Los autores de la iniciativa aclararon que las juntas de conciliación no desaparecerán de inmediato pues terminarán los procesos pendientes.

María Del Pilar Martínez

12 de diciembre de 2017, 00:04

Las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y Puntos Legislativos avanzan rápidamente en el dictamen con el que se dará paso a la creación del Instituto de Conciliación Federal y Registro Laboral, e iniciar con el proceso de impartición de justicia a través de los tribunales laborales, para que sea aprobado antes del 15 de diciembre.

Así lo dijo en entrevista Isaías González Cuevas, senador por el PRI y líder sindical de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), uno de los autores de las iniciativas de leyes secundarias, quien afirmó que “se trabajó el fin de semana para tener el dictamen listo para presentarlo a votación al pleno esta semana”.

Aun cuando hay desacuerdo de varias organizaciones sindicales, investigadores, abogados laborales, organismos no gubernamentales, el senador por el PRI sostuvo que ya se tienen los trabajos avanzados para su dictaminación, pues lo que buscan es dar continuidad a la reforma constitucional sobre justicia laboral que se aprobó en febrero de este año.

Isaías González Cuevas recordó que esta iniciativa surgió como una necesidad de atender la justicia cotidiana de los mexicanos; en lo concerniente al sector laboral se identificó que los juicios eran muy largos pues podrían dilatarse más de cinco años, afectando a empresas y trabajadores.

Al respecto, Oscar de la Vega, abogado de De la Vega & Martínez, sostuvo que lo que en principio surgió como una propuesta encaminada a reducir el rezago en materia de justicia tomó un nivel de mayor transcendencia, “se quería transparentar la contratación colectiva que se da entre patrones y sindicatos así como la manera en la que se eligen las dirigencias, y se pelean los contratos colectivos trabajo (CCT) de las nuevas inversiones nacionales o extranjeras en el país”. De ahí que en abril del 2016 el Ejecutivo presentó la iniciativa al Senado, en donde el mayor cambio era desaparecer las juntas de conciliación y arbitraje para pasar a que los asuntos laborales se resolvieran el tribunales.

Sin embargo, el senador González Cuevas sostuvo que la creación del instituto “tendrá una representación tripartita, entonces tendrá cuatro representantes del gobierno, cuatro del sector empresarial y cuatro del sector obrero, quienes formarán una junta de gobierno”.

El senador del PRI, Tereso Medina, dijo que “una de las tareas inmediatas es la designación de su titular (del instituto de conciliación federal y registro laboral) para lo cual el Ejecutivo enviará una terna a la consideración de la Cámara de Senadores, quien previa comparecencia de los candidatos hará la designación correspondiente”.

Agregó que otra de las tareas que deben determinar es el procedimiento para que las autoridades competentes transfieran los expedientes y documentación que en ámbito de sus respectivas competencias tengan para el organismo descentralizado. Los senadores priistas confirmaron que las juntas de conciliación “no desaparecerán de manera inmediata, primero terminarán todos los procesos pendientes. Los tribunales se encargarán de los juicios nuevos; pero éstos deberán pasar primero por un proceso de Conciliación, mismos que se darán en el Instituto.

pmartinez@eleconomista.com.mx
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