Por: Héctor Barba García, asesor jurídico de la Unión Nacional de Trabajadores

Por estas fechas se propaló un documento apócrifo relativo a un proyecto de reformas a la Ley Federal del Trabajo, de cuya primera lectura surgen las presentes notas valorativas.

En el documento se despliegan textos de artículos de la LFT respecto de los cuales se plantean reformas así como artículos nuevos y supresión de disposiciones vigentes de esta ley.

Comento los que me han parecido más regresivos, a reserva de realizar una valoración total de este articulado, a efecto de convocar las acciones más idóneas para tratar de contener su posibles efectos, para el caso de estos planteamiento se formalizaran en una iniciativa de reforma a la LFT promovida por personeros de la patronal o peor aún, por los Gobiernos Federal o estatales, ya que podrían ser esos los orígenes de la filtración, que obviamente carece de autoría, cuestión que debiera aclararse oficialmente.

Los comentarios se formulan en el orden en que se presenta el articulado en el documento y se enfatizan los que en mi concepto tienen mayor trascendencia.

Artículo 33.- Relativo a la ratificación de los convenios laborales entre partes, se plantean facultades jurisdiccionales para calificarles, a los nuevos centros de conciliación, que al no tratarse de convenios derivados de la función conciliatoria para la que son competentes, la reforma les concedería facultades jurisdiccionales de las que constitucionalmente carecen.

Artículo 47.- En el aviso de despido, se pretende hacerlo en lo económico, suprimiendo la intervención de los tribunales laborales.

Artículo 365.- Se pretende que los centros de conciliación estatales, sean también autoridad registral de sindicatos (y contratos colectivos) y esto supone atribuirles competencia que es exclusiva del organismo federal registral, es decir una absurda competencia inconstitucional.

Artículo 365 Bis.- Se pretende suprimir la publicidad obligatoria del registro de sindicatos (y contratos colectivos) y esto es otro absurdo inconstitucional.

Artículo 387.- Se adicionan requisitos de huelga por firma de CCT, claramente inconstitucionales.

Artículo 388.- Se plantean requisitos inconstitucionales para la contratación colectiva.

Artículo 390.- Se atribuyen facultades inconstitucionales a la nueva autoridad registral, que afectan gravemente las libertades sindical y de contratación colectiva.

Artículo 390 Bis.- Se pretende suprimir la normatividad constitucional de previa aprobación mediante voto personal, libre y secreto de los trabajadores, para la firma y registro de CCT nuevo.

Artículo 391 Bis.- Se pretende mutilar la publicación del registro de los CCT.

Artículo 424 Bis.- Se pretende mutilar la publicación del registro respecto del reglamento interior de trabajo.

Artículo 426.- Se pretende otorgar facultades jurisdiccionales a la autoridad registral que solo es autoridad administrativa con competencia limitada al registro de sindicatos y de CCT y los procesos administrativos derivados de esa materia, conforme al texto constitucional.

(PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN PRE-JUDICIAL)

(varios artículos) Se pretenden audiencias ilimitadas para dilatar el procedimiento, obligar a los trabajadores a convenios desventajosos y obstaculizar las demandas jurisdiccionales.

Se pretende que los centros de conciliación conozcan del procedimiento de huelga en esa etapa y operar la división de la continencia de la causa, entre los centros de conciliación y los tribunales laborales cuando procesalmente solo puede darse entre autoridades jurisdiccionales, una federal y la otra local y los centros solo son autoridades administrativas.

Artículo 700.- Se pretende otorgar facultad fedataria a los centros de conciliación en materias ajenas a su competencia legal, cuando solo la tienen en el procedimiento de conciliación de que conozcan.

Artículo 721.- Se adiciona a los principios procesales la “flexibilidad”, cuando el procedimiento es de orden público y estricto derecho.

Artículos, entre el 741 y el 887, se desordena su secuencia numérica de modo que al perderse la secuencia, no se sabe a qué materia corresponde cada artículo, creándose gran confusión e ininteligibilidad entre todos ellos.

