02/05/2019 

Por Emilio Zacarías Gálvez

Las exigencias sociales del presente, son reacciones a causas del pasado, que cobran efectos en el futuro. 

Así lo pensó August Spies, uno de los “Mártires de Chicago”, líder de la huelga iniciada el 1o de mayo de 1886, antes de ser ahorcado: “La voz que van a sofocar, será más poderosa en el futuro, que cuantas palabras pudiera yo decir ahora”. 

Aquella voz, que solo era la representación de miles de voces más, fomentó que, con la fuerza que el movimiento obrero mundial adquirió los años siguientes (y que continúa), se resignificará al trabajo: de fuerza de producción, a valor fundamental para la dignidad humana, para la autonomía y para la inviolabilidad personal; como también a las personas obreras: de objetos productores a sujetos titulares de derechos y, por tanto, de garantías que les permitan ejercerlos realmente, incluyendo, el derecho de acceso a la justicia. 

Cien años después, la realidad laboral, si bien se ha modificado a causa de los movimientos de derechos y libertades, no se ha transformado y el aparato de justicia hasta ahora existente no ha sido un factor decisivo para mejorar la vida de las personas o brindarles capacidades para desarrollar un plan de vida elegido libremente, y no a partir de la condena que la desigualdad y la necesidad generan. 

Las instituciones en esta etapa de transformación tenemos el compromiso de afrontar ese gran reto. Desde los inicios del siglo veinte, el Estado mexicano cuenta con instancias públicas de defensa y protección de los derechos laborales, como la Procuraduría General de la Defensa del Trabajo (Profedet), que desde su creación en 1929, ha sido responsable de representar, asesorar y apoyar en la búsqueda de soluciones justas de los conflictos laborales. 

A través de la Profedet, la Secretaría del Trabajo ha tenido como prioridad el fortalecimiento de la justicia laboral en esferas como: el empoderamiento de los grupos en situación de vulnerabilidad para buscar recursos y de la protección jurídica, la sensibilización jurídica y la asistencia letrada, pues los programas de asesoría y representación jurídica gratuita, son un componente central de las estrategias para mejorar el acceso a la justicia. 

Hoy, el fenómeno de precarización del empleo avanza y la desprotección laboral aumenta. Como nunca es necesario reubicar en el centro de la justicia laboral a las personas, a sus derechos y, ante todo, a su dignidad. Asesorar, acompañar y representar a quienes en la relación de trabajo se encuentran en una posición de desventaja: las personas trabajadoras. 

De ello depende el crecimiento económico, pero, ante todo, depende que este crecimiento suceda con desarrollo humano. 

Tanto la Secretaría, como la Profedet, deben ser instancias a las cuales todas y todos los trabajadores puedan acudir para ser defendidos, escuchados, atendidos, y, sobre todo, se les pueda otorgar la defensa buscada. 

A 90 años de su creación, la función de la Profedet no es más sencilla. Ciertamente se han alcanzado logros importantes en materia de justicia laboral, pero son insuficientes, existen aún numerosos retos por vencer: como la protección social, con énfasis prioritario en la población pobre y vulnerable, la promoción de los derechos laborales y de las normas internacionales así como de la libertad de asociación, tanto de trabajadores como de empleadores o del diálogo social que involucre a gobiernos, trabajadores y empleadores y la lucha contra el trabajo infantil. 

Nuestro objetivo es simple: coadyuvar a que las personas vean sus necesidades materiales y humanas satisfechas, para que puedan imaginar mejores mundos. 

*Procurador General de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/emilio-zacarias-galvez/nacion/justicia-laboral-para-la-construccion-de-mundos-mejores

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