Querétaro, Qro. A cuatro meses de que entre en vigor la reforma en materia de justicia laboral (febrero del 2018), que implica la transición de las juntas locales de Conciliación y Arbitraje del Poder Ejecutivo de Querétaro al Poder Judicial, sobresale una serie de pendientes y cuestionamientos en relación con la operatividad del nuevo esquema.

Entre los puntos que están por precisarse, destaca la procedencia de la partida presupuestal para lograr la transición.

El Poder Legislativo deberá presupuestar recursos destinados para dicha transición, que a nivel nacional implicará un costo de 5,000 a 7,000 millones de pesos, refirió el secretario del Trabajo de Querétaro, José Luis Aguilera Rico.

Ante la incógnita de si el presupuesto será solicitado por los gobiernos estatales o por el Poder Judicial, en un preliminar se acordó que los estados pidan el presupuesto de las juntas locales de Conciliación y Arbitraje para el ejercicio fiscal 2018, en el cual se incluirá el presupuesto para operar el Centro de Conciliación.

La reforma en materia de justicia laboral plantea que a nivel local la función conciliatoria estará a cargo de los centros de conciliación, que se instituirán en las entidades federativas; su integración y funcionamiento se determinará en las leyes locales.

El tema de transición corresponderá al Poder Judicial. Nosotros como estados de la República no estaremos presupuestando la transición, eso es algo que el Poder Legislativo Federal deberá de contemplar en el presupuesto del 2018”, consideró el secretario.

Sin embargo, en cuanto al presupuesto para la transición, éste dependerá del Poder Judicial, acotó.

(El presupuesto para la transición) deberá integrarse al presupuesto por parte del Poder Legislativo Federal para los estados de la República, que es lo que se está discutiendo en San Lázaro, eso se tendrá que hacer por parte de ellos para que se contemple la transición, si no tendrá que absorberlo el Poder Judicial en cada estado”, expuso.

REUNIÓN DE LA CONASETRA

Del 18 al 20 de octubre Querétaro albergará la segunda reunión ordinaria de la Conferencia Nacional de Secretarios del Trabajo (Conasetra), la cual será definitoria en miras a la transición del sistema de justicia laboral.

En este encuentro se analizará si a partir de febrero los nuevos expedientes serán atendidos por el Poder Judicial, o si en el caso de los que aún conservan las juntas locales serán resueltos por los estados.

Aguilera Rico manifestó que si las determinaciones se basan conforme a la reforma laboral, el Poder Judicial tomará los expedientes nuevos a partir de febrero, iniciando con el primer expediente del segundo mes del 2018 como el 001, partiendo de que los estados concluyan los expedientes fechados antes de la entrada en vigor de la reforma.

Para lograr la transición de la reforma en justicia laboral, Querétaro requeriría entre 400 y 500 millones de pesos; aunque, actualmente la Secretaría del Trabajo estatal delinea el presupuesto para el ejercicio 2018, para que continúen operando las juntas locales.

A septiembre del año en curso, el estado sumaba 38,000 expedientes de conflictos laborales, entre ellos los que prevalecen desde hace 10 o 12 años.

En tanto, el gobernador estatal, Francisco Domínguez Servién, alista el paquete de leyes secundarias para que la transición ocurra a partir de febrero del próximo año.

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