Alberto Aguirre

08 de enero de 2019, 00:36

En la reanudación de sus recorridos por el país, AMLO dedicó la primera semana laboral del 2019 a recorrer los estados fronterizos con la Unión Americana. La activación de la Zona Libre fue el eje temático, aunque en sus reuniones con los sectores productivos de Tamaulipas, Chihuahua y Baja California estuvieron latentes los problemas provocados por los migrantes centroamericanos y la violencia derivada de la actividad de los grupos delictivos.

Las cortinas de desarrollo —prometió el Ejecutivo federal— detendrán la migración ilegal y bonanza económica. En la Zona Libre —estipula el decreto presidencial en el que estampó su firma el político tabasqueño, el último día del 2018— regirá un régimen fiscal de excepción durante los próximos dos años, con tasas de 8% para el IVA y de 20% para el ISR.

Menos impuestos al consumo y a los ingresos. Una tarifa preferencial para las gasolinas. Y una nueva política de salarios mínimos que fijó en 176.72 pesos diarios la cantidad mínima que deben recibir en efectivo los trabajadores por jornada diaria de trabajo a partir del 1 de enero del 2019.

Esas medidas, empero, no traerán beneficios a todos. En Tijuana y Ciudad Juárez, representantes de organizaciones sindicales han comenzado a recibir quejas porque los patrones ofrecen el pago del nuevo salario mínimo a los empleados de nuevo ingreso, pero no ofrecen otras prestaciones garantizadas por la ley. “Los vales de despensa y el apoyo para el transporte ya van incluidos en la oferta salarial”, les dicen.

Peor, imposible: con ese nuevo salario mínimo, en esa franja fronteriza muchos trabajadores quedarán sujetos al pago de ISR y muchos otros percibirán menos ingresos que los jóvenes que podrán inscribirse en el programa Construyendo el Futuro.

En vez de entusiasmo, la política laboral de la nueva administración ha despertado desazón entre sus principales destinatarios. Los representantes de los trabajadores y patrones que han asumido sus cargos en las juntas locales de conciliación y arbitraje de una docena de entidades federativas saben que dichas instancias están condenadas a la extinción. En ciernes está un nuevo modelo de justicia laboral, con nuevos tribunales y órganos de mediación.

Ese proceso quedará acompasado con la implementación de la nueva reforma laboral, con la que se definirán nuevas reglas en tres aspectos fundamentales: justicia laboral, democracia sindical y la creación de un instituto autónomo de registro de asociaciones sindicales.

Los impactos de la propuesta de reforma a la Ley Federal del Trabajo presentada por Morena preocupan a empresarios y jerarcas sindicales. A los primeros, por las nuevas obligaciones de los patrones —entregar a los trabajadores ejemplar de contrato colectivo y la prohibición de realizar actos tendientes a ejercer control sobre el sindicato al que pertenezcan sus trabajadores— y a los segundos, por las disposiciones que garantizan los mecanismos de democracia directa para la elección de los representantes obreros.

 

 

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Contrarreforma-laboral-20190108-0016.html

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