La mayoría de los contratos colectivos de trabajo en México son de protección y estos, por lo regular sólo contienen el mínimo de los derechos para el colaborador, informó la STPS.

Escrito por: Gerardo Hernández 

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Al menos tres cuartas partes de los contratos colectivos de trabajo en México son contratos de protección y la reforma laboral recientemente aprobada por el Congreso de la Unión terminará con ellos, aseveró el subsecretario de Trabajo, Alfredo Domínguez Marrufo.

El funcionario de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social  (STPS) informó que en los primeros quince días de junio se tendrá listo el protocolo para la revisión de todos los contratos colectivos. “Son contratos que tienen los mínimos de ley, prácticamente nunca se revisan”, dijo durante su participación en un foro organizado por el Colegio de Abogados de México (Incam) en la Escuela Libre de Derecho.

El subsecretario agregó que la reforma promulgada a principios de mayo busca avanzar en las libertades de la fuerza laboral para elegir a sus representantes, porque la mayor parte de los contratos, entre el 75 y 80% son de protección y los trabajadores no los conocen. Además, la transparencia permitirá que las personas puedan comparar los contratos y, por tanto, sus condiciones laborales con empleados del mismo sector.

En ese sentido, Álvaro Altamirano, miembro de la Mesa Directiva de la Escuela Libre de Derecho, comentó que en Estados Unidos una buena parte de las empresas se ocupa en ofrecer las mejores condiciones a sus trabajadores y esto reduce el interés en sindicalizarse.

Domínguez Marrufo pidió no generalizar las condiciones de todos los trabajadores, pues podría pensarse que los contratos colectivos de instancias gubernamentales son los “emblemáticos y son los tienen todos los trabajadores del país”. Por lo que es necesario considerar que una parte de los empleados no conoce su contrato colectivo y mucho menos sus prestaciones.

¿Es buena la conciliación?

En el encuentro, los especialistas destacaron que la reforma laboral plantea un procedimiento para resolver conflictos obrero patronales, en el que la conciliación será un requisito prejudicial, es decir, será indispensable para poder demandar al empleador.

Margarita Darlene Rojas, presidenta de la Junta de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, dijo que actualmente el 32% de los asuntos se resuelven a través de la conciliación, por tanto, el reto de la junta es incrementar al 70% para “estar del otro lado” y así se necesitarán más conciliadores que juzgadores.

Por ello, se requiere definir los perfiles de las personas que se encargarán de llevar el proceso conciliatorio en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.

Darlene Rojas advirtió que si no se tienen claros los perfiles y la capacitación necesaria para desempeñar la labor, el nuevo órgano autónomo se podría convertir en un elefante blanco.

“La gran apuesta de esta reforma es la conciliación”, así abrió su participación Fernando Yllanes, expresidente del Incam y apuntó que como requisito prejudicial es bueno y uno de los mejores aciertos.

“Ojalá hagamos un esfuerzo presupuestal para que la conciliación se lleve a cabo como se está planteando, que el conciliador pueda proponer una solución acorde a las circunstancias”, puntualizó.

Sin embargo, comentó que el nuevo proceso abre la puerta a que algunos abogados abusen del sistema.

“Tendremos que hacer compromisos éticos, porque a sabiendas de que van a tener la ventaja procesal, no dudo que haya litigantes que le diga al trabajador: vamos a la conciliación, pero tú pones la raya muy alta y no aceptas”, agregó.

En su intervención, Carlos Ferrán, coordinador de Comisiones del Incam, apuntó que la reforma laboral con los cambios en el sistema de justicia implicará aprender un nuevo litigio y, en cierta medida, el derecho.

https://factorcapitalhumano.com/leyes-y-gobierno/va-stps-por-los-contratos-de-proteccion-suman-75-de-los-contratos-colectivos/2019/05/?fbclid=IwAR0OVSTDk6yfwllwhrX47kwXojVntl6Rx9w0_dyWIOGZ9eKR77HWxb1FiOM

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