Honorable Robert Lighthizer

Representante de Comercio, Estados Unidos

600 17th St. NW

Washington, DC 20508

12 de Diciembre de 2017

[Traducción del texto original en inglés]

Estimado Embajador Lighthizer:

En nombre de los 12.5 hombres y mujeres trabajadores de la Federación Laboral Americana y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO), me dirijo a usted para expresar mi grave preocupación con los cambios propuestos a la ley laboral mexicana, presentadas la semana pasada.

Las propuestas presentadas ante el Senado mexicano el 7 de diciembre por los senadores Tereso Medina Ramírez e Isaias González Cuevas debilitarían de manera significativa el derecho del trabajador a la libertad de asociación y la negociación colectiva. La inciativa socavaría e incluso revertiría los cambios positivos a la Constitución mexicana adoptados en febrero del año en curso. Para anivelar la cancha de juego para todos los trabajadores y empresas de Norteamérica en la negociaciones del TLCAN, México debe mejorar sus leyes y prácticas laborales. Al contrario, los derechos de los trabajadores están en deterioro, como demuestran el trágico asesinato de dos mineros en huelga en Guerrero el 19 de noviembre.

Durante décadas, los sindicatos independientes y los defensores de los derechos de los trabajadores en México han exigido reformas legales para abordar las barreras significativas para el pleno y libre ejercicio de los derechos laborales.

Estos incluyen: (1) el sistema de contratos de protección patronal, bajo el cual los empleadores y los sindicatos dominados por los empleadores firman contratos colectivos de trabajo sin la aprobación y, a menudo, sin el conocimiento de los trabajadores; (2) obstáculos de procedimiento para recuentos que hacen difícil o imposible que los trabajadores elijan un sindicato libremente; y (3) el sistema corrupto de Juntas de Conciliación y Arbitraje que perpetúa el control de los empleadores y los sindicatos dominados por los empleadores sobre el sistema de justicia laboral.

La reforma constitucional hizo cambios significativos a este sistema, reemplazando las JCA con tribunales laborales y requiriendo que los CCT sean aprobados por los trabajadores mediante un voto secreto. Ahora, esos avances están en riesgo. La iniciativa socava o revierte estas reformas y agrega medidas adicionales que reducen los derechos de los y las trabajadores.

La propuesta debilitaría significativamente las disposiciones de transparencia implementadas para garantizar que los trabajadores puedan acceder a la información sobre las entidades que pretenden representarlos y sobre cualquier acuerdo o contrato que estas entidades puedan tener con los empleadores. Bajo la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública de México, publicada en mayo de 2015, los trabajadores y otros miembros del público pueden acceder a información básica sobre los sindicatos, incluida su estructura interna, liderazgo y cualquier contrato colectivo existente. La iniciativa propuesta debilitaría estas garantías así como el requisito de que el estado divulgue la información de registro sindical y los convenios colectivos existentes. Las reformas propuestas mantendrían el sistema bajo el cual la gran mayoría de los trabajadores mexicanos cubiertos por un contrato colectivo de trabajo no pueden obtener siquiera una copia de ese acuerdo. Esta es una barrera demostrada para los trabajadores mexicanos que ejercen su derecho a la libertad de asociación y la negociación colectiva.

La iniciativa eliminaría el requisito de que los trabajadores aprueben los contratos colectivos de trabajo, una medida para prevenir que la patronal pacte contratos colectivos sin el consentimiento o conocimiento de los trabajadores. Bajo el Artículo 123 “A” XXII bis de la reforma constitucional, los trabajadores deben aprobar sus contratos por medio de un voto secreto. Al contrario, en la iniciativa de ley solo hay un vago requisito de que las entidades que afirmen ser sindicatos demuestren que representan a trabajadores, sin criterios específicos para determinar la representación verdadera. Esto es particularmente preocupante cuando se lee en concierto con el Artículo 400 de la Ley Federal del Trabajo (LFT), que establece que los contratos colectivos se renuevan automáticamente si ninguna de las partes solicita modificaciones. Esto se aplicaría a la gran mayoría de los contratos de protección patronal, lo que permite evadir incluso los requisitos mínimos con respecto a la representación.

Además, en virtud de los cambios propuestos, si el Instituto Federal de Conciliación y Registros Laborales no decide si se registra un contrato colectivo de trabajo dentro de 20 días hábiles, el acuerdo entra en vigencia automáticamente. Esto les da a los empleadores un mecanismo para registrar contratos colectivos que no cumplen con los requisitos legales. Estos cambios permitirán a los empleadores continuar la colusión con ‘sindicatos’ de su propia elección en lugar de participar en negociaciones de buena fe con sindicatos independientes.

El artículo 10 de la propuesta establecería un Consejo Técnico de carácter tripartito con amplios poderes sobre el programa, presupuesto y personal del Instituto Federal de Conciliación y Registros Laborales. De los doce miembros del Consejo, cuatro serían empleadores y cuatro provendrían de las organizaciones laborales “más representativas”, incluidas la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), precisamente las organizaciones que han organizado y perpetuan el sistema de contratos de protección patronal que la reforma constitucional fue diseñada para remediar. Los dos Senadores del PRI que presentaron la legislación, Tereso Medina Ramírez e Isaías González Cuevas, son líderes de la CTM y CROC, respectivamente. En el pasado, esas estructuras tripartitas han impedido la organización y el funcionamiento de sindicatos legítimos e independientes.

Adicionalmente, el Secretario de Trabajo Alfonso Navarrete Prida ha dicho que las nuevas tribunales establecidas bajo la reforma constitucional no empezarán sus funciones hasta que las JCA resuelvan todos los juicios que están en proceso, los cuales ascienden a cientos de miles y que tardarían muchos años en resolverse.

La iniciativa elimina todas las restricciones a la subcontratación establecidas en las reformas de 2012 a la Ley Federal del Trabajo (LFT). Actualmente, el Artículo 15 de la LFT impone restricciones sensatas a la subcontratación, exige el cumplimiento de las leyes de salud y seguridad, garantiza que los empleadores mantengan recursos adecuados para cumplir con las obligaciones de los trabajadores y prohíbe a los empleadores utilizar la subcontratación para evitar que los trabajadores ejerzan sus derechos. Estas salvaguardas se eliminan en la nueva propuesta. Esto limitaría la libertad de asociación y sindicalización y promovería el trabajo precario, lo que probablemente impulse salarios aún más bajos en México e incentivaría el “outsourcing” de trabajos canadienses y estadounidenses.

Por último, la iniciativa de ley propuesta eliminaría el requisito actual bajo el Artículo 47 de la LFT de que los empleados sean notificados de un despido por escrito. Esta es otra salvaguarda de sentido común diseñada para proteger a los trabajadores, particularmente a aquellos que son objeto de represalias.

Las reformas a la ley laboral propuestas por los Senadores del PRI pretenden debilitar aún más las protecciones laborales en México, hacer aún más difícil que las y los trabajadores ejerzan sus derechos fundamentales y reducir el costo de la mano de obra mexicana en detrimento de todos las y los trabajadores. Lo insto a manifestarle al gobierno mexicano que cualquier nuevo acuerdo debe asegurar que a leyes laborales realmente protejan a los y las trabajadores y que cualquier intento de socavar la reforma constitucional resultará en la suspensión de las negociaciones.

 

Atentamente,

Richard L. Trumka

Presidente

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