Artículo 994.- En conflictos colectivos de naturaleza económica (igual que en la huelga) se pretende que los centros de conciliación conozcan previamente de la conciliación, y esto es procesalmente un despropósito, porque el sistema del procedimiento en materia colectiva solo admite la conciliación hasta iniciado el procedimiento jurisdiccional y además estos juicios requieren para su resolución fundada, necesariamente de peritajes especializados que justifiquen la sentencia económica, ya que se pueden afectar los derechos adquiridos de los trabajadores.

Artículo 996.- En los conflictos colectivos de naturaleza económica, se pretende eliminar la reconvención y ello impediría a los sindicatos su defensa fundada y eficiente, primero, porque la huelga solo interrumpe el procedimiento hasta que estalla y segundo, porque los actores en estos conflictos siempre son los patrones.

PROCEDIMIENTO DE HUELGA:

Se busca generalizar que la conciliación de la huelga en todos los casos u objetos de procedencia (firma de CCT, revisión o violación de CCT, huelga por utilidades y por solidaridad) sea competencia de los centros de conciliación, autoridades administrativas que solo pueden conocer por competencia constitucional sobre conciliación de casos individuales; ello para substraer a los tribunales laborales su competencia natural en la huelga, porque desde la radicación del emplazamiento se trata de cuestiones jurisdiccionales (admisión o desechamiento por improcedencia); en el período de pre-huelga se da la posibilidad de interlocutorias jurisdiccionales (casos de competencia territorial o de fuero, de la huelga y de incidentes de falta de personalidad); de resoluciones jurisdiccionales de calificación de la huelga y prueba de recuento (inexistencia); de casos de resolución del conflicto en arbitraje, también mediante sentencias jurisdiccionales, etc. etc.

En todos esos casos, los centros de conciliación no pueden resolver constitucionalmente, porque solo son autoridades administrativas y no pueden emitir sentencias y la división de la continencia de la causa que se propone, solo procede entre autoridades jurisdiccionales, (ahora los tribunales laborales) de fuero diferente, Federal y local, únicas autoridades aptas para dictar sentencias, se insiste porque los centros de conciliación no pueden dictar sentencias ya que solo son autoridades administrativas.

Se plantea que en los emplazamientos por firma de CCT, se acredite que el sindicato emplazante acredite representar el 30% o más de los trabajadores de la emplazada y eso no tiene fundamento constitucional, porque no corresponde a la regla de aprobación previa de los trabajadores del contrato colectivo y del sindicato celebrante, como requisito para el registro del CCT. Así que conforme a esa nueva garantía constitucional democrática, el sindicato que los trabajadores elijan para que firme ese contrato colectivo y este pueda depositarse y producir efectos legales, será el único sindicato legitimado para emplazar al patrón si éste se niega a firmar dicho CCT y bastará comprobar que en esa consulta previa los trabajadores aprobaron el CCT y el sindicato firmante.

JUICIOS DE TITULARIDAD CONTRACTUAL:

También en este importante tema se plantean reglas inconstitucionales que violan gravemente las garantías constitucionales de libre sindicación y de libre contratación colectiva.

CONCLUSIONES

Para no abundar más, está claro que con esas propuestas se intenta anular totalmente la reforma constitucional al artículo 123 constitucional, apartado A, en materia de justicia laboral y las nuevas garantías democráticas para la clase trabajadora instauradas en la Constitución; de perpetuar el peculiar tripartismo a la mexicana, en todo el ámbito de la justicia laboral, de forma que la patronal y los gobiernos sean de nuevo juez y parte en todos los conflictos entre el capital y el trabajo; que los trabajadores jamás puedan ejercitar cabalmente sus derechos de libre sindicación y de contratación colectiva auténtica y así se les pueda controlar corporativamente; que se les pueda mantener con los salarios más bajos del planeta mediante los sindicatos de protección, los contratos colectivos de protección patronal y las modalidades de la sub-contratación, como principales sustentos del anacrónico modelo laboral que padecemos y con ello, eternizar la precarización del trabajo.

Así que los trabajadores y sus legítimos aliados nacionales e internacionales, debemos estar en alerta plena para defender la reforma constitucional al 123, la más importante en cien años de vigencia de nuestra Carta Magna en materia laboral.

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