, las mujeres sindicalistas tenemos una larga historia queriendo tener una Ley Federal del Trabajo que recoja las viejas demandas que las ubiquen en igualdad de circunstancias.

Si bien la reforma constitucional de febrero de 2017 solo aborda algunos temas como la justicia, la democracia y la libertad sindical, el organismo público descentralizado para el registro de sindicatos y contratos colectivos de trabajo, y la conciliación individual, sin duda ahí tenemos mucho que decir las mujeres.

Una justicia que se aplique por igual a todos es desigual, es injusta. Las mujeres atravesamos particularidades por nuestra condición de ser mujeres y no deberíamos de ser castigadas, tampoco debemos de ser premiadas, peri si debemos tener derechos para poder ejercer un desarrollo pleno como cualquier ser humano.

Si bien hoy hay tres iniciativas en la Cámara de Senadores, ninguna de ellas incorpora en ningún momento en sus articulados algunos elementos que recuperen la participación y los derechos de las mujeres.

Es cierto que en el preámbulo de la iniciativa del PRI plantea como principio de igualdad sustantiva, pero en el desarrollo mismo de la iniciativa no lo toca.

No queremos solo palabras, queremos normas, artículos, párrafos que nos digan cómo se deben tratar esos problemas y de qué manera nosotros podemos ser incorporadas.

Hoy somos en el mercado laboral al menos el 40% de las mujeres participan en el mercado laboral y no es posible que exista una ley del trabajo que únicamente ubique a los hombres como actores del trabajo.

El movimiento obrero mexicano se ha transformado desde los años 70. Qué pasó con la ley. Reforma hubo en 2012 y qué sucedió, apenas unos principios como la igualdad sustantiva, apenas unos enunciados sobre el hostigamiento sexual, pero no hay una norma clara. No queremos ambigüedades, queremos una ley que recoja, verdaderamente, transparentemente y claramente nuestros derechos.

Las trabajadoras del hogar siguen luchando hace décadas por querer transformar el capítulo tres, y así pudiera enumerar.

Hoy nos da la oportunidad de hacer una reflexión colectiva de cómo es esa ley que queremos.

Luisa Alcalde

Estos eventos permiten reflexionar las reformas a la Ley Federal del Trabajo, pero también de aplicación a la ley que existe y no se atiende, y también de políticas públicas, porque en ese conjunto es donde se puede avanzar mucho más para la integración y el respeto de las mujeres trabajadoras

La Justicia laboral secuestrada por las juntas con una figura tripartita, que no han sido imparciales.

En este país no se les han abierto las puertas a la posibilidad de organizarse libre y democráticamente, donde sólo el 10 por ciento de los trabajadores están sindicalizados y de este el 90 por ciento tiene sindicatos de protección patronal, lo que significa el absurdo de que es el patrón el que elige al sindicato y al líder sindical con el cual va a firmar el contrato colectivo a espaldas de los trabajadores. Y una visión económica en el sentido que para generar empleos hay que tener bajos salarios que atraigan inversión extranjera lo nos pone con los salarios más bajos de América Latina, con resultados de niveles de desigualdad y pobreza.

“Si no entendemos que los niveles de pobreza y desigualdad son producto del mercado de trabajo, entonces no entendemos nada”

Lo que necesitamos en este país son mejores salarios y mejores empleos y eso no nos los va a traer nadie, sino que los tenemos que generar nosotros en nuestro mercado interno”

La iniciativa de la CTM CROC elimina por completo todos los avances que se tenían en la reforma constitucional del 2017, nada toca el tema del voto secreto previo a la firma de contrato, sino que pone más requisitos; cuando se habla del órgano autónomo se habla nuevamente de la figura del tripartismo.

Adicionalmente meten figuras que nada tenían que ver con la reforma al permitir subcontratación libre, facilitar los despidos, indemnizaciones por debajo del salario mínimo, entre otras cuestiones que precarizan el empleo.

Una iniciativa del PAN tampoco toca el tema de la consulta a los trabajadores previo a la firma de un contrato colectivo.

La propuesta de la UNT

Martha Heredia

Vicepresidenta de Igualdad de Género, de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT)

Por su parte Martha Heredia, Vicepresidenta de Igualdad de Género, de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) destacó la oportunidad del foro por permitir una discusión amplia. Queremos escuchar a expertos, sindicalistas, académicos, empleadores y en conjunto proteger que no se den marcha atrás a los avances de la constitución.

