domingo, 27 de agosto de 2017

CIUDAD DE MÉXICO (Apro).- El próximo mes el Ejecutivo enviará a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) con el propósito de empatarla con la reforma constitucional de justicia laboral cotidiana aprobada en 2016.

También propone crear una suprainstancia que se encargue de vigilar al Instituto de Registros de Contratos y Sindicatos que se planteó en la Constitución como un organismo autónomo.

Entrevistados al respecto, los abogados laboralistas Arturo Alcalde Justiniani y Alfonso Bouzas, así como Graciela Bensusán, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Xochimilco, hablan sobre las presiones del sector empresarial y del corporativismo sindical al gobierno federal para seguir controlando el registro sindical y la contratación de protección.

Según Alcalde, la propuesta es totalmente ajena al tripartismo –gobierno, trabajadores y empresarios–. “Ahora se regresa al tripartismo, pero en peores condiciones que antes; serán tripartitos temas como el registro sindical, que antes no lo era”.

Bouzas lo secunda: “En esta reforma a la ley van a hacer maravillas. Si nos dijeran que hay un director del Instituto de Registros de Contratos y Sindicatos y para que actúe con apego a los intereses de los sectores productivos para vigilar, eso sería violatorio de la ley.”

Bensusán, por su parte, sostiene: “Lo que hemos podido saber es que los empleadores no están de acuerdo en que el organismo que se va a encargar del registro de sindicatos y contratos colectivos sea autónomo…

“Es autónomo porque lo señala la Constitución, no lo pueden cambiar, pero creo que van a tratar de poner una especie de cuerpo de vigilancia, como en el Instituto Nacional Electoral, donde los partidos están presentes, pero sólo tienen voz, no voto. No sé qué esquemas se inventaron, pero creemos que es un retroceso.”

El miércoles 2, durante la sesión de la Comisión Permanente, se repartió una copia de la propuesta con punto de acuerdo urgente y de obvia resolución para que el Congreso se pronuncie respecto a estos cambios a la LFT y garantice que cumplan con los principios de legalidad, imparcialidad, transparencia, autonomía e independencia que les dieron origen.

En las consideraciones de esa propuesta elaborada por los diputados Vidal Llerenas Morales y Mario Ariel Juárez Rodríguez, del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), refieren que les han dado a conocer un proyecto de reforma laboral promovido por la Secretaría del trabajo y Previsión Social (STPS) “con el apoyo del sector empresarial y que va en contra de los buenos propósitos que. se supondría, vendrían con la reforma constitucional en materia de justicia laboral” y se aplicarían a partir de febrero de 2018.

“Con esta propuesta –añaden– se vuelve a revivir la discusión, supuestamente ya salvada, de reformas que trataron de imponer cuando se analizó la iniciativa de Felipe Calderón”, como la promoción “de nueva cuenta” de los contratos colectivos de protección patronal, “al hacer una reglamentación inequitativa entre los sindicatos que emplacen a huelga y los que no”.

Además, indica el documento, se impide a los trabajadores cambiar del sindicato impuesto por la empresa, “por todos los obstáculos que les están imponiendo en la práctica e incluso se les impone un doble recuento”. También se les niega la contratación colectiva en las pequeñas y medianas empresas, que son la mayoría en el país y donde los trabajadores sufren más violaciones a sus derechos laborales, al incluir condiciones que no se pueden cumplir para depositar un contrato colectivo.

“De nuevo se protege a las empresas de subcontratación (outsourcing) cuando se señala que deben considerarse improcedentes las solicitudes de contrato colectivo y emplazamiento a huelga en los casos en que las personas morales no tengan empleados, cuando esto no debe existir”, se indica en las consideraciones.

EL ESTILO PRIíSTA

Alcalde Justiniani afirma que incluso ya se anunció la distribución de los espacios en el futuro instituto tripartito: “Tres para las grandes centrales obreras –CTM, CROC y CROM; otras tantas para el sector empresarial –Coparmex, Concamin y Concanaco, y tres para el gobierno –Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Secretaría de Hacienda y Secretaría de Economía, así como un presidente con voto de calidad”.

A eso suma que el Senado continúe negándose a ratificar el Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el derecho a la sindicalización y contratación colectiva, pese a que fue avalado por el gobierno federal.

Alcalde agrega: “El Convenio 98 está archivado porque el sector empresarial no lo quiere (avalar). ¡Cómo si el Senado requiriera de su autorización para la ratificación! Es la primera vez en la historia que un convenio internacional firmado por el presidente es detenido en el Senado. En este caso, desde diciembre de 2015.

“Es la crónica de una regresión anunciada. Todos los elementos indican que las intenciones que fueron plasmadas en la iniciativa de reforma constitucional no se cumplirán.

“El gobierno está atrapado en un verdadero dilema porque primero avanzaron las quejas internacionales, la exhibición del modelo laboral mexicano como corrupto –contrario a los derechos fundamentales reconocidos por la comunidad internacional–, y luego da un paso atrás, porque aparentemente con el TPP (Tratado de Asociación Transpacífico) se alejaba la ratificación y ahora está en la renegociación del Tratado de Libre Comercio y en la mesa está el tema de los salarios mexicanos que son insultantes.”

También critica a los gobiernos priistas porque, dice, siempre han estado dispuestos a sacrificar la calidad de vida de la población porque tienen una idea equivocada del manejo de la economía del país. Piensan que lo único que México le puede ofrecer al mercado internacional es mano de obra barata.

“Es el mundo al revés. La posición del gobierno mexicano es: ‘Déjame explotar a los trabajadores como yo quiera; ese es mi derecho’. Esta posición se explica porque el grupo gobernante está obteniendo ventajas al repartirse las ganancias; en este momento, el de los contratos del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México”, señala.

Bouzas explica que la nueva ley debe empezar a operar en febrero del año entrante, pues las juntas ya no deberán operar y el Poder Judicial debe encargarse de los juicios laborales.

http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/nacional/2017/8/27/regresion-laboral-largamente-anunciada-673415.html

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