Inicio/ Sucesos 03 de junio de 2019 Rebeca Hernández Marín/Quadratín MORELIA, Mich., 3 de junio de 2019.- 

Los tres años establecidos para aterrizar la reforma laboral en los estados son pocos porque los poderes judiciales de los estados desconocen la materia y no pueden decirles a los trabajadores que van a aprender con ellos, sino que están preparados para impartir justicia de calidad, afirmó el presidente del Poder Judicial, Héctor Octavio Morales. 

“Tendremos que ver cuál va a ser el acompañamiento que la federación nos dé, si va a ser a través de recursos económicos o materiales a través de capacitadores; tenemos que esperar a que nos digan con quien vamos a sentarnos para que nos digan cómo nos van a acompañar en esta transformación”. 

En entrevista con Quadratín indicó que el hecho de que los juzgados laborales vayan a arrancar con carga cero va a ayudar mucho porque podrán hacerlo con uno o dos donde actualmente hay juntas locales de conciliación y arbitraje. 

Aunque todavía no tienen definida una estrategia para el traslado de la justicia laboral del Ejecutivo al Judicial dijo que otra opción sería regionalizar el estado o ampliar la competencia de las salas civiles a los laboral y, aunque en lo personal él prefiere la especialización, es el Consejo del Poder Judicial es que tomará las decisiones. 

Insistió en que el arranque con carga cero les facilitará también el acceso a los recursos económicos porque podrán ir estableciendo juzgados conforme se vayan requiriendo en Zitácuaro, Zamora, Lázaro Cárdenas, Apatzingán o La Piedad. 

Señaló que el impacto económico en la nómina es alto si se considera que un juez cuesta alrededor de un millón 300 mil pesos anuales, más dos o tres secretarios, además de la infraestructura inmueble y mueble que se tendrán que reflejar en el presupuesto. 

El magistrado presidente del Consejo del Poder Judicial y del Supremo Tribunal de Justicia del Estado consideró que en materia laboral siempre se ha privilegiado el mecanismo alternativo, la conciliación y ahora se tiene que seguir apostando a esa forma de dar solución a los conflictos jurídicos, sin necesidad de mucha intervención del órgano jurisdiccional. 

Otra de las preocupaciones en la transición de justicia laboral es la del personal que actualmente labora en las juntas locales de conciliación y arbitraje porque son empleados del Ejecutivo y es muy difícil que el Judicial pueda sustituirlo patronalmente. 

Absorber a los trabajadores rompería con la carrera judicial que implica el curso y concurso de los aspirantes a ocupar algún cargo y tendrían que someterse a ese mecanismo e iniciar de cero, lo que implica que previamente tendrían que ser liquidados por su actual patrón. 

Aunque en el Poder Judicial no se esperaba que transitara la reforma laboral ya han empezado a prepararse y a la fecha cuentan con una reserva de 12 jueces de primera instancia en materia civil, familiar, mercantil y laboral, además de cuatro en el sistema penal acusatorio. 

También está en proceso el primer curso de formación inicial para secretario de acuerdos de juzgado de primera instancia en materia civil, familiar, mercantil y laboral, indicó el magistrado Morales.

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