Lilia Mónica López Benítez*

El grupo Banco Mundial (BM) publicó el informe Mujer, empresa y el derecho 2018 presentado en diversos foros, uno de ellos organizado por la Asociación Mexicana de Juzgadoras al cual asistió, en representación del BM, Nayda Almodóvar.

Es importante retomar los hallazgos de este estudio, pues ante el escenario económico de 2019 habrá que considerar la situación de las mujeres en la economía de nuestro país, a fin de generar las mejores condiciones para que su inserción en el mercado laboral sea en condiciones de igualdad.

Este informe es el quinto de una serie de investigaciones bianuales que mide la igualdad de género en 189 economías mundiales y en 33 economías de América Latina y el Caribe; su propósito es identificar los obstáculos a los que se enfrentan las mujeres en las actividades económicas de sus países. Los indicadores de medición son siete: acceso a las instituciones, uso de la propiedad, obtención de empleo, incentivos al trabajo, presencia en los tribunales, obtención de créditos y protección de la mujer contra la violencia.

El BM destaca que en 104 economías las leyes prohíben ciertos empleos para las mujeres, en 59 no existen leyes sobre acoso sexual en el lugar de trabajo y en 18 los esposos pueden oponerse a que su cónyuge labore.

Bajo diversos parámetros, se enfatiza la importancia de las leyes para generar oportunidades económicas y mejorar la igualdad de género, dado que las políticas públicas en la materia pueden verse limitadas con la existencia de legislaciones que restringen la participación de la mujer en la vida económica y que ocasionan una pérdida de ingresos promedio de 15 por ciento en las economías de la OCDE. Máxime si se considera que en el mundo, un promedio de 2.7 mil millones de mujeres están impedidas legalmente para insertarse en opciones laborales similares a las de los hombres.

El estudio afirma que las economías crecen más rápido cuando las mujeres trabajan; sin embargo, también reporta que las leyes afectan a millones de ellas en el mundo, pues se les excluye del trabajo en sectores como la minería, energía, transporte, por citar algunos. Incluso en 29 economías se limita el número de horas de trabajo nocturno en comparación con los hombres.

Desde esta visión, muchas de las restricciones laborales son producto de normas obsoletas disfrazadas de buena voluntad. ¡Recordemos que excluir no es proteger!

Por el contrario, generar condiciones de igualdad en el lugar de trabajo permite la activación de la economía. A más de agregar que la no discriminación por razón de género, la igualdad en la remuneración por trabajo de idéntico valor, el horario flexible, el trabajo a distancia y el reconocimiento de labores no remuneradas abren la puerta de la inclusión de las mujeres al mundo económico.

La discriminación laboral también afecta el bolsillo de las mujeres, pues la disparidad genera un menor número de trabajadoras en el sector formal, dado que ganan menos respecto al sexo opuesto pese a realizar las mismas funciones, lo que inhibe el ingreso de la fuerza laboral femenina con consecuencias dramáticas para la economía personal, familiar y social. Garantizar el principio “a trabajo igual salario igual”, asegura la participación libre de discriminación. Al respecto, se destaca que 24 de 33 economías de AL y el Caribe prevén la no discriminación en el empleo por motivos de género, pero sólo ocho establecen la igualdad de remuneración, entre las que no se encuentra nuestro país.

Especial atención merece el acceso de las mujeres a la justicia; de ahí que se analiza el trato diferenciado en los tribunales. Alarma que en 16 economías mundiales el testimonio de las mujeres no tiene igual valor probatorio que el de los hombres. Por fortuna México no se encuentra en esa estadística.

Generar las condiciones para que las mujeres cuenten con acceso real a los tribunales y que sean efectivamente representadas es trascendental, pues el informe sostiene que las formalidades jurídicas y los costos procesales desincentivan para acudir a la justicia. Razón por la que es imprescindible e impostergable contar con un sistema de justicia sólido, receptivo e integrado con autoridades sensibles, entre otras, con personal jurídico que aplique y juzgue con perspectiva de género.

Un aspecto prioritario estriba en fomentar la participación femenina en la judicatura, especialmente en los niveles de decisión, puesto que a escala mundial las juezas nos encontramos subrepresentadas con 24 por ciento de participación.

Otro punto es la protección de las mujeres contra la violencia, como factor que garantiza su empoderamiento económico. En este sentido, se concluye que la violencia en general, y la violencia doméstica y el acoso sexual en lo particular, perjudican y limitan el acceso a los recursos financieros. Se destaca que las formas comunes de violencia, no eximen la que se presenta en el lugar de trabajo, que se traduce en acoso y hostigamiento derivados, en algunos casos, de la posición jerárquica o de la disparidad significativa de la detentación del poder.

Evidenciar las asimetrías que inhiben la participación y el crecimiento económico de las mujeres implica también la identificación de áreas de oportunidad y de reforma para generar acciones de política pública en materia de trabajo y definir la ruta para la inclusión.

Iniciamos un nuevo año y debemos tener presente, como subraya el informe, que “ninguna economía puede alcanzar su máximo potencial sin una participación plena de mujeres y hombres, [pues] como emprendedoras y empleadas, las mujeres [somos] fundamentales para el desarrollo sostenible y la reducción de la pobreza”.

*Académica y magistrada federal

https://www.jornada.com.mx/2019/01/17/opinion/020a2pol#dd_coments

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