“Lo que queremos y que confiamos es que teniendo una contratación colectiva auténtica y la posibilidad de que las mujeres y hombres se organicen vamos atener mayores equilibrios”

Hay que ver la contratación colectiva como una enorme posibilidad de avanzar en términos de género, luchas que no hemos podido ganar en los congresos, como la petición de las pruebas de embarazo, igualdad salarial, se pueden promover de manera mucho más efectiva en los centros de trabajo”

Hay normas que están vinculadas con el acoso, normas vinculadas con la discriminación de las mujeres y que no se aplican por la misma razón que no se aplican las demás normas laborales porque no hay una inspección que nos ayude a ir identificando todas estas violaciones a la ley”

De los 7.5 millones de jóvenes que hoy tachan como “ni nis”, que no tienen oportunidades, el 75 por ciento son mujeres y de este porcentaje la mayoría no está disponible para trabajar porque cuidan niños, enfermos y adultos mayores

El enorme problema de avanzar en términos de darle a las mujeres posibilidad de trabajar y de incorporarse a los mercados de trabajo tiene que ver también con la atención y coordinación con las diferentes áreas de gobierno para ver que la responsabilidad que ha recaído mayoritariamente en las mujeres puedan ir teniendo apoyos para que no solo se profesionalice la atención de cuidados, sino que también se les de oportunidad a las madres trabajadoras y a las que cuidas personas enfermas y adultos mayores para trabajar.

Quetziquel Flores

La iniciativa CTM CROC, se mete a contenidos sustantivos, contenidos de fondo, que rompen con el elemento de tutelaridad del derecho del trabajo, y de ser aprobada imposibilita el ejercicio real de los derechos colectivos violentando con ello derechos humanos en el ámbito del trabajo, derechos humanos que son derechos constitucionales y también de una normativa internacional

Esta propuesta es el resultado de un desmantelamiento de los derechos laborales en agravio de la clase trabajadora. Una clase trabajadora cada vez más precaria en sus condiciones de trabajo.

La reforma de 2012, rompe con el principio de la estabilidad en el empleo y legalizó la subcontratación

Perversa embestida contra la clase trabajadora coloca en una posición de mayor fragilidad y una desigualdad material cada vez más profunda y cada ves más extensa a la clase trabajadora

Esta reforma va dirigida con gran acidez a dos sectores: a los jóvenes y a las mujeres que se están integrando con gran vigor en el mercado de trabajo. Representa, además, la pérdida intencional de la oportunidad de dar vigencia a compromisos internacionales suscritos por México en temas tan específicos como la igualdad sustantiva y la no discriminación, y permear con ella un proyecto de relevancia en la vida de nuestra sociedad, la transverzalización de género es una demanda de todas y cada una de las trabajadores de éste país.

Montserrat Rizo

Quinta Visitadora de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México

Es una realidad que la normativa del trabajo tiene que evolucionar. Lo importante es que en ese proceso no se deje a un lado los derechos adquiridos por las y los trabajadores.

Las reformas normativas deben asegurar la permanencia y vigencia de los derechos humanos, a pesar de cualquier coyuntura y sin depender de la voluntad política. De ahí que impulsar reformas requiere de una estrategia de capacitación y de un trabajo progresivo de armonización orientado en todo momento a los principios de igualdad, no discriminación y respeto a los derechos humanos de todas las personas.

Es importante observar y aplicar la transversalidad de los derechos humanos en materia de equidad de género en todos los ámbitos institucionales atendiendo al respeto de la promoción de garantías de los mismos, para que podamos todas ejercerlos en nuestro ámbito laboral.

La iniciativa presentada en el Senado el 7 de diciembre de 2017 (PRI CTM CROC) constituye un retroceso a los derechos humanos de las y los trabajadores.

La fuerza de trabajo de las mujeres representa un gran porcentaje de población económicamente activa, adicional al trabajo no asalariado que desarrollan en el hogar. Y por su trabajo suelen percibir salarios menores al de los hombres.

Es importante que la ley contemple protección para los sectores que históricamente se han visto desprotegidos como las mujeres a quienes de manera progresiva les ha reconocidos ciertos derechos, pero que en la práctica aún enfrentan obstáculos que limitan su ejercicio.

La iniciativa con la cual se pretende reglamentar, no fue prevista la obligación de juzgar con perspectiva de género y no se observan diversos instrumentos internacionales en la materia.

