En el nuevo sistema de justicia laboral, el Poder Judicial tratará los conflictos laborales como conflictos de derecho y no como el sistema actual, donde el Estado desempeña un papel tutelar en lo que originalmente se consideraban conflictos de producción. El análisis es del ministro José Ramón Cossío Díaz, a quien le quedan apenas algunas semanas como miembro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La visión del ministro sobre el nuevo sistema de justicia laboral es moderadamente optimista, aunque advierte que el cambio enfrenta grandes retos: medición de capacidad, planificación de medios materiales y humanos, capacitación de jueces, personal y abogados y, quizás lo más importante, una gran labor de divulgación.

“Si se hace una adecuada depuración de los casos que hoy están en las juntas de conciliación y arbitraje, si se migran bien estos casos a los nuevos tribunales, si la transformación se planea bien, si se capacita muy bien a abogados y jueces, puede ser un sistema ventajoso. Si no, puede generar más conflictividad social”, manifestó.

Según el ministro, la ventaja del nuevo sistema es que racionaliza los conflictos como de derecho y no de equilibrio entre los factores de la producción.

“El razonamiento será: si usted tiene derecho a que le paguen las horas extras, pues se le pagan, usted tiene derecho a despedir a un trabajador por determinado motivo, pues lo ejerce”.

Para Cossío Díaz, uno de los principales defectos del sistema actual es su incapacidad de conciliar, que acabó por generar toda una industria de litigio laboral donde los abogados laborales tenían todo el interés de alargar los procesos durante años.

Otro desafío es explicar muy bien a toda la sociedad en qué consisten los cambios, crear una cultura jurídica. Cossío Díaz traza un paralelo con la reforma de la justicia penal: “A nadie se le explicó que una persona acusada de cometer un delito iba a enfrentar el proceso en libertad”. La gente dice de repente: “¿Por qué el tipo que me agredió y me causó un daño está en libertad? Esto nunca se explicó y esta falta de educación y de cultura jurídica ha generado mucha oposición”.

El ministro de la Suprema Corte considera que con la implementación del nuevo sistema de justicia laboral puede ocurrir algo semejante y pone como ejemplo la aplicación del principio de suplencia de la queja.

“Parte de la racionalidad del nuevo sistema es que el trabajador ya no es este sujeto desprotegido históricamente, sino un sujeto con derechos y obligaciones que se planta en un juicio. Si esto no se explica bien, si no se hace cultura jurídica, a los trabajadores les resultará difícil entender por qué han perdido la protección que tenían antes”, dijo.

Necesaria, una amplia labor de capacitación

Después de casi 15 años en la Corte, Cossío Díaz cree que, a veces, los factores culturales generan más problemas que las cuestiones técnicas.

En la misma línea, está por ver cómo se van a definir las cargas probatorias en el nuevo código. En el derecho ordinario, la máxima es que el que afirma algo está obligado a probarlo. Sin embargo, en el derecho laboral actual existe una diferencia considerable a favor del trabajador.

Cossío Díaz se pregunta: “Ahora, en el nuevo sistema, ¿yo afirmo simplemente que trabajé 1,000 horas extras y mi patrón tiene que acreditar que no las trabajé o tendré que demostrar que las trabajé? Esto será uno de los elementos más importantes de la discusión”.

Sobre la independencia del nuevo organismo federal descentralizado encargado del registro de contratos colectivos y sindicatos, Cossío Díaz señala que desconoce cómo el nuevo gobierno piensa garantizar su independencia: “Con la ratificación del Convenio 98 de la OIT y todos los anuncios a favor de la libertad sindical, me parece que si el órgano no queda bien integrado y no asume estrictamente una posición técnica y no política a favor de una u otra parte, puede generarse conflictividad”.

Para que el proceso de implementación del nuevo sistema de justicia laboral se haga bien, se necesitarán, según el ministro Cossío Díaz, unos cuatro años, porque la tarea del gobierno federal y de los estados es inmensa, sobre todo en materia de capacitación.

“La migración al sistema oral es un cambio importante y habrá que hacer un enorme esfuerzo para capacitar a jueces, abogados y los trabajadores de los nuevos órganos de justicia. Si disminuye el sentido de la suplencia y de las cargas probatorias, los abogados de los trabajadores van a tener que estar muy bien preparados, si no los van a machacar en los tribunales”, explicó.

La preparación y motivación de los jueces de los órganos de conciliación también serán fundamentales en el éxito del nuevo sistema.

“Necesitamos jueces asertivos que realmente propongan soluciones y que rompan con las dinámicas de abogados que todos estos años se han arreglado entre ellos para alargar los procesos. De esta manera, se pueden evitar muchos litigios y esto quitaría mucha presión al sistema”.

Lo mismo aplica para los jueces de los tribunales laborales. El ministro afirma: “Para las audiencias orales hacen falta jueces bien preparados, que no sean jugadores pasivos sino que disciplinen a las partes si presentan demandas absurdas o argumentos irrelevantes”.

Aún no se sabe cómo y en qué medida los trabajadores y cuadros de las juntas serán incorporados al poder judicial, tanto desde una perspectiva organizacional como financiera, ya que los sueldos del personal del poder judicial son bastante más altos que los de sus contrapartes en las juntas.

Este punto lleva a Cossío Díaz a insistir en la importancia de medir y hacer proyecciones de las necesidades materiales y de capital humano de los nuevos juzgados. “Habrá que tener en cuenta que el sistema oral es más lento, porque la preparación y la celebración de las audiencias toman mucho más tiempo. Habrá que calcular muy bien y más cuando este gobierno quiere reducir la burocracia y los sueldos de los funcionarios”.