Fernando Gutiérrez García, dueño de la constructora que lleva su nombre agregándole el S. de R. L. de C.V. al final, recibió a Tomás García Pérez, delegado de la CTM sindicato de la construcción Flores Magón y después de revisar sus cartas credenciales confirmó que todo estaba en orden, excepto el asunto por el cual se había organizado esa visita

Con tres empleados de planta y más de 10 eventuales, todos dados de alta en el IMSS y su negocio al corriente en el pago de sus impuestos, la empresa de Fernando iniciaba sus operaciones de 2019. “Llegó primero el representante sindical y abiertamente me dijo que mi contrato colectivo de trabajo con esa central obrera estaba vencido desde julio del año pasado”, me contó.

El empresario le respondió a Tomás que él no tenía ningún convenio laboral con la CTM, pero el representante de ese gremio le explicó que ese era un argumento que la mayoría de los constructores sacaban a cuento para eludir el cumplimiento de sus compromisos con los trabajadores.

No le dio oportunidad de alegar porque Tomás le mostró un documento con las firmas del secretario general del sindicato Flores Magón, donde se estipulaba que los sueldos a pagar a partir del 2 de enero deberían incluir el aumento al mínimo decretado por el presidente López Obrador.

Fernando le pidió leer detenidamente el documento y se dio cuenta de que los nombres de sus empleados de planta y eventuales estaban incluidos.

¿Cómo los consiguieron? Se preguntó y antes de llegar a la mitad de las 12 hojas del escrito, el representante sindical le dijo que si quería ahorrarse el pago de esos aumentos en los sueldos a sus trabajadores, todo se arreglaría con un “adendum” que a mano podrían acordar incluir en el contrato colectivo de trabajo que ponía en sus manos.

“Lo único que tiene qué hacer es aceptar el pago de una cuota de $5,000 mensuales por un año y todo arreglado, a jalar”, le dijo. El empresario argumentó que cómo una central obrera como la CTM que se supone debe velar por los intereses de los trabajadores, pretendía que una empresa omitiera el pago de los nuevos salarios a cambio de un arreglo como el que se le proponía.

Tomás le respondió que así son las cosas en México y que todo mundo se mueve de esa manera. El empresario se rehusó a aceptar ese “arreglo” y como respuesta recibió una velada amenaza de que en máximo una semana regresarían para colocar las banderas rojinegras.

Fernando expuso su caso ante la Comisión Laboral de la Coparmex nacional, que comanda Lorenzo Roel, y ya no supo más del asunto. “Espero que algo se haga porque ya nomás faltan dos días para que se cumpla el plazo que me dieron”, dijo.

Este es uno de los muchos casos que ocurren en todo el país; las centrales obreras están extorsionando a empresarios debido a la inoperancia de las autoridades laborales.

Luisa María Alcalde, la joven secretaria del Trabajo del gobierno federal, tiene ante sí un reto descomunal, porque al parecer las centrales obreras como la CTM, CROC, CROM, CNOP y otras, la están poniendo a prueba con este tipo de acciones.

Debido a eso, Coparmex ha propuesto que las iniciativas de reforma a la Ley Federal del Trabajo se incluyan sanciones y se tipifique como delito penal la extorsión de los sindicatos a las empresas.

Hasta ahora, las denuncias que los empresarios han interpuesto no prosperan porque se argumenta que es un asunto laboral, no civil y menos penal.

El otro problema es que una fuente de la Coparmex me comentó que en los cambios a la ley laboral se pueda permitir que existan varios contratos colectivos dentro de una misma empresa.

Las huestes de Luisa María no se han acercado debidamente a los representantes patronales para dirimir este tema y menos los de las comisiones legislativas que analizan el asunto.

Mientras tanto, empresarios como Fernando están siendo cazados por las organizaciones sindicales, que al igual que el crimen organizado, le están dando su buena “calada” a las nuevas autoridades laborales en el ámbito federal.

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