Julio Hernández López

▲ APOYO A ESTADOS FRONTERIZOS. Andrés Manuel López Obrador se reunió ayer con los gobernadores de Chihuahua, Coahuila, Sonora, Tamaulipas, Baja California y Nuevo León, a quienes anunció que aumentará al doble el número de ciudades en la frontera norte que formarán parte del programa de mejoramiento urbano.Foto La Jornada

 

Se ha presentado en el Senado una iniciativa de reformas a la Ley Federal del Trabajo que obligaría a las organizaciones sindicales a abrirse a procesos democráticos. No es solamente un cambio de la letra legal (aunque esta modificación es necesaria) sino un proceso de sacudimiento de estructuras de control político y profunda corrupción que durante décadas han subsistido y han hecho subsistir al modelo político priísta en crisis de apariencias terminales.

Los procedimientos democráticos pondrán en jaque dirigencias tan impugnadas e inaceptables como la de Carlos Romero Deschamps, uno de los ejemplos más reprobables de corrupción y abuso. Entre otras medidas, el obradorismo está decidido a frenar la transferencia convenenciera de dinero público a la élite de ese sindicato y el libre aprovechamiento de fondos, edificios y propiedades sindicales.

Pero, en el caso de los petroleros, como en el de los miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, la postura oficial será de respeto a las decisiones, libremente expresadas, de esas bases laborales. Si, a pesar de todo, Romero Deschamps triunfara en un proceso democrático (o Elba Esther Gordillo en el SNTE), el nuevo gobierno aceptaría esos resultados.

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