• Conversaciones con Puebla | Jorge Jiménez Alonso Viernes 13 de octubre de 2017

Según ha trascendido, la Secretaría del Trabajo presentará en breve la parte complementaria para  la reforma a la justicia laboral, con la finalidad de que en febrero del 2018 se cuente con los elementos necesarios para su implementación. Hasta hoy todo es especulación con base en los lineamientos presidenciales aprobados el 24 de febrero de este año, teniendo como principal relevancia la desaparición de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, la creación de los juzgados unitarios laborales, el procedimiento oral y la privilegiación de la conciliación obligatoria, creándose al respecto un organismo tripartito que se encargue de ello, además del registro sindical y de los contratos colectivos de trabajo. En este tenor, es un hecho ya la creación de un Código Nacional de Procedimientos Laborales, con la finalidad de articular y hacer operativa la reforma, pretendiéndose cumplir con los principios procesales de oralidad, celeridad, informalidad e inmediatez y publicidad  reconocidos en el Derecho vigente.

Mucho he “conversado” contigo, querida Puebla, sobre este tema y la nueva concepción del Derecho, y concretamente del Derecho Laboral dentro del neoliberalismo. Y es que estas reformas, como la del 2012 del presidente Calderón, han destruido los dos pilares de nuestro andamiaje jurídico laboral, inspirado en el artículo 123 Constitucional, la estabilidad en el empleo y la justicia social, insertando como consecuencia la flexibilidad y la precariedad en un pretendido derecho laboral que yo llamaría simplemente legislación laboral para el empleo, al estilo de Paul Pic en Francia. Este es el derrotero por el que transita la llamada “reforma a la justicia laboral”.

Por principio debo dejar claro que el Derecho del Trabajo no tiene por finalidad la creación de empleos, sino la conservación de los ya existentes, y que su única misión es la defensa de la dignidad del trabajador como ser humano. Así fue concebido por el Derecho alemán que lo parió, en contra del Derecho francés que lo insertó dentro de la técnica jurídica del contrato cuyo principio fundamental es la llamada “autonomía de la voluntad”, que consiste en afirmar y sostener que en todo contrato priva “la voluntad de las partes”, presuponiendo en todo momento la igualdad de las mismas ante el Derecho, lo cual resulta una aberración basada en una “ficción legal” de que todos somos iguales ante la ley. El Derecho Social demostró hasta la saciedad que eso es una injusticia, pues no puede hablarse de igualdad entre los económicamente poderosos y los que solo tienen como patrimonio su trabajo. Esa aparente libertad entre empleador y trabajador al firmarse un contrato de trabajo presupone, en términos generales, un auténtico “vicio de la voluntad”, ya que como decía el maestro de la Cueva, “la única libertad que tiene el trabajador es la de optar por el trabajo con las condiciones propuestas por el empleador o morirse de hambre”.

Si la llamada “nueva justicia laboral” va a estar basada en el viejo Derecho Civil napoleónico de 1804 bajo la premisa del contrato, estaremos dando un abismal salto hacia atrás en franco perjuicio del trabajador. Pero aún más, si la “nueva justicia laboral” se inspira en el llamado Derecho Económico, que solo tiene por finalidad asegurar y hacer viables los intereses del mercado, estaremos firmando “el acta de defunción” del Derecho del Trabajo, que de suyo ya se encuentra “en terapia intensiva”. La reforma de Calderón introdujo los llamados contratos precarios; y en ella se habla de intereses (artículo 49), algo jamás pensado para el Derecho Laboral y concepto propio del Derecho Mercantil. Como consecuencia, existen formalmente más empleos, pero de corta duración y sin prestación alguna, como lo demuestro con estadísticas de Puebla.

La precariedad laboral ha aumentado entre el año 2012 y el 2017. El porcentaje de trabajadores que se desempeña en condiciones precarias de ocupación, como son contratos por poco tiempo o bien sin prestación alguna se incrementó en ese lapso en un 3%, por lo que ahora este flagelo azota a un 20.5% de la población ocupada en el Estado según la tasa de condiciones críticas de ocupación (TCCO). Son los hombres los más afectados en un 22.2% frente al 17.9% de las mujeres. Las condiciones insultantes de trabajo (precariedad) dominan el panorama laboral, por ejemplo, los trabajadores que no reciben aguinaldo, seguridad social y vacaciones en el 2012 eran de 1,437,150 contra 609,050 trabajadores que sí gozaban de estas prestaciones, cifra esta última que equivale al 42.3 por ciento del total. En el 2017 el porcentaje se ha reducido al 40.74%, es decir, 611,000 trabajadores en Puebla reciben prestaciones contra 1,611,929 que no tienen prestación alguna, ¿infame, verdad?.. y los salarios son cada vez más reducidos; el 60.2% de los trabajadores poblanos, o sea 971,202 solo reciben hasta dos salarios mínimos por jornada (160 pesos) cuando 5 años atrás el porcentaje era de 54.3%. ¿Bienvenida la nueva justicia laboral?

Escúchame mañana sábado a las 9 de la mañana en mi programa “CONVERSACIONES”, en ABC Radio, 12.80 de AM, y te recuerdo: “LO QUE CUESTA DINERO VALE POCO”.

https://www.elsoldepuebla.com.mx/columna/reflexiones-sobre-la-nueva-justicia-laboral

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