El pasado 7 de diciembre, los senadores del PRI, Tereso Medina e Isaías González Cuevas, presentaron su iniciativa de leyes secundarias de la reforma en justicia laboral.

María Del Pilar Martínez

14 de diciembre de 2017, 23:38

Lejos de que la iniciativa de leyes secundarias de la reforma en justicia laboral permita una real instrumentación de ésta, orilla a volver a modelos gastados como la participación tripartita, el impedimento a los sindicatos para la demanda de contratos colectivos (competir entre sindicatos reales) y además, otra vez, flexibiliza al outsourcing.

Así lo expresaron los integrantes del Observatorio Ciudadano Laboral tras analizar la iniciativa que presentaron, el pasado 7 de diciembre, los senadores del PRI: Tereso Medina e Isaías González Cuevas, en el Senado de la República, que busca crear un nuevo organismo llamado Instituto Federal de Conciliación y Registro Laborales, el cual tendría la representación de patrones, sindicatos y gobierno y eliminaría los requisitos que se aprobaron en el 2012 en el artículo 15A en materia de outsourcing.

Cabe señalar que el Observatorio Ciudadano Laboral se fundó con la intención de proponer el mejor contenido de leyes reglamentarias para crear un nuevo sistema de justicia laboral, “pero sobre todo de garantizar la libertad de asociación y contratación colectiva”, expresó Arturo Alcalde Justiniani, integrante de dicho organismo ciudadano.

Debido a que ninguno de los integrantes fue invitado o consultado sobre las propuestas que se presentaron, tomaron la decisión de publicar un desplegado en donde hacen un llamado a que “se emplace a un debate abierto, plural y transparente donde se tomen en cuenta todos los puntos de vista acerca de dicha reglamentación. Hasta ahora sólo se ha discutido en secreto con algunos abogados empresariales excluyendo al sindicalismo democrático, la academia, el foro de abogados y la sociedad en general”.

Asimismo, hacen una fuerte crítica a la propuesta, debido a que se incluyó, sin ser el punto central de las leyes secundarias, modificar lo relacionado con el outsourcing. Ahí destacaron que “la reglamentación referida no debe provocar retrocesos en los derechos laborales, tal como ocurre en la iniciativa que pedimos que se rechace”.

Además, explican que las autoridades han reconocido que “la expansión ilimitada de esta figura causa graves perjuicios al fisco, la seguridad social y los trabajadores. Liberar la subcontratación destruye toda protección laboral y actualiza un golpe sin precedente en la historia laboral mexicana”.

pmartinez@eleconomista.com.mx
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