02 de Mayo de 2019

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Javier Aparicio

Se aprobó en lo general en la Cámara de Diputados, con 467 votos a favor, el pasado 11 de abril y, posteriormente, fue aprobada en lo general por la Cámara de Senadores, con 120 votos. No se trata de una reforma inédita por sí misma: de hecho, el artículo 123 de la Constitución ha sido reformado 27 veces desde 1917 y la correspondiente Ley Federal del Trabajo, creada en 1970, ha sido reformada unas 30 veces ya, incluyendo este último decreto

Con esta reforma se modificará el marco regulatorio de la justicia laboral, la libertad sindical y la negociación colectiva de los trabajadores del país.

El así llamado nuevo modelo de justicia laboral data de la reforma constitucional al artículo 123, publicada el 24 de febrero de 2017, mediante la cual se planteó la desaparición de las conocidas Juntas de Conciliación y Arbitraje, tanto federal como locales, para dar pie a tribunales laborales que ahora dependerán del Poder Judicial correspondiente. Por lo tanto, es justo decir que una parte de la reforma legal aprobada esta semana es el complemento ordenado por una reforma constitucional del sexenio pasado. Quizás esto demuestre que, contra la retórica oficial, no todas las reformas del pasado merecen echarse por tierra.

La reforma pretende modernizar los procesos de impartición de justicia laboral. Los conflictos laborales entre patrones y trabajadores se resolverán ahora frente a tribunales del Poder Judicial, en vez de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, que dependían del Poder Ejecutivo federal o local. De ahora en adelante los laudos serán sentencias y resoluciones judiciales. Al mismo tiempo, se vuelve obligatorio que las partes en conflicto asistan a una instancia conciliatoria antes de iniciar un proceso judicial ante los tribunales laborales.

Detrás de la reforma hay compromisos internacionales previos. Por un lado, al ratificarse hace unos meses el Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), nuestro país estaba obligado a fortalecer los derechos de sindicación y negociación colectiva de los trabajadores.

Por otro lado, al firmarse el nuevo tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá —el así llamado T-MEC—, nuestro país se había comprometido a implementar reformas que mejoraran las condiciones generales de trabajo. Tan sólo el 2 de abril, Nancy Pelosi, la legisladora demócrata que preside la Cámara de Representantes de Estados Unidos, afirmó que México debía aprobar una reforma laboral antes de que el Congreso norteamericano ratificara el nuevo tratado trilateral.

De nuevo, contra la retórica oficial que afirma que algunas reformas estructurales del pasado fueron indeseables porque habían sido impuestas desde el extranjero, resulta que una parte importante de la nueva reforma laboral fue un requisito exigido por nuestros socios comerciales que fue aceptado por el gobierno anterior. Quizás esto sirva para ilustrar que no todas las exigencias del exterior van en contra del interés nacional.

¿A los legisladores extranjeros les preocupa el bienestar de los trabajadores mexicanos? Quizás sólo en la medida en que mejores condiciones laborales en México disminuyan la competitividad de los productos que exportamos —o que disminuya la presión por migrar.

La democratización de los sindicatos en México es una cuenta pendiente desde hace muchos años. Es de celebrarse que esta reforma establece que la elección de las directivas sindicales “deberán salvaguardar el pleno ejercicio del voto personal, libre, directo y secreto de los miembros, así como ajustarse a reglas democráticas y de igualdad de género”, y que la duración de estas directivas no podrá ser indefinido.

Más allá de los conflictos distributivos que esta reforma pueda detonar al interior de los sindicatos o en las relaciones laborales, el reto por delante será que la transición e implementación de este nuevo modelo beneficie de verdad a las y los trabajadores del país.

https://www.excelsior.com.mx/opinion/javier-aparicio/nueva-reforma-laboral/1310620

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