 

              

Propuesta de reforma laboral con perspectiva de género

Por: Martha Heredia, Secretaria de Igualdad de Género de la UNT

Presentada en el foro “Reforma Laboral para Todos y Todas”, el pasado 28 de febrero de 2018, en la Cámara de Diputados

Iniciativa CTM CROC PRI

Disuelve los derechos laborales fundamentales al liberar la subcontratación y permitir que los patrones contraten libremente a través de empresas terceras, con la intención de abaratar el costo de la mano de obra.

Facilita el despido injustificado al derogar la obligación patronal contenida en la ley de comunicarlo por escrito al trabajador, señalando sus motivos.

Promueve los reajustes y despidos masivos injustificados de trabajadores, al liberar al patrón de la obligación vigente de justificar previamente la causa ante la autoridad.

Reduce las indemnizaciones por riesgo de trabajo, substituyendo la obligación actual de pagar en base al salario que recibía el trabajador por la unidad de medida de actualización, que es menor al salario mínimo.

Obstaculiza el derecho de libertad sindical y negociación colectiva, violando el texto constitucional y los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Impide el ejercicio del derecho de huelga al imponer requisitos que no podrá

cumplir un sindicato auténtico.

Suprime los avances en materia de transparencia sindical contraviniendo la nueva Ley General de Transparencia e Información Pública.

En materia procesal, se impone un marco de derecho laboral, regresivo y violatorio de los derechos humanos.

Contexto laboral de las trabajadoras en México

Mujeres y hombres ingresan al mercado de trabajo en condiciones desiguales. Esta situación desventajosa e injusta se debe a las posición subordinada de las mujeres en las relaciones de poder social y político, aunado a la subvaloración de su capacidad de sersujeto económico y con derecho al trabajo.

Las condiciones que enfrentan por los impactos diferenciados profundizan la feminización de la pobreza, debido a que encuentran mayor precariedad dentro del trabajo precario, menos salario a trabajo de igual valor, mayores dificultades para aplicar a la capacitación y ascensos.

Se han incorporado de manera masiva al mundo laboral con bajos salarios, sin prestaciones económicas, sin seguridad social, adquiriendo doble y triple jornada de trabajo afectando con esto su calidad de vida.

Son mayoría en el sector terciario ejemplo: los servicios sociales, el comercio, preparación de alimentos, limpieza, servicios personales, la educación, oficinistas, entre otros.

La discriminación contra las mujeres se expresa de muchas formas, las más comunes son: por embarazo, estado civil, edad o por tener responsabilidades familiares. En las empresas e instituciones laborales se continúa exigiendo la prueba de no embarazo como condición para la contratación.

La brecha salarial de género pone en desventaja económica a las mujeres.

El acoso y hostigamiento sexual contra las trabajadoras son la causa de que una de cada cuatro mujeres sea despedida y que cuatro de cada diez mujeres renuncie a su empleo, según informa la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Principios de equidad y género a considerar en la reforma laboral.

Establecer las garantías y mecanismos para la consecución de la Igualdad sustantiva en las contrataciones de trabajo.

Tutelar los derechos reproductivos y la protección de la maternidad de las trabajadoras; ampliar las licencias de paternidad para los trabajadores y establecer derechos y obligaciones del gobierno, empleadores, trabajadoras y trabajadores para hacer compatibles las responsabilidades familiares y laborales.

Prohibir toda forma de violencia contra las trabajadoras, estableciendo los mecanismos para prevenir y sancionarla.

Implantar medidas especiales o acciones afirmativas que transformen de forma real y pronta las oportunidades para las mujeres.

Acceso e impartición de justicia laboral para las trabajadoras. Establecer procedimientos libres de criterios sexistas e instancias especializadas en discriminación y violencia de género en el ámbito de la justicia.

Los principios rectores que deben integrarse

Para que la ley laboral sea incluyente y democrática debe contener y garantizar la aplicación de aspectos fundamentales como son: el trabajo digno, la no discriminación por razones de sexo y género; la Igualdad Sustantiva, ambientes laborales libres de violencia, acceso a la justicia para las trabajadoras.

Garantizar el trabajo digno con las condiciones y características establecidas para el avance de los derechos de las mujeres que hoy se insertan en la informalidad y precarización laboral.

