La Prensa miércoles 27 de febrero de 2019 en República

Por Arturo R. Pansza

Representantes de organizaciones obreras y sindicales, en un ambiente de protestas por parte de disidentes al sindicato de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), demandaron a diputados federales que la próxima reforma laboral garantice el derecho de huelga, favorezca los contratos colectivos de trabajo, elimine la tercerización del trabajo (outsourcing) y reduzca los impuestos a la clase trabajadora y a las prestaciones sociales.

Así, en la segunda sesión de las audiencias públicas sobre la reforma laboral en la Cámara de Diputados, el representante del senador Napoleón Gómez Urrutia, Óscar Alzaga, solicitó derogar la reforma laboral de 2012, impulsada por el expresidente Felipe Calderón Hinojosa, ya que fue regresiva, legalizó el outsourcing sin que este modelo favoreciera al trabajador, el cual, además, se ha convertido en un cáncer para el sindicalismo.

En el Salón Protocolo del edificio C del recinto deliberativo de San Lázaro, un grupo de trabajadores del IMSS desplegó pancartas y con consignas acusaron a Rafael Olivo Hernández, secretario del interior y propaganda del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), en representación del secretario general del organismo, Arturo Olivares, de haber traicionado a los sindicalizados.

Estaban programadas las asistencias de Geraldina González, directora de la oficina para países de México y Cuba de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de Arturo Alcalde Justiniani, asesor en materia laboral y padre de la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, pero ambos cancelaron su participación.

En la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, los representantes de las organizaciones expusieron sus inquietudes y propuestas en materia laboral y pidieron no debilitar los derechos de los trabajadores.

A su vez, Rodolfo González Guzmán, secretario general de la CROM, planteó que la reforma laboral considere la eliminación del outsourcing, reducción de impuestos a la clase trabajadora y a prestaciones sociales, y, además, revisar la jornada laboral, ya que México es de los países donde su población trabaja más de ocho horas diarias.

Consideró que esa reforma también permitió que los empleadores paguen como máximo un año de salarios caídos en los casos de despidos injustificados al final de un juicio que gane el trabajador, y que puede durar años.

En su turno, Ángel Celorio Guevara, representante de la CTM, mostró su desacuerdo con el planteamiento de permitir que extranjeros puedan ocupar puestos en la dirección de las organizaciones sindicales.

Mientras, Francisco Hernández Juárez, secretario general del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, indicó que a los gobiernos federales anteriores no les interesó modernizar y democratizar el mundo de trabajo, y si lo hicieron, en alguna medida, durante el sexenio pasado, fue por presiones externas para que México fuera admitido en los convenios y tratados comerciales internacionales.

Ismael Cruz López, en representación de Joel Ayala Almeida, secretario general de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, sostuvo que la libre asociación, el voto secreto para elegir a los dirigentes sindicales, la transparencia y rendición de cuentas, así como la contratación colectiva, serán temas torales de la transición del ámbito laboral y la democracia sindical.

Llamó a la Cámara de Diputados a que, una vez aprobadas las reformas de justicia laboral, no se transgreda el marco constitucional ni los convenios internacionales, de lo contrario, se podría dar una oleada de amparos por la violación a la Constitución.

https://www.la-prensa.com.mx/republica/396619-la-proxima-reforma-laboral-debe-garantizar-derecho-a-huelga

 

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