Los patrones y las autoridades laborales garantizarán la libertad de las trabajadoras a ejercer sus derechos reproductivos en el momento de su elección, sin menoscabo de sus derechos adquiridos.

Prohibición de toda forma de discriminación contra las trabajadoras por lo que será considerada violatoria al principio constitucional de igualdad entre mujeres y hombres.

Aplicación de medidas y sanciones a las empresas que tienen implícita la responsabilidad e incurren en violación al principio de igualdad.

Eliminación de la violencia de género en el ámbito laboral para lo qué hay establecer las pautas legales para tutelar y sancionar el ejercicio de la violencia.

Instrumentación de acciones para hacer efectiva la Igualdad Sustantiva, que se logra eliminando la discriminación y supone el acceso a las mismas oportunidades considerando las diferencias biológicas, sociales y culturales entre mujeres y hombres.

Armonización legislativa con los convenios internacionales

El conjunto de normas que aportan los Convenios Internacionales no han sido consideradas ni aplicadas obligatoriamente como se señala en la Constitución.

Los Convenios como el número 100, respecto a la igualdad en la remuneración y el número 111, relativo a la no discriminación en materia de empleo y ocupación, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW) y la Convención interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Convención Belém Do Pará) nos colocan en la obligación de incluir en la legislación los principios de no discriminación e igualdad sustantiva.

La ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y, la ley General de Acceso de las Mujeres a un vida Libre de Violencia, representan un gran avance para la tutela de nuestros derechos y nos apremia a revisar y proponer modificaciones a Ley Federal de Trabajo, ya que ambas leyes por ser generales son insuficientes para avanzar en materia de Igualdad, no discriminación y en contra de la violencia.

Salud laboral y riesgos de trabajo, el reglamento interior de trabajo y de la inspección del trabajo.

Su reglamentación en la ley laboral son centrales para hacer exigibles los derechos. Se elaborarán propuestas especificas al respecto.

La contratación y las condiciones laborales.

Es necesario incluir el derecho de salario igual a trabajo de igual valor. Se adoptarán sistemas de evaluación de trabajo que faciliten la comparación de valor de los trabajos de distinta índole, en el que actualmente predominan las mujeres con los trabajos en los que actualmente predominan los hombres. 

Derecho procesal del trabajo

La resolución de los conflictos laborales deberá desarrollarse sin prejuicios sexistas y mediante los procedimientos apropiados para enfrentar todos los conflictos basados en el sexo y género.

Ratificación de Convenios Internacionales de la OIT y su armonización con la LFT

Ratificación del convenio 156 sobre responsabilidades familiares, 183 protección a la maternidad, 189 sobre trabajo digno para las trabajadoras del hogar. Creación de un Convenio para eliminar la violencia en el lugar de trabajo.

Contrato colectivo de trabajo

El Sindicato que firme un contrato colectivo de trabajo, registre o deposite los contratos colectivos de trabajo, debe contar con la autorización de la base trabajadora a través del voto libre, personal y secreto. Para garantizar los principios de transparencia y legalidad, previo a la firma del contrato colectivo de trabajo, debe publicarse a la base con al menos 30 días de anticipación el anteproyecto, en cumplimiento a la Ley de Transparencia, Acceso de Información y Protección de Datos Personales, a fin de que trabajadoras y trabajadores puedan revisar y ratificarlo, contemplando el enfoque de DDHH y perspectiva de género.

Si el patrón se niega a firmar el contrato colectivo, podrán los trabajadores ejercitar el derecho de huelga consignado en el artículo 450.

Se establecerán procedimientos bilaterales para asegurar en la contratación colectiva la prohibición de discriminación contra las trabajadoras por razón de sexo, género, estado civil, condición de embarazo, grupo étnico, preferencia sexual, condición de salud entre otras.

Las cláusulas de los contratos colectivos que sean contrarias al principio de igualdad de acceso, trato y oportunidades entre trabajadoras y trabajadores y aquellas que por resultado produzcan discriminación contra las trabajadoras forzosamente tendrán que modificarse de acuerdo a los principios establecidos y de no hacerlo se considerarán nulas.

La negociación colectiva es el instrumento por excelencia de regulación de las condiciones de trabajo y de las relaciones laborales y de garantía de los Derechos Fundamentales en el seno de la empresa.

Se establecerán medidas que promocionen la diversidad profesional de las trabajadoras y su acceso a la formación y contratación en ocupaciones y puestos tradicionalmente desempeñados por trabajadores.

Los sistemas para la contratación, el acceso, la promoción y el ascenso serán libres de prejuicios sexistas y garantizarán la eliminación de la discriminación por razones de sexo y género.

La formación y la capacitación para las trabajadoras deberá ser, específica e integral, tener valor profesional, realizarse dentro de la jornada de trabajo y dirigirse a la formación en aquellas especialidades, sectores o profesiones en los que las mujeres se encuentran subrepresentadas.

Se establece la creación de una comisión bilateral y mixta para la construcción de un sistema de equivalencias entre los puestos de trabajo para considerar el trabajo de igual valor. Bajo este sistema se homologarán los puestos, perfiles y categorías.

Se establecerán cláusulas sobre la atención, seguimiento y solución a las quejas presentadas sobre violencia laboral, hostigamiento sexual y hostigamiento moral, que deberán ser atendidas con personal capacitado. Los procedimientos deberán ser confidenciales y de respeto a la vida privada estableciendo las garantías para que no haya represalias.

Adoptar acciones afirmativas encaminadas a eliminar la discriminación directa e indirecta, así como, la violencia por razones de sexo y género.

El contrato colectivo contendrá permisos o licencias por maternidad, por paternidad y por responsabilidades familiares de trabajadoras y trabajadores.

De los Sindicatos

En su declaración de principios estatutarios deberán incluir la no discriminación por razones de sexo y género, la igualdad sustantiva, el principio de no violencia laboral, el acoso y hostigamiento sexual y moral contra las trabajadoras.

Tienen derecho a redactar sus estatutos y reglamentos, elegir con voto libre, personal y secreto a sus representantes. La representación deberá estar conformada por mujeres y hombres en forma proporcional al número de trabajadores y trabajadoras existentes.

En todos los sindicatos, se debe crear la secretaría de igualdad de género.

Integrantes y Organización del OPD

Para la terna de tres candidat@s para dirigir el Organismo Público Descentralizado de Registro de Sindicatos, CCT y Conciliación, se propone se integre al menos una mujer para dirigirlo.

Las personas que ocupen los cargos del OPD deberán tener conocimientos en derechos humanos, en perspectiva de género e igualdad sustantiva, en los instrumentos internacionales, experiencia en resolución de conflictos laborales, conocimientos jurídicos laborales, serán personas comprometidas con la transparencia de la información, acceso a la justicia y la no violencia; de probada honradez, ajenas a los partidos políticos y sindicatos.

Garantizar la paridad en la estructura organizativa de la OPD, buscando la igualdad de condiciones en los puestos de toma de decisiones.

Las personas integrantes del OPD tendrán que realizar una previa capacitación en perspectiva de género e igualdad sustantiva.

Un OPD alejado del tripartismo porque obstaculiza la procuración de justicia, pronta y expedita, especialmente contra las mujeres que enfrentan conflictos por su condición de género.

La Conciliación

El proceso de conciliación debe garantizar: la igualdad de la representatividad de las partes, se aplicará el enfoque de género y no discriminación en cada uno de los casos, fundamentalmente en demandas interpuestas por trabajadoras. No son materia de conciliación del OPD los casos de acoso y hostigamiento sexual.

Justicia Laboral

Los juzgados o tribunales laborales impartirán justicia con transversalidad de género y de derechos humanos, lo que establece el 1º. Constitucional y en específico los convenios internacionales de la OIT, la Convención Belém Do Pará y la CEDAW

La carga de la prueba corresponde al patrón. Principalmente cuando se trate de casos por maternidad y violencia sexual. Quienes emprendan un juicio, en el caso de la reinstalación, la víctima decidirá libremente los términos de la misma; la reparación económica será un 30% mayor a lo que corresponde; se obliga al empleador ofrezca ayuda psicológica profesional, conjuntamente con el sindicato deberán implementar mecanismos eficientes para erradicar el acoso, hostigamiento y violencia sexual en el centro de trabajo, será obligatorio que la STPS supervise y vigile el cumplimiento.

En el caso de despidos injustificados, se deberá garantizar mediante una fianza del importe correspondiente.

Los juicios laborales serán orales, prontos y expeditos, que no rebase el plazo de 10 meses.

Combatir la impunidad de quienes cometen actos de discriminación y el establecimiento de mecanismos que garanticen el acceso de las víctimas a la justicia